Comentábamos en el anterior artículo de esta serie el desdén del Gobierno ante las ofertas de diálogo con compensación económica millonaria que American Bureau of Shipping y el London P&I Club hicieron llegar al Gobierno español a cambio de firmar un acuerdo que pusiera fin a las guerras judiciales instadas por el Reino de España en Nueva York y Londres. La pérdida, todavía creciendo, asciende, al menos, a unos 500 millones de euros si sumamos lo no recibido y lo gastado en pleitear. Contrasta esa gran fortuna tirada al mar con el ciego patriotismo económico que sirve para justificar los errores, las mentiras y los desvaríos cometidos al gestionar un asunto público.
El patriotismo económico desplegó toda su miseria en los años que siguieron al siniestro del PRESTIGE. Decían los patriotas: miremos hacia otro lado, justifiquemos la detención y procesamiento del capitán Mangouras y del jefe de máquinas Argyropoulos, afirmemos que la gestión del accidente fue impecable y mintamos cuanto sea necesario para sostenerlo, porque si reconocemos la verdad, los seguros internacionales no nos pagarán el desastre. Hemos de defender la Hacienda pública cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
En la ponencia que presentamos José María Ruiz Soroa y yo en el Congreso sobre grandes accidentes marítimos, “URQUIOLA, AEGEAN SEA, PRESTIGE: un patrón de irresponsabilidad”, Bilbao 2012, escribimos:
Se pone en circulación un concepto espurio del interés general o patriótico, que lleva a la defensa irracional del “que paguen los extranjeros y no España”. Este es un punto crucial para entender el éxito de la estrategia de ocultamiento de la responsabilidad de la burocracia marítima. Se filtra como información altamente cualificada que hay que condenar al capitán pues de otro modo el Tesoro público habría de pagar los daños con el dinero de los españoles. Ello estimula lo que podríamos denominar el patriotismo económico de las personas con poder en los ámbitos políticos y judiciales, escasamente conocedoras de los entresijos del Derecho marítimo. Se identifica el interés general con el Tesoro público, un discurso simplista pero eficaz, de modo que si hay que mentir, ocultar y falsear para condenar a un marino y salvar a la Hacienda pública, se hace sin el menor escrúpulo, por patriotismo, con convicción. El discurso lúcido de quienes arguyen que el interés general requiere una investigación independiente, objetiva y rigurosa del siniestro marítimo, afrontando las conclusiones a fin de no volver a tropezar en la misma piedra, son despreciadas por antipatrióticas, o peor aún se tildan de vendidas a intereses extranjeros. Esconder la verdad en aras de un supuesto interés general, o razón de Estado, que se confunde con el Tesoro público y con intereses corporativos y personales inconfesables, constituye un pésimo negocio para la sociedad.
En todos los casos, el Estado español ha tenido que hacerse cargo de las consecuencias económicas de los siniestros. El mecanismo asegurador, objetivo en el caso de los daños por contaminación marina accidental, ha cumplido con su parte. Lo hubiera hecho en cualquier caso (…) La estupidez del patriotismo económico no pretendía en verdad defender el interés general, era sólo un instrumento para concitar la unanimidad social en la condena a los buques y capitanes. Y de paso, dejar fuera de toda sospecha a las autoridades responsables de la desgracia.
La perversidad de ese patriotismo ha servido para enquistar en la Administración pública conductas profesionalmente inadecuadas en la gestión de los accidentes debido a su repetida impunidad. En el caso del PRESTIGE se hurtó a la sociedad el debate real, las causas del siniestro, y se enfatizaron los supuestos defectos del buque (la mayoría inventados y servidos en jerga técnica incomprensible para los ciudadanos), llegando hasta el ridículo de relacionar el accidente con el presunto destino de la carga (¡Ay, Gibraltar!). En paralelo, se cubrió de infamias a la figura del capitán Mangouras, tachado desde los púlpitos oficiales de pirata, saboteador y profesional deleznable. Recuerden la cantinela, repetida en todos los siniestros en que las autoridades detienen al capitán del buque: no colaboró, desobedeció…
Todo sea por la patria, por la pasta y por la impunidad de los verdaderos culpables.
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