Con frecuencia, los organismos públicos dejan de cumplir con su cometido y se convierten en pesos muertos y pesebres para los empleados. No es excepcional el caso de entes que ya al nacer vienen tarados, inútiles para el servicio que en teoría habían de cubrir. Cuanto más necio el gobierno, más organismos muertos en su haber. Tenemos en la España de los últimos años ejemplos sobrados, tanto del gobierno central como de los gobiernos autonómicos. Un desastre.
Pongamos que se trata de la Ciaim, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos creada en 2008 para sustituir a la CPISM, el organismo de investigación de siniestros marítimos formado por funcionarios de la Dirección General de Marina Mercante. Tras el accidente del PRESTIGE (13-19 de noviembre de 2002), y el ridículo internacional de España al presentar un informe del siniestro que se limitaba a elucubrar sobre la avería inicial del petrolero, ignorando lo que sucedió durante los seis días que el PRESTIGE deambuló frente a las costas de Galicia, ora al noroeste, ora al sur, vertiendo cantidades crecientes del fuelóleo de la carga, la vicepresidente (o vicepresidenta) del gobierno, de 2004 a 2010, María Teresa Fernández de la Vega, tomó al respecto dos decisiones. La primera, crear un mecanismo de investigación de siniestros marítimos que al menos sobre el papel cumpliera con el Código OMI para la investigación de siniestros y sucesos marítimos, cuyo objetivo principal es evitar accidentes futuros y mejorar la seguridad marítima, un objetivo que exige una investigación rigurosa realizada por profesionales náuticos de alto nivel, independientes de la Administración marítima y portuaria, de las empresas, de los sindicatos, de los colegios y en general de los intereses que intervienen en el comercio y el tráfico marítimo. Además de la independencia, los investigadores han de contar con la libertad y la autonomía para trabajar sin interferencias y con los medios materiales y legales para que la investigación abarque los extremos que el juicio técnico de los investigadores considere. Sin esos requisitos, el organismo investigador acaba en un chiringuito inservible, en dinero derrochado y empleados que desfallecen en el cinismo.

La segunda decisión que tomó la magistrada Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, fue crear una dirección general con el nombre de Centro para la Prevención y la Lucha contra la Contaminación Marina, al que ubicó en La Coruña, un gesto descentralizador que quedó en simple gaseosa. El Cepreco, una ocurrencia poco meditada, fruto del nerviosismo persistente que afectó tanto al segundo gobierno del señor Aznar López (del 2000 al 2004), como a los dos gobiernos del señor Rodríguez Zapatero, nació ya muerto, con atribuciones imprecisas y medios deficientes. Un gasto inútil, una iniciativa ya en el olvido.
DESPILFARRO EN TODOS LOS SENTIDOS
Volvamos a la Ciaim. No resultaba difícil mirarse en el espejo británico, o australiano, o canadiense, o incluso en el Coastguard de los Estados Unidos para construir un mecanismo de investigación de siniestros marítimos con cara y ojos, útil para aprender de los accidentes y evitar su repetición. Era incluso sencillo. La única dificultad estribaba en contar con las personas adecuadas, con formación y experiencia náutica para dirigir el organismo y formar parte del equipo de investigadores. Una dificultad superable con la simple voluntad de hacer las cosas bien, hay muchos marinos competentes en España. Pero la señora Fernández de la Vega quiso, tal vez, ser más original, o pidió consejo a quien no sabía más que adular y reír las gracias de quien mandara. En cualquier caso, aprobó un decreto que engendraba una comisión ciertamente curiosa, formada por una Secretaría ejecutiva y un Pleno con fondo y forma de foro político con representación de sindicatos, colegios, gobiernos autonómicos y organismos públicos que, siquiera remotamente, podían tener algo que ver con la navegación y los accidentes marítimos. O sea, montó un modelo ineficaz, burocrático e inservible, muy lejos del molde establecido en el Código de la Organización Marítima Internacional.
Si añadimos a ello que, como viene siendo costumbre acrisolada en los últimos gobiernos, eligió para presidir la Ciaim a personas airosas, educadas en el servilismo y obedientes, sin que importara su capacidad ni sus conocimientos, el resultado está a la vista. La Ciaim no pasa ahora de un quiosco desangelado que hace informes pintorescos que apenas sirven o que directamente no sirven para nada. Despilfarro en todos los sentidos.

En NAUCHERglobal examinamos un informe reciente de la Ciaim, el del catamarán de pasaje PINAR DEL RÍO, embarrancado cuando entraba en el puerto de Denia, con buena visibilidad y viento en calma. Apuntábamos allí que una investigación útil hubiera aportado información sobre la tripulación, su organización de trabajo, el estado de mantenimiento del buque y el sistema de gestión de seguridad de la compañía. Y hubiera cuestionado los procedimientos operativos de seguridad establecidos en el buque, sacando conclusiones de la posición y actitud de los oficiales en el puente durante la maniobra, entre otros aspectos. De ello podría haberse inferido la necesidad de un mayor control sobre el cumplimiento del código IGS, los sistemas de reclutamiento y políticas de personal marítimo de las navieras y el control del tráfico portuario, manifiestamente mejorable. Limitarse a la descripción de los hechos constituye, para un organismo investigador, un acto fallido. Para ese viaje podríamos habernos quedado con la comisión de investigación de la DGMM, la CPISM, mucho más económica y, en último extremo, incluso más provechosa.
Podríamos haber analizado otros informes y llegar a las mismas conclusiones. No se examina la estabilidad de los pesqueros naufragados, no vaya a ser que alguien del Pleno se moleste, de modo que cerramos el expediente aludiendo a la velocidad del barco o a una supuesta sobrecarga, cosas así. No profundicemos sobre la formación y la experiencia, las jornadas y horarios de trabajo de los capitanes, prácticos y tripulantes, mejor quedarnos en los hechos desnudos: tal vez, puede ser que se equivocaran, que no calibraran bien el peligro o la amenaza. Y nada mas.
De esta manera no avanzamos ni un milímetro en seguridad marítima y el organismo de investigación de accidentes pierde no sólo credibilidad, ya bajo mínimos, sino la razón de ser.
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