Los políticos y el cerco a los puertos

En un reciente artículo de NAUCHERglobal (“La acaldesa Colau se va a los puertos“, publicado el 23 de diciembre de 2019), el autor se sorprende por la decisión de la señora Colau de controlar directamente el Port Olímpic al enterarse que el Ayuntamiento (¡el suyo¡) era el concesionario titular del puerto.

No debería extrañarnos ni sorprendernos. Hay que ser conscientes de la realidad de este país, pues cuando los temas técnicos son colonizados por los políticos -y de eso tenemos muchos y variados ejemplos- primero se convierten en temas técnico-políticos, luego político-técnicos y al cabo de los años lo técnico desaparece y se convierten en intereses políticos a palo seco. La competitividad, la excelencia, la generación de riqueza y de puestos de trabajo se alejan del horizonte técnico y todo es succionado por el agujero negro del amiguismo y el compadreo partidista.

La maniobra de la alcaldesa Colau respecto al Port Olímpic permite vislumbrar hacia donde puede derivar el nuevo horizonte político respecto al sistema marítimo-portuario. Se empieza por lanzar globos sonda utilizando la información política del medio de comunicación adicto; luego se inician determinadas actuaciones, por lo general sobre el pequeño o mediano empresario/emprendedor, a fin de ir acostumbrando a la sociedad civil a la incapacidad de los políticos y sus amigos; y al final se asalta el conjunto (en este caso, el sistema portuario), invocando los grandes conceptos vacíos de contenido (el bien común, lo público frente al egoísmo de lo privado, la superioridad del voto sobre el talento…).

Los sistemas productivos -y los puertos lo son- necesitan una cierta turbulencia de ideas e innovación, lo cual crea tensión, necesaria a la vez para superar el estancamiento rutinario. Esto no lo consigue la intervención política, que siempre viene acompañada de la burocratización y el tejemaneje de quienes mandan y de quienes pretenden mandar. Y así ocurrirá en el Port Olímpic cuando lo controle la señora alcaldesa de Barcelona.

Para gestionar un puerto hay que sentirlo, conocer ese mundo, su naturaleza y sus peculiaridades. Los actores que intervienen son variados y diversos, y tanto las relaciones entre ellos como las decisiones a tomar son muy asimétricas, lo que requiere una gestión profesionalizada, lejos de planteamientos partidistas cuyo horizonte apenas alcanza a la próxima cita electoral. Un puerto gestionado por políticos ignorantes de lo que se traen  entre manos (ellos sólo entienden de codazos, puñaladas traperas, chanchullos, embrollos e intrigas; en eso son especialistas), a cuyo frente colocarán al baladrón que más haya destacado en el halago y la sumisión, está condenado a la ineficiencia sin paliativos y a la corrupción soviética.

EL DEBATE SOBRE LA GESTIÓN PORTUARIA

En el mundo empresarial, cuando aparece una dificultad o se ha de tomar una decisión, el responsable recopila la información disponible, la analiza, la valora y decide un camino, el cual mantendrá hasta que se tengan nuevos conocimientos o cambie la situación. Los políticos tienen otro modo de proceder: actúan en función del mayor beneficio para el partido y se ven obligados a recompensar a las personas que les han aupado al poder, de modo que van cambiando los gestores concretos sin tener en cuenta otra cosa que no sea el interés electoral de su marca política.

Desde que las Autonomías lograron la competencia de designar al presidente de los puertos de interés general ubicados en su territorio -y a la mayoría del Consejo de Administración-, la politización de los puertos se agravó de forma extraordinaria, entrando  la lucha política de lleno en los mismos y desequilibrando los criterios de desarrollo e inversión, primando el valor del voto político sobre los  verdaderos intereses portuarios. Un  desastre.

Si a lo anterior  añadimos que, desde hace años, la línea de actuación del ente público Puertos del Estado no ha sido la más acertada ante el reto que supuso la nueva distribución competencial, podemos concluir que el actual sistema portuario español se encuentra encallado, y ya se empiezan a oír algunos planteamientos que pueden acabar con él. Aumentan las voces que consideran innecesario el ente público y abogan por una cesión completa a las Comunidades Autónomas de los puertos de interés general.

Y más allá de esas voces ya han aparecido los que, en la lógica política de las taifas, se muestran partidarios de la cesión de los puertos a los respectivos Ayuntamientos. Invocan para ello algunos ejemplos de países de nuestro entorno y los beneficios de una mayor descentralización, amén de la proximidad del puerto al Gobierno municipal y, con ello, una mejor integración del puerto en la ciudad.

Y así, en un hipotético futuro, tendríamos a los alcaldes y alcaldesas gestionando los puertos, la expresión latina do ut des adquiriría plena relevancia y la competitividad de los puertos se supeditaría a la competencia entre los Ayuntamientos.

¿Qué haríamos entonces con Puertos del Estado y su numeroso personal? Fácil. Pasaría a llamarse Puertos de los Ayuntamientos de las Comunidades Autónomas, o algo semejante, y seguirían en lo mismo.