Después de tres años del decreto ley 8/2017, con el que el gobierno del Partido Popular quería liberalizar la estiba, amparándose en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una cierta paz ha llegado al sector. En esta ocasión, la aparición de un invitado inesperado, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), parece que ha calmado las aguas entre la parte social, representada por Coordinadora, y la empresarial, liderada por la patronal Anesco. Eso sí, siempre con la mediación del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE).
Durante 2020, la estiba ha sido protagonista con amenazas de huelga por parte de los trabajadores durante las negociaciones por el V Acuerdo Marco. Pese a lo que pudiera pensarse, la pandemia del coronavirus aceleró los contactos (telemáticos) y acercó la posibilidad de una solución. Un desenlace que se divisaba complicado a principios de mayo, cuando la Audiencia Nacional había citado para junio a las partes interesadas para elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que sea éste el que resuelva, en su caso, la competencia normativa y el preacuerdo del convenio colectivo en el sector de la estiba portuaria en España, sobre todo en lo referente a la subrogación de los trabajadores. Este era el último episodio del conflicto entre las patronales de la estiba. Como consecuencia de la crisis de la Covid-19, la vista oral se celebrará en octubre.
Como telón de fondo, también se encontraba el informe de la CNMC, que ponía en peligro la firma del V Acuerdo Marco, en el que tanto empeño pusieron el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), la patronal Anesco y el sindicato Coordinadora. Los condicionantes de Competencia hacían referencia a la petición del antiguo Ministerio de Fomento para determinar sobre la competencia y las condiciones del texto.
Negociaciones discretas
La publicación del informe de la CNMC hizo que durante semanas, la patronal Anesco guardara silencio y que el sindicato Coordinadora estuviera expectante a los movimientos del Gobierno. El Ejecutivo, por un lado solicitó el informe a través del Ministerio de Transportes (antiguo Fomento) y por otro, con Salvador de la Encina al frente de OPPE, fue uno de los actores que más presionó para que se concretara el preacuerdo del V Acuerdo Marco de la Estiba.
Desde el pasado 14 de mayo, las empresas estibadoras son libres de acudir a las Sagep o, en su caso, a los Centros Portuarios de Empleo, para la contratación de personal para la descarga de las mercancías en las terminales. Las primeras acciones en esta líneas ya se han visto en puertos como Las Palmas, Sagunto y Bilbao. Los movimientos se generaban en pleno estado de alarma, momento en que “los estibadores hemos puesto en peligro nuestras vidas sin dejar de trabajar para el beneficio común”, tal como aseguraba Dennis Dagget en una entrevista exclusiva para NAUCHERGlobal.
Paralelamente, Puertos del Estado reprendía las negociaciones con la patronal y los sindicatos de la estiba para avanzar en la firma definitiva del V Acuerdo Marco. Durante el mes de junio, se produjeron diversas reuniones telemáticas para concretar algunos aspectos de cómo adaptar el texto a las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado Competencia (CNMC), que se publicaron a mediados de mayo.
Contactos y vista oral, aplazada
El informe de la CNMC, que analizaba cuestiones sobre las competencias y las condiciones del preacuerdo del V Convenio Marco, fue uno de los temas que se ha tratado en los diversos encuentros entre Puertos del Estado, la patronal Anesco y el sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM). Estos movimientos se producían justamente en el momento en que la Audiencia Nacional había aplazado hasta el 20 de octubre la vista oral, prevista para el 27 de mayo, en la que analizará la demanda interpuesta por la patronal Asoport para certificar si el apartado sobre la subrogación de personal del preacuerdo, consensuado entre patronal y sindicatos, infringe las normas de competencia de la legislación española y los tratados comunitarios.
A finales de junio, el presidente del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), Francisco Toledo, felicitó a la patronal y a los sindicatos del sector de la estiba por lograr un documento de consenso sobre el V Acuerdo Marco, que supera las limitaciones establecidas por un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Los requerimientos se centraban en puntos conflictivos del convenio como la subrogación laboral, la formación y el acceso a la profesión.
El filtro de Competencia
Durante una comparecencia telemática, Toledo se mostró satisfecho porque los sindicatos y la patronal de la estiba lograran acercar posturas y alcanzar un documento de consenso sobre el V Acuerdo Marco. En las negociaciones entre la parte empresarial, representada por Anesco, y la social, en la que ha participado el sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, ha mediado el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE).
Este texto acordado sobre el V Acuerdo Marco se debía tramitar ahora al Ministerio de Empleo, que previsiblemente dará el visto bueno. Pero el documento ha pasar de nuevo el filtro de Competencia, que es el organismo encargado de dirimir si se respeta la libre concurrencia en los procesos de selección laboral y la subrogación en el caso de operaciones de traspaso empresarial.
Desde Coordinadora, su coordinador general, Antolín Goya, ha explicado en declaraciones exclusivas a NAUCHERglobal, que “una vez ya hemos trabajado en los requerimientos de la CNMC, nos encontramos en la fase final de la negociación”. En este sentido, Coordinadora confía en que antes del verano finalice todo el proceso, ya con el visto bueno de Competencia. Durante estas semanas de reuniones telemáticas, se ha alcanzado un acuerdo que las partes definen como “muy masticado”, por lo que en pocos días se remitirá a Competencia. Goya ha mostrado su satisfacción por “un acuerdo que nos permite avanzar en el sector de la estiba”.