La EU ETS (European Union Emissions Trading System) hacen referencia al régimen de comercio de emisiones de gases invernadero, creado por la Unión Europea (UE) en el 2005 con el objetivo de luchar contra el cambio climático. Este pionero sistema -el primer programa de comercio de derechos de emisión en el mundo- limita las emisiones de alrededor de 10.000 instalaciones del sector eléctrico y la industria.
Aplicable a los 27 Estados de la UE, este mecanismo establece una cantidad máxima de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir aquellas instalaciones incluidas en este régimen. Dentro de este límite -que va disminuyendo progresivamente-, las instalaciones pueden comercializar (comprar o recibir derechos de emisión) en función de sus necesidades. Según la Unión Europea, este sistema ha conseguido reducir un 35% las emisiones en estas instalaciones entre el 2005 y el 2019. Desde sus inicios, la UE ha ido introduciendo varias actualizaciones a este sistema, estableciendo de manera progresiva metas cada vez más ambiciosas.
Pero la inclusión del transporte marítimo en este sistema, aprobada el pasado mes de julio, presenta una cara b: el temor de los puertos mediterráneos, con Algeciras, Valencia y Barcelona a la cabeza de los españoles, de que las grandes líneas desvíen sus tráficos al norte de África. De hecho, Bruselas ya tiene sobre la mesa una propuesta española para crear un sistema denominado ‘Puerto Transparente’, una figura que evitaría que el transbordo de tráficos de los buques procedente de Asia hacia el norte de África, como el caso del puerto de Tánger Med, se produjera solo con el propósito de disminuir el pago de los derechos por las emisiones de CO2, situación a la que estarán obligados en cantidades superiores los barcos que hagan escala en una instalación comunitaria.
Así lo explicó el pasado mes de mayo el responsable del área de Normativa Marítima y Cooperación Internacional de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), Miguel Núñez, en una conferencia organizada por el puerto de Tarragona en la jornada de clausura del SIL 2022.
El transporte marítimo, dentro del régimen de emisiones
La Comisión Europea aprobó en julio del 2021 el paquete legislativo ‘Fit for 55’. El objetivo de la UE con este paquete es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el 2030. La importancia de esta nueva propuesta legislativa es máxima en el marco del transporte marítimo, puesto que, por primera vez, la UE incluye a este sector en el régimen de comercio de derechos de emisión. Esta nueva propuesta está en línea con el Pacto Europeo Verde y con el compromiso asumido por la UE en el Acuerdo de París -el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático- cuya meta es mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 1,5 º C (respecto a los niveles preindustriales).
La Organización Marítima Internacional (OMI), apuntó, en su cuarto estudio sobre ‘Los gases de efecto invernadero en el transporte marítimo’, que este sector es el responsable de casi el 3% de todas las emisiones que generan las actividades realizadas por el ser humano (en concreto, el 2,89% en el año 2018). Pese a ello, la UE no había incluido medidas específicas encaminadas a reducir las emisiones de gases invernadero en el transporte marítimo, una cuestión que resuelve con su inclusión en el régimen europeo de comercio de emisiones a través del paquete legislativo ‘Fit for 55’.
Esta inclusión del transporte marítimo -que se aplicará de manera gradual- obliga a las navieras a pagar estos los derechos de emisión. En concreto, el sector naviero deberá abonar el 100% de los derechos en desplazamientos entre puertos ubicados en la UE y el 50% en conexiones cuyo destino u origen se sitúe en un puerto europeo. Asimismo, también se han especificado las sanciones en caso de que las navieras no abonen estos derechos de emisión. En el supuesto de que este no se produzca, la UE tiene la potestad de denegar la entrada en cualquiera de sus puertos a todos los buques que pertenezcan a la naviera en cuestión.
Algeciras alerta del impacto en la competencia
La fuga de escalas a otros puertos no europeos para eludir o reducir el pago de los derechos de emisión o el descenso de los transbordos en los puertos europeos, son las principales críticas a este nuevo sistema que han esgrimido los representantes de las principales autoridades portuarias del país.
Quizá el puerto de Algeciras haya sido el más crítico de todos los puertos españoles, y ya en el pasado mes de noviembre presentó alegaciones a Bruselas respecto al EU ETS. Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), su presidente, Gerardo Landaluce, ha incluso señalado que la inclusión del transporte marítimo en el EU ETS, tal y como lo plantea la Comisión Europea, deja al borde del abismo al recinto andaluz. El presidente de la APBA ha argumentado en reiteradas ocasiones que las nuevas medidas afectan principalmente a los puertos de transbordo del sur de Europa y que las mismas podrían romper el marco de libre competencia internacional que existe entre los puertos.
El argumento principal es que podría producirse una fuga de escalas a puertos cercanos no europeos para reducir el pago de estos derechos, y que esta fuga supondría un perjuicio considerable para Algeciras, puerto donde el transbordo representa una parte importante de sus tráficos. Al mismo tiempo, desde Algeciras se considera que en este nuevo marco no se reducirán, e incluso podrían incrementarse, las emisiones de gases contaminantes.
Barcelona advierte de la concentración de escalas
Este último argumento lo defiende también el puerto de Barcelona, ya que, según su director de Estrategia, Jordi Torrent, la propuesta de la UE no solo repercutirá en los transbordos, sino que podría afectar incluso a los tráficos de importación y exportación. La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) teme que las medidas generen una concentración de escalas y que las mismas no consigan -al menos a corto plazo- la descarbonización del transporte marítimo.
Desde Barcelona también se ha recordado que en algunos puertos como los ubicados en Rusia, Marruecos, Turquía o Reino Unido (Estados no miembros de la UE) las navieras no se verían obligadas a realizar el pago de estos derechos. Al mismo tiempo, la APB ha criticado al sistema utilizado para valorar los derechos de emisión, el Monitoring Reporting and Verification, (que se calcula en base a las emisiones del buque y al valor en el mercado del carbono), debido a que el precio de este podría duplicarse en los próximos años.
Valencia prevé paraísos medioambientales
Junto con Algeciras y Barcelona, también se ha pronunciado en la misma dirección el puerto de Valencia. A juicio de su presidente, Aurelio Martínez, con el plan anunciado por la Comisión Europea se corre el riesgo de crear paraísos medioambientales en países no comunitarios, trasladando y no solucionando el problema a otra ubicación.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) considera que su impacto será nulo y que podría agravar el problema de las emisiones contaminantes. Asimismo, desde la APV se ha apuntado que podría generar una pérdida de competitividad que se extendería, además de a los propios recintos portuarios, al tejido exportador que se desarrolla en sus respectivas áreas de influencia.
Por su parte, las navieras apuestan por un impuesto cuya recaudación se invierta en la mejora de las infraestructuras portuarias. Así, durante el pasado mes de septiembre, la Cámara Naviera Internacional (International Chamber of Shipping) propuso un impuesto global sobre las emisiones de las navieras en contraposición con el modelo EU ETS. En concreto, la propuesta consistía en una tasa para aquellos buques que tengan una capacidad superior a las 5.000 toneladas brutas. La recaudación, que iría a un fondo climático de la OMI, se invertiría en el desarrollo de infraestructuras portuarias para el suministro de combustibles como el amoniaco o el hidrógeno.
La UE descartó en su momento la posibilidad de un impuesto para gravar las emisiones contaminantes debido a las limitaciones que tiene Europa a la hora de regular. Además, esta cuestión supondría un problema desde el punto de vista de las competencias, ya que los países miembros son reticentes a ceder competencias adicionales.
Críticas de otros sectores económicos
Desde algunos ámbitos de la economía europea se ha solicitado recientemente la suspensión del sistema formulado por Europa. A modo de ejemplo, la Confederación Italiana de la Industria (Confindustria), organización que agrupa a cerca de 140.000 empresas del país transalpino, ha pedido la suspensión del régimen de comercio de emisiones, alegando, entre otros motivos, el riesgo que supone para la economía europea el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania, una circunstancia que altera notablemente el mercado de los combustibles (y por extensión, del régimen EU ETS).
De esta manera, y teniendo en cuenta la tendencia en otros sectores como el industrial, resulta previsible aventurar que, desde el sistema portuario español, encabezado por los puertos de Algeciras, Barcelona y Valencia, se va a continuar reivindicando la revisión de este sistema. La fuga de escalas a puertos no europeos y la incidencia de la nueva regulación en el transbordo de los puertos europeos -unido a una coyuntura mundial en la que reina la incertidumbre- son sin duda argumentos sólidos para solicitar la revisión de un sistema que parece no contentar a nadie.
