“Something is rotten in the state of Denmark” – Hamlet, acto I , escena IV
Hace más de cien años, el sociólogo alemán Max Weber advirtió que en los regímenes parlamentarios, los partidos políticos, la base del sistema, se convierten en maquinarias organizadas para ganar elecciones y que una vez en el Gobierno han de recompensar a quienes han trabajado para la victoria, de forma que llegan a ocupar los cargos ejecutivos de la Administración personas sin conocimientos ni capacidad ni experiencia. Por ejemplo, un Illa en Sanidad o Ana Pastor en Fomento. Con el tiempo, si no se halla remedio, la metástasis se extiende por los escalones más bajos, hasta malbaratar incluso los organismos reguladores y las comisiones de investigación. La Ciaim, por ejemplo.
La Comisión investigadora de accidentes e incidentes marítimos, Ciaim, es el órgano colegiado perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (ex Ministerio de Fomento), con la misión de investigar los siniestros de buques civiles, tanto españoles como extranjeros que se producen en aguas territoriales españolas, con la finalidad de mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación. Un cometido de alto valor social establecido por el Convenio de las Naciones Unidas para el Derecho del mar, por los convenios internacionales de la OMI y por la normativa europea.
En ejercicio de su cometido, la Ciaim ha de investigar las causas de los accidentes y redactar un informe que incluya las recomendaciones pertinentes para evitar accidentes similares. Informes técnicos que tienen vedada la atribución de culpas (competencia exclusiva del poder judicial), sin que por ello deban ocultar los hechos que eventualmente apunten con claridad a la desidia de la naviera, la negligencia de la dotación del buque, la impericia del práctico o las deficiencias de cualquier tipo que afligen a las Administraciones públicas, marítimas y portuarias.
Como todos los organismos similares existentes en el mundo, la Ciaim asume así una enorme responsabilidad, cuyo ejercicio exige que las personas que la integran posean un alto nivel profesional náutico, dispongan de los medios legales y materiales necesarios y acrediten una clara autonomía e independencia de los poderes públicos y privados que intervienen en el tráfico marítimo. Los organismos de investigación de accidentes no pueden ser foros representativos de los navieros, las organizaciones de marinos y prácticos, los puertos y las administraciones públicas con competencias en el sector; ni deberían formar parte de ellas profesionales del hormigón, del bisturí o del mundo de las letras, salvo que además estén cualificados como expertos en marina mercante.
EL PLENO Y LA SECRETARÍA
El RD 862/2008, origen de la Ciaim, estableció que en ésta se constituyeran dos órganos, el Pleno y la Secretaría. En esta última se integran los investigadores de campo y los servicios administrativos de la Comisión. Y el Pleno se conformó como un foro parapolítico al que determinadas organizaciones, escogidas en razón de criterios de conveniencia, enviaban un representante: el Comme, el Colegio de ingenieros navales, Aetinape (un sindicato categorial de titulados medios), la Agencia Estatal de Meteorología, la Secretaría General de Pesca, el Cedex (Centro de estudios y experimentación de obras públicas) o el Canal de experiencias hidrodinámicas de El Pardo. A ese foro añadía el decreto un vocal propuesto por la comunidad autónoma en cuyas aguas se había producido el accidente. Una composición que dejaba entrever que los vocales estaban allí, no para valorar las causas del accidente sino para defender los intereses respectivos. El trabajo de los investigadores de campo era cepillado por los vocales del Pleno de forma que todo quedara en penumbra, sin entrar en las causas de fondo y sin apenas propuestas para mejorar la seguridad marítima. La sucesión de naufragios de pesqueros, por ejemplo, se despachó con vaguedades del tipo “exceso de velocidad” o “exceso de peso” obviando las deficiencias de diseño de los barcos, la falta de formación de patrones y capitanes, y el descontrol de las administraciones pesqueras.
CAMBIOS A PEOR
La Comisión de investigación de accidentes e incidentes marítimos se creó en el año 2008 con el objetivo de ser un órgano de investigación riguroso con miembros especializados, eficaces y solventes en sus funciones y, además, tener una total independencia funcional de la Administración y de cualquier otra organización pública o privada interviniente en el sector marítimo/portuario. Sólo así podría ser útil para mejorar la seguridad marítima. No lo ha sido ni un solo día
El decreto de 2008 sufrió cambios importantes en 2011 (RD 800/2011), que ahondaron la distancia entre la letra de la norma (los miembros del Pleno han de ser personas de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en los sectores marítimo o naval) y la realidad. A partir del año 2012 desaparecen los vocales de la Comunidades Autónomas y se inicia un proceso de pequeños retoques, hasta que en el año 2018, hay un cambio importante: se mantienen los colegios de marinos e ingenieros navales y el sindicato de titulados medios como vocales titulares; los entes gubernamentales se limitan a proponer los vocales suplentes; y se otorga a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), que agrupa, representa y defiende los intereses de los armadores, la facultad de proponer un miembro del Pleno de la Ciaim. Quizás el propósito de semejante medida fuera empatar con la representación de marinos e ingenieros, a la espera de que en la próxima reforma decidan integrar a delegados de Comisiones Obreras y de UGT. El final del círculo en la tarea de transmutar un organismo de investigación independiente y productivo en un abrevadero de aguas estancadas.
Por si no bastara, en el año 2021, la Asociación de Navieros Españoles ve aumentadas sus atribuciones y pasa de proponer un vocal a proponer dos. O sea, de seis vocales del Pleno que, es la composición actual, dos son a propuesta de ANAVE, un tercio del total.
ADÓNDE HEMOS IDO A PARAR
La falta del cumplimiento de los objetivos de la Ciaim se manifiesta desde el inicio con la propuesta de vocales poco acordes con los perfiles exigidos, con la designación de asociaciones interesadas de marinos para proponer vocales del Pleno y con la presencia de órganos gubernamentales en la composición del mismo. Así vemos que en el grupo de vocales propuestos por las Comunidades Autónomas, aunque había profesionales del sector, la mayoría eran ajenos a la marina mercante; eran arquitectos técnicos, médicos, ingenieros de caminos, físicos, policías y políticos, quedando la solvencia profesional muy malparada. Sobre las asociaciones elegidas para realizar las propuestas, alguna de ellas y en especial el Comme no tenían ni tiene implantación alguna entre los capitanes, jefes de máquinas y oficiales de la marina mercante, aunque en verdad todas ellas, incluyendo las que tienen implantación en los colectivos que representan, quedan cuestionadas por la endogamia: prácticamente todas las personas que proponen son miembros del aparato de sus organizaciones. La Comisión, desde su establecimiento, no ha cumplido con su objetivo de tener un Pleno formado por profesionales de reconocido prestigio y competencia.
La falta de rigor en la selección del personal del pleno ha sido una constante desde el inicio, generando una pérdida de reputación de la misma, acrecentándose este hecho en el año 2018, cuando entra Anave en el Pleno. A partir de ese momento, en el Pleno de la Ciaim estará revisando los informes de los investigadores de campo, con sus conclusiones y recomendaciones, la asociación que representa a una parte esencial de los investigados. ¿Qué independencia, imparcialidad u objetividad cabe esperar? Esta degradación aumenta cuando en enero de 2021 el ministro de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, nombra a un segundo vocal propuesto por Anave. El primer nombramiento de los navieros, en el año 2018, recayó en la responsable del Gabinete de Seguridad y Medio Ambiente de Anave, adoptando así la misma practica endogámica de las asociaciones profesionales. El segundo nombramiento como vocal, propuesto por los navieros y nombrado en enero de este año como titular del Pleno, corresponde a un inspector de seguridad de la naviera Balearia, un hecho que agrava más allá de lo tolerable la descomposición de la Ciaim.
Balearia ha sufrido en los últimos años un número elevado de accidentes de diferentes tipos: caídas de planta y pérdida de control de la nave, corrimiento de carga, colisiones, incendios, embarrancadas, abandonos y finalmente la pérdida de un buque, el hecho más grave que le puede suceder a un armador. Estos accidentes justifican el cuestionamiento de la gestión náutica de Baleària por profesionales del sector, perplejos ante la designación de un inspector de seguridad de la compañía como miembro titular del núcleo de decisión del organismo oficial encargado de la investigación de los siniestros marítimos. El representante de Baleària conocerá de primera mano los entresijos técnicos de accidentes de buques, incluyendo los de su propia empresa.
En la actualidad, la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos tiene pendientes de publicar ocho informes de accidentes de buques de Baleària, entre ellos la pérdida por embarrancada del PINAR DEL RÍO. En todos ellos, el inspector de seguridad de Balearia formará parte del órgano que los apruebe. Su pertenencia al Pleno le permitirá, además, acceder a documentación confidencial de los accidentes investigados de otras navieras, algunas de ellas competidoras directas.
La Ciaim resulta, en fin, un organismo fallido. A los errores de la norma reguladora, que crea un foro de intereses en vez de una estructura técnica con profesionales independientes, conocedores de los buques y de la navegación, hay que agregar una aplicación torticera y escandalosa. La Ciaim carece de independencia porque quienes han de pronunciar la última palabra sobre las causas de los siniestros marítimos dependen de un sindicato, un colegio profesional o una asociación de navieros, todos ellos partes interesadas. Una pena. La investigación de accidentes constituye una herramienta imprescindible para mejorar la seguridad.
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