La invasión de Ucrania por las tropas rusas y el cese de todas las operaciones en los puertos ucranianos del mar Negro y del mar Azov ha generado una mayor estrangulación en el tráfico marítimo mundial y ha vuelto a poner de relieve la vulnerabilidad de los marinos. Se calcula que hay más de mil profesionales de la mar, que los armadores y navieros han abandonado a su suerte.
Durante este desamparo, que algunas veces es larguísimo, dejan de percibir ingresos, viven en unas condiciones límites de miseria. Aparecen el hambre, la sed y la suciedad, aumentando las probabilidades de contagio de enfermedades. Esta desventura se debe a la impunidad en que se mueven determinados pseudo navieros, que mediante sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales esconden al verdadero dueño del buque tras diversas empresas superpuestas. De este modo, cuando los tráficos marítimos no responden a sus expectativas de beneficio, por la pandemia del Covid-19, por la guerra en Ucrania, o por cualquier otra causa o circunstancia, abandonan las tripulaciones en cualquier puerto o bahía y eluden sus responsabilidades legales, sociales y contractuales. Inscrito el buque en un registro de conveniencia, o sea bajo la bandera de un Estado con escasas obligaciones fiscales y sin legislación laboral, los contratos de los tripulantes sólo están amparados por el Convenio Internacional sobre el Trabajo Marítimo (conocido con las siglas inglesas MLC-2006), que obliga al armador a contratar un seguro de repatriación y pago de hasta tres meses de salario. Papel mojado en muchas ocasiones pues la póliza de seguro prevé el incumplimiento de la obligación ante determinados comportamientos del armador ajenos a la tripulación.
En la actualidad se habla mucho de la contaminación marina y atmosférica producida por los buques. Los organismos internacionales se afanan en acordar normas para reducirla con plazos de aplicación muy exigentes. Pero esos mismos organismos se mueven con pereza, por no decir desgana y desidia, ante el drama humano que causa el abandono de la tripulación por parte del armador. Olvidan incluso que el abandono de un buque provoca daños medioambientales, problemas de contaminación por la carga y los desechos del buque, y costes comerciales muy cuantiosos. Cuestiones farragosas de resolver que podrían incomodar a determinados poderes económicos.
No debemos olvidar que el transporte marítimo representa entre el 80 y el 90% del comercio total del mundo y, hoy por hoy, las tripulaciones de los buques son fundamentales en el engranaje del negocio marítimo, a través del cual se distribuyen por los puertos de todo el mundo las mercancías y las materias primas que, después de su transformación o comercialización, aumentarán la riqueza y el bienestar de la sociedad.
Es decir, estamos hablando de una profesión importantísima en el mundo global y con gran proyección de futuro, ya que el buque constituye en sí mismo una industria flotante con propulsión propia y transformaciones continuas de energía, dónde, todos los días se presenta una novedad, una anomalía, una avería que debe ser resuelta por la propia tripulación para alcanzar el objetivo para el cual fue construido: el transporte de carga y de personas a través de mares y océanos.
Además, por las circunstancias inherentes al trabajo marítimo, los oficiales y marineros adquieren un conocimiento basado en la experiencia y una responsabilidad en el trabajo que puede resultar de gran provecho en el mundo laboral terrestre.
El delito de abandonar un buque tripulado
Por eso, es un dislate lo que se está permitiendo con el abandono de las tripulaciones en los puertos y la desprotección económica y jurídica a que se ven sometidos. Esta inatención en los lugares de atraque por parte de los armadores bucaneros, carentes de toda ética y escrúpulos, desanima significativamente a los futuros estudiantes a la hora de elegir esta profesión, tan importante en la actualidad y con una gran proyección técnica de futuro en el ámbito terrestre.
La solución de sustituir las tripulaciones de los países desarrollados por otras de sociedades económicamente menos desarrolladas y así tener unas condiciones salariales y sociales inferiores, para poder actuar sobre ellas como si fuera mano de obra esclava, no parece una buena idea. Los buques actuales y de futuro cada vez serán más sofisticados y se necesitarán profesionales muy cualificados que resuelvan los problemas a bordo del buque y no debemos olvidar nunca que el medio en el cual se mueve es muy inestable y ante la falta de conocimiento, fallo o error humano en una emergencia la tragedia estará servida, bien en vidas humanas, bien en contaminación, añadiendo además el coste del buque.
España es un país marítimo de gran prestigio internacional, con importantes armadores, muchos de los cuales con varias generaciones detrás, que trabajan y se esfuerzan día a día por mantener sus flotas y aumentarlas si es posible, creando empleo y progreso social, cuya trayectoria no puede verse manchada por estos dramas humanos, como sucedió con el buque CELANOVA, de la empresa de los Burgos (Marín y Escudero). Globalgas dejó abandonados durante muchos meses, en la miseria más absoluta, a quince tripulantes y luego, mediante una operación llamada flagging out, aparece el mismo buque con el nombre de VIVIAN en el puerto de Algeciras, es decir distintos nombres, pero con el mismo collar, y, aquí no ha pasado nada después de haber producido una quiebra económica a quince familias y secuelas síquicas de difícil solución. Por si esto fuera poco, los Burgos se han permitido una querella contra NAUCHERglobal y contra el marino y periodista Juan Zamora por informar de sus fechorías, en la cual solicitan sendas penas de 24 y 14 meses de multa (total 38), con una cuota diaria de 20 euros (y un día de prisión por cada dos cuotas no pagadas), más una indemnización de 25.000 euros. Los mismos que han dejado centenares de miles de euros de salarios impagados a los tripulantes; los mismos que han burlado numerosas sentencias firmes que no han podido ejecutarse por “paradero desconocido” de los Burgos, consideran ahora mancillado su honor por el derecho a la información ejercido por un medio de prensa (“Rodolfo Burgos, Globalgas y las empresas irresponsables”, NAUCHERglobal, 15 de mayo de 2020) . Vivir para ver.
El medio ambiente no ha de prevalecer sobre los derechos de los trabajadores
Las operaciones piratas de estos mal llamados armadores permiten que los marinos puedan ser abandonados a su suerte, sin que recaiga sobre ellos responsabilidad alguna. Estas maniobras deberían ser controladas por los Estados y los organismos marítimos internacionales a fin de evitar dramas humanos. Se echa de menos una legislación clara, concisa y de obligado cumplimiento para este tipo de filibusteros que se atribuyen el nombre de armador o naviero, y que tanto daño hacen, no sólo a los trabajadores del mar, también a los auténticos armadores, empresarios que tratan de sacar a flote sus navieras sin recurrir a delitos sociales.
Por último, hay que decir alto y claro que si hay unas exigencias tan restrictivas, de obligado cumplimiento, para evitar la contaminación producida por los buques, los marinos bien merecen también estar protegidos internacionalmente ante estas situaciones de abandono en los puertos.
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