La Asociación Nacional de Remolcadores de España (Anare) responsabiliza a la anterior cúpula del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), encabezada por José Llorca entre 2011 y 2018, de favorecer la entrada de otros operadores en el servicio de remolque del puerto de Las Palmas en detrimento de la empresa que poseía la concesión exclusiva, Remolcadores y Barcazas de Las Palmas, propiedad del naviero valenciano Vicente Boluda. Esta reacción se produce después de que Boluda, a través de su empresa Remolcadores y Barcazas, haya presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas por una presunta “maniobra de manipulación” de un expediente para facilitar la entrada en el servicio de remolque de Odiel Towage, la filial española de la compañía alemana Fairplay.
La querella, ya admitida a trámite, avanzada por el diario digital El confidencial y confirmada por NAUCHERGlobal, acusa a Llorca y a la cúpula anterior de OPPE de “prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos”. En la querella, se añade que el organismo público facilitó la entrada de Odiel Towage “ignorando un informe de la Dirección General de la Marina Mercante, en el que se alertaba de que la oferta no cumplía los requisitos de seguridad necesarios”.
A preguntas de este medio, el director general de Anare, Ángel Luís Mato, admite que “la oferta de Odiel Towage no cumplía la normativa para ejercer el servicio de remolque en determinados aspectos de seguridad”. De hecho, Mato revela que la empresa solicitó la licencia sin tener los medios necesarios para ejercer el servicio. Por este motivo, añade que “Boluda ha tenido un trato discriminatorio por parte de Puertos del Estado”.
Sin la autorización de Marina Mercante
Ángel Mato explica que el servicio se adjudicó a Fairplay antes de que saliera el pliego de condiciones, publicado en el BOE del pasado 29 de mayo. En este caso, el documento ofrece un periodo de adaptación a las nuevas condiciones, ya que según señala el director general de Anare, “para dar el mismo servicio a empresas como Remolcadores y Barcazas de Las Palmas se le exigía una flota de 11 barcos, mientras que a otras como Fairplay tan solo tres o cuatro”.
Fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) han ratificado que Puertos del Estado recibió y obvió un informe de oposición a la entrada de otra compañía de remolcadores en el puerto de Las Palmas, elaborado por la propia DGMM. Así, las mismas fuentes consideran que “para facilitar la competencia en algunos servicios portuarios, se ha maniobrado o manipulado la tramitación de unos expedientes administrativos”.
En la querella se detalla que “el presidente de Puertos del Estado retiene el expediente durante más de un año para ralentizar la tramitación y se hace una interpretación de su contenido, que lo desnaturaliza y se inventa algo que no dice el informe».
Conflicto entre Boluda y Llorca
La denuncia es el último capitulo del largo enfrentamiento entre el naviero Vicente Boluda y el expresidente de Puertos del Estado, José Llorca, por el servicio de remolque, del que Boluda Towage es la principal empresa española y la segunda a nivel mundial. En la querella, también se cruzan los intereses empresariales, ya que Boluda entró hace unos años en el puerto de Hamburgo, por lo que Fairplay contraatacó con su desembarco en Las Palmas.
En el pliego de condiciones publicado en el BOE se establece que Fairplay compense económicamente a Boluda por el hecho de realizar el servicio únicamente en el puerto de Las Palmas, el más rentable del archipiélago canario, dejando sin oferta al resto de puertos de las islas. Pese a las reclamaciones previas de Anare, en las que alertaba de un defecto de forma en la solicitud, hace dos años que Puertos del Estado y la Asesoría Jurídica de Las Palmas sentenciaron que la reclamación de Anare no tenía fundamento y otorgó sin problemas la licencia.
Durante la votación para dar la licencia a Fairplay, la propuesta salió adelante con el visto bueno de todos los consejeros del puerto de Las Palmas, excepto el de Agustín Lara, que representaba a los empresarios canarios y se abstuvo, y el de Pedro Cazón, que votó en contra en nombre de los estibadores.
En una comparecencia en 2015 ante el Senado, José Llorca ya dejó entrever sus movimientos posteriores cuando pronunció estas palabras en relación al servicio de remolque: “La realidad es que con respecto al mismo no se producen entradas de nuevos competidores, existiendo desde hace mucho tiempo un claro monopolio de los operadores de remolque en sus respectivos puertos de actuación y sin apenas cambios a lo largo de los años. La mayoría de las licencias para la prestación del servicio se reparten en cinco grupos empresariales. Uno de ellos (Boluda) presta el servicio de remolque sin competencia en 18 puertos pertenecientes a 12 autoridades portuarias».
