Nadie ignora que la calidad de la gobernanza de una empresa, una sociedad o un país constituye un parámetro esencial para comprender porqué unos prosperan, aún con escasos recursos, y otros se hunden en la miseria a pesar de sus medios materiales y humanos.
La buena gobernanza quiere decir instituciones sólidas y respetadas, seguridad jurídica, respeto estricto a las libertades y derechos fundamentales, garantía de igualdad ante la ley, confianza en que las decisiones de los dirigentes/directivos tendrán como único horizonte el progreso de la organización hacia mayores cotas de bienestar colectivo. Y también quiere decir que se han articulado unos mecanismos de selección de los dirigentes que, salvo errores puntuales, coloquen en el puente de mando a profesionales competentes, con talento y a ser posible expertos. Que los puertos sean dirigidos por marinos o por ingenieros, no por un, o una, licenciado/a en Derecho que ignora el papel de contenedor en el tráfico marítimo; que al frente de la Dirección General de Marina Mercante no aterrice un o una juez nombrada por su relación con un ministro soez. Etcétera.
La trágica riada de Valencia ha puesto en evidencia el mal gobierno que padecemos en España. La degradación de las instituciones, colonizadas por Koldos de cualquier pelaje, y la normalización de esa superstición que consiste en distinguir a técnicos de políticos, cuyo efecto más visible es justificar el nombramiento, al más alto nivel, de arribistas sin escrúpulos, analfabetos funcionales, idiotas sin remedio y otras especies dañinas. Koldos, en fin, a quienes hay que recompensar por su trabajo de mamporreros en el partido gobernante.
Al punto en el que estamos no se llega de golpe. Han sido necesarios bastantes años para que el sistema institucional diseñado en la reforma democrática a partir de 1978 haya ido degenerando hasta llegar a lo que Jiménez Asensio denomina un “Estado clientelar de partidos”. El camino seguido ha sido el de la colonización implacable de las instituciones por los partidos, la instalación en ellas de personal adicto, (mal)seleccionado por una lucha inmunda en su seno, y la relegación de la Administración a servidora de los intereses sesgados del poder político. Y ahí estamos.
Historias concretas de mal gobierno
Hace ya algunas fechas que saltó la noticia de que el portacontenedores DALI (300 metros de eslora y 44,5 de manga), abandonaba el puerto de Baltimore hacia un astillero donde reparar las heridas que sufrió cuando el pasado 26 de marzo colisionó y derribó un puente de gran importancia para la ciudad. La liberación del DALI fue posible tras un acuerdo por el cual los interesados en el buque indemnizaban a la ciudad de Baltimore con 101 millones de dólares. Un acuerdo provechoso que acaba con la sangría económica de pleitos interminables, que, entre otros efectos negativos, paralizan la ejecución de los mecanismos indemnizatorios previstos por la legislación internacional. Los dirigentes de Baltimore y del estado de Maryland, han obrado con inteligencia y sentido común.
En España hace ya 22 años ocurrió un accidente marítimo que la torpeza y estupidez de las autoridades convirtieron en una desgracia por la que hemos abonado miles de millones en limpieza y recuperación de playas y acantilados, indemnizaciones a los perjudicados y pleitos insensatos en los foros más caros del mundo. Estoy hablando del PRESTIGE.
Una vez naufragado el buque, la mala gestión del proceso llevado a cabo por las autoridades españolas fue y es de tal calibre que España no ha recibido ni un dólar de los seguros del buque que funcionan de forma automática, objetiva, cuando un petrolero contamina accidentalmente las aguas costeras de un país. Lo hemos soportado todo y seguimos pagando a abogados londinenses de 500 libras la hora de trabajo en una interminable y confusa cadena de pleitos condenada desde el inicio a acabar en vía muerta.
Pero la historia es todavía peor. Grave error fue iniciar un juicio penal contra el capitán del buque, Apóstolos Mangouras, a quien se le unieron pronto el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos y más tarde el director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors. ¿Qué delitos habían cometido estas personas? Ninguno. Nada. Se montó un proceso que duró 10 años, sólo para su primera instancia, y costó muchos millones de euros, innecesario y sin base objetiva alguna.
No contento con ese error, el reino de España (entiéndase el fatuo gobierno del señor Aznar López) tuvo la ocurrencia de acudir a los tribunales federales de Estados Unidos, a Nueva York en concreto, para demandar a la sociedad de clasificación del PRESTIGE, nada menos que American Bureau of Shipping (ABS), con la acusación de que su gestión de la seguridad del petrolero había sido negligente y por tanto era responsable del accidente de mar que sufrió el buque frente a las costas españolas. Mil millones dólares pedían. Que la demanda carecía de mimbres era evidente ante la abrumadora jurisprudencia que considera que una inspección, pública o privada, constituye una fotografía del estado del buque el día o días de la inspección. Lo que suceda a partir de la inspección es responsabilidad del armador, que es el encargado de mantener el buque en condiciones de seguridad. Para condenar a un organismo inspector, sea el Estado de la bandera del buque, sea una organización reconocida, ha de quedar meridianamente probado que la tal inspección se realizó temerariamente y con conciencia de la probabilidad del accidente (recklessness). Y eso era impensable que hubiera sido el caso con la sociedad de clasificación más importante del mundo, la que representa la ingeniería naval de los Estados Unidos de América.
Entablado el pleito, ABS intentó llegar en el año 2004 a un acuerdo con el reino de España y ofreció 50 millones de dólares para crear un centro universitario de investigación sobre la contaminación marina. España recibía ese dinero, se cerraba el pleito de Nueva York y todos contentos. Pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que había ganado las elecciones el año 2004, rechazó la oferta sin siquiera valorar cualquier posibilidad de negociación. La ministra Magdalena Alvarez no se dignó a recibir a los representantes de ABS y delegó el breve encuentro en la subsecretaria.
No disponemos de las cifras exactas, pero la aventura judicial de Nueva York costó alrededor de 150 millones de euros y dos sentencias humillantes para el reino de España, con expresa condena en costas. La incompetencia (soberbia, idiotez…) del Gobierno en definitiva conllevó no menos de 200 millones tirados a la basura.
Item más. Tiempo después, el seguro de protección e indemnización del PRESTIGE, objeto de las demandas españolas ante las jurisdicciones inglesa y española para que hicieran frente a las cuentas del gran capitán que les presentaban, infladas hasta límites grotescos, ofreció al Gobierno español un acuerdo que pasaba por entregar una cantidad en torno a 300 millones de euros, negociables, y cerrar los frentes judiciales abiertos en los tribunales ingleses. El proceso penal de la Coruña seguiría su tortuoso camino y ese era un problema del Gobierno español, pero limitado a cuestiones penales. La respuesta de nuestros gobernantes fue la que ustedes imaginan. Negativa a hablar, puerta cerrada a cualquier acuerdo, qué se habrán creído estos, saben que perderán y pretenden ahorrarse el trance… Perdimos todos los millones que ofrecía el P&I y desde entonces hemos gastado millones y millones en pagar a abogados y procuradores para que en Londres y en Luxemburgo pugnen por arañar algún dinero, hasta ahora sin éxito.
Pregunta: ¿a qué se debe esa querencia por los Juzgados, ese afán por sacudir hacia el poder judicial y la abogacía los problemas derivados de las decisiones de los gobernantes? ¿Sólo sirve la política para que los Koldos o Ábalos colonicen el poder? ¿Es un problema de simple idiotez, soberbia o ignorancia, o hay algo más, algún interés inconfesable?
Está más que demostrado por la experiencia, propia y de otros países, que la estrategia de judicializar por lo criminal los casos de accidentes o grandes desastres no sirve a ningún fin útil o práctico, sino a los torcidos de distraer la atención pública, disfrazar de peleas de buenos y malos lo que son cuestiones complejas pero muy susceptibles de negociación y acuerdo y, en definitiva, esconder los errores de gestión. Por eso, esa política tiene como efecto más negativo el de que las Administraciones no aprendan de sus errores.
Bueno es recordarlo ahora que ya han comenzado a sonar por doquier las insinuaciones de que el caso de la riada de Valencia terminará “en lo criminal”.
Buena gobernanza. Baltimore. Gobernanza desastrosa. España. Esta es nuestra historia. ¿Condenados a repetirla?
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