El futuro marco estratégico impulsado, en su momento, por Puertos del Estado para modernizar el entorno marítimo comercial en España debe servir para que las autoridades portuarias españolas tomen más conciencia de su repercusión, sobre todo económica, y su retorno a la sociedad, fundamentalmente en la proximidad que es donde principalmente general riqueza.
En el documento hay muchos puntos positivos: desde la progresiva digitalización de puertos y sus comunidades, a la diligencia a la hora de estudiar futuras inversiones multimillonarias en base a la sostenibilidad financiera; desde la mejorar de la operativa entre diferentes modos de transporte, a la repercusión medioambiental de la operativa marítima… Así lo atestiguaba hace pocos días el colaborador Alonso Contreras (ver artículo relacionado).
Sin embargo, el eslabón de la cadena es (o parece ser) el sistema de gobernanza de los puertos: su gestión, su capacidad para tomar decisiones en base a los intereses propios de cada comunidad portuaria, la descentralización de la toma de decisiones o la –aún- excesiva burocratización para acometer contratos de obra por encima del límite marcado por el Estado. Ahí no se pusieron de acuerdo los principales actores del sistema español y el documento parece quedar cojo.
Quizá lo que falta también es lo que sí han hecho en otros países del entorno europeo, como Italia, Francia, Bélgica (en el caso de Bremen y Amberes)…: la reducción de puestos de mando. La sostenibilidad económica de un sistema conformado por 28 autoridades portuarias y puertos de interés general es, cuanto menos, discutible. Falta solidaridad entre puertos, entre municipios e, incluso, entre comunidades autónomas, para acometer una serie de cambios que realmente puedan repercutir en mejoras palpables.
Desde hace años se viene hablando de la necesidad de evolucionar a un nuevo modelo que esté basado en la corporatización y la gestión público-privada de los enclaves españoles de interés general desde la proximidad, a través de la unificación de las autoridades portuarias bajo el amparo de corporaciones, otrora denominadas fachadas marítimas.
A modo de ejemplo, que bien podría aplicarse en España, en septiembre de 2016 los 54 puertos italianos de interés general gestionados hasta entonces por 24 autoridades portuarias se reagruparán en solo 15 autoridades del sistema portuario, generando más y mejores sinergias.
Otro ejemplo, quizá más cercano por su funcionalidad, similitudes y que se modificó en 2019, es el francés, donde el Estado se reserva la titularidad de los puertos cediendo su gestión total a las regiones (que corresponderían en España a las comunidades autónomas) excepto en tres ejes principales, considerados estratégicos para el país: el eje Sena (que incluye los puertos de Le Havre, Rouen y París), el eje Ródano-Saona-Mediterráneo, con la cabecera en Marsella-Fos; y el eje Dunkerque, de importancia por su proximidad a los grandes puertos del Norte de Europa y como principal salida comercial desde y hacia el Reino Unido.
Pero, ¿y en España?
Desde su lanzamiento en 2012, NAUCHERglobal ha sido uno de los medios de comunicación del sector que viene reclamando cambios reales que aporten mayor estabilidad y riqueza al sistema (leer información relacionada). Más tarde, en el año 2015, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboraba un amplio informe (accesible desde este enlace) sobre el modelo de gobernanza, algo a lo que también se apuntaron posteriormente desde la Plataforma de Inversores en los Puertos (PIPE), entre otros muchos.
Precisamente en el documento de Fedea ya hablaban de la necesidad de racionalizar y mejorar la especialización portuaria en cada enclave, en lugar de crear paradigmas de diversificación; a través de la reducción de los puertos de interés general y de las autoridades portuarias. Pero mejorar la economía parece no interesar demasiado a la esfera política…
En cualquier caso, vale la pena insistir de nuevo en ello, y es que la globalización del mercado hace necesaria una reorientación hacia la libre competencia real en los servicios portuarios, teniendo como objetivo final mejorar la competitividad y la eficiencia del sistema portuario español. En el gráfico adjunto se muestra cómo está conformado el actual sistema portuario en España y cómo opinan la mayoría de los expertos consultados que debería ser: con siete fachadas que agrupen las 28 autoridades portuarias actuales.
La cuestión que nadie sabe responder es ¿por qué no se hace? Y las respuestas son variopintas y también en formato interrogativo que, de nuevo, nos llevan a la política: ¿Interesa en este modelo de Estado una descentralizar de su poder?, ¿Serían capaces de gestionar según qué comunidades autónomas o, llevado al modelo alemán, los ayuntamientos o diputaciones? ¿Aceptarían en puertos pequeños ser coordinados desde enclaves de interés general real?, ¿Tendrían conciencia desde los puertos “gestores” de las necesidades de los otros puertos dependientes?
Al menos parece que con el nuevo marco estratégico, pese a tener características remarcables en positivo, el tema volverá a pasar de largo una década más, y van…
