Recientemente escribíamos cómo la apresurada regularización de funcionarios que están pasando de interinos a fijos sin el filtro de una oposición no solo es un problema organizativo, sino que afecta gravemente a la educación (Los problemas de la formación marítima).
Por no volver a aburrir a los lectores, intentaré hacer un breve resumen de lo acontecido sin liarme demasiado. Una psicóloga, una pianista, un químico y un ingeniero consiguen plaza como profesores en el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera (CIFP-NP) de Palma de Mallorca obviando la obligatoriedad de que todo el profesorado tenga titulación náutica, de marina mercante, a riesgo de que los títulos expedidos por ese profesorado no sean homologables. «Detalles, detalles –dice la anterior Consejería de Educación del Gobierno de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de Diputados–, y además esto viene de Madrid». Pero los alumnos no acaban de ver que una pianista imparta clase de sistemas hidráulicos cuando las plazas eran de Navegación e Instalaciones Marinas (NIM) y Máquinas, Servicios y Producción (MSP). Los profesores interponen dos denuncias ante la fiscalía por prevaricación, y los alumnos se declaran en huelga.
Al nuevo Gobierno de Baleares, presidido por Margalida Prohens, le toca lidiar con el marrón. El nuevo conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera Alemany, convoca de forma urgente una reunión con el jefe de área de Formación Marítima de Marina Mercante, Francisco Javier Benítez; el subdirector adjunto de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima de la Dirección General de la Marina Mercante, Ramón Álvarez Viñes; el director general de Personal Docente, Salvador Ruiz; el inspector educativo del CIFP náutico-pesquera de Baleares; Damià Tomás, el director del CIFP-NP, Antoni Mulet, y el capitán marítimo de Palma, José Escalas Porcel. Marina Mercante se compromete a analizar cada caso para determinar la necesidad de titulación, y así hacer posible que se pueda reubicar a los docentes en otras materias. La Consejería de Educación y Universidades ha reforzado la plantilla con tres profesores de las especialidades de navegación y de instalaciones marinas y máquinas, servicios y producción a fin de suplir a pianista y psicóloga, de momento en horario reducido y sin impartir clases.
Paralelamente, el Tribunal Supremo desestima con fecha 11 de octubre una demanda del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos contra la norma que regula la titulación necesaria para dar clase. No entra el alto tribunal en la excelente cualificación de sus colegiados (los ingenieros navales), pero señala que La opción de atribuir esa función formativa a los titulados profesionales de la Marina Mercante es legítima por razón del vínculo directo entre sus atribuciones profesionales y los conocimientos exigibles para tal desempeño.
Químico e ingeniero siguen acudiendo a las aulas. El viernes pasado uno de los alumnos expresó al primero en clase en un tenso enfrentamiento verbal las razones personales de por qué no debería de estar ahí. El docente solicita la baja médica, y el facultativo la considera oportuna. Otras fuentes comentan que también algunos estudiantes sufren de ansiedad y estrés.
Si esto hubiera sido un tema puntual simplemente nos causaría vergüenza ajena. Lo terrible es que sólo merced a una norma europea se ha podido detener este desaguisado. Desgraciadamente el resto de cuerpos docentes ha quedado a merced de la arbitrariedad de la Administración y su concurso de méritos, con casos tan surrealistas como el que nos ocupa. La mayoría de puestos que se han visto beneficiados por esta regularización han sido otorgados únicamente con una licenciatura universitaria (aunque no tenga nada que ver con la materia) y méritos, básicamente consistentes en años de interinaje, y no necesariamente en la especialidad solicitada.
Se supone que un artículo debería bien terminar con una reflexión del autor, pero es que me entra la risa por no echar a llorar.
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