Barcelona tiene un larguísimo problema con su identidad colectiva que se evidencia en la inestabilidad de sus monumentos públicos. A cada bandazo político caen unas estatuas, se restituyen algunas y se colocan otras nuevas sin más consenso que el hegemónico en ese momento. No tiene remedio ni que pasen generaciones. La ciudad se asienta en una falla sísmica de la política que de cuando en cuando hace temblar los cimientos de los personajes y hechos históricos que conmemoran el pasado en sus calles y plazas. El último terremoto, vendrán otros, lo ha provocado el control del Ayuntamiento por parte de la izquierda contestaria BComún (2015) empeñada en imponer una sesgada ética colectiva en el nomenclátor para revertir derrotas que simbólicamente alcanzan siglos. Llaman Programas de Memoria a la iconoclastia de siempre, aunque hoy con los adjetivos retóricos al uso: democrático y ético.
La decisión de retirar la estatua del marqués de Comillas se circunscribe en un programa del Ayuntamiento de Barcelona de naturaleza ideológica que pretende imponer una hegemonía moral en el espacio público. Conlleva declarar una monumental batalla por diversos medios, sin ceñirse a la verdad ni a la proporcionalidad. Así que, fuera o no negrero Antonio López, lo importante era acusarle de haberse enriquecido con la trata de negros, quedando en segundo plano las presuntas pruebas contra él y la validez de los procedimientos para echarle abajo. Consistió en ganar por la mano mediante una dura y persistente campaña institucional y mediática, sumada al concurso imprescindible del investigador de referencia, hasta achantar las voces que cuestionasen tamaña decisión.
El Ayuntamiento necesitaba un negrero a quien denigrar y lo tuvo en Antonio López, aunque fuese a calzador. Sabría que surgirían algunas críticas, incluso quienes se molestasen en investigar el caso. Si así fuera, estos lo tendrían muy difícil, y por supuesto, aún se lo podrían peor las instituciones municipales. Fue mi caso. No me sirvió de nada que, por fin, a mitades de enero de 2018 me recibiese el Comisionado de los Programas de Memoria, Ricard Vinyes. Le pedí pruebas y explicaciones y recibí una pregunta y una mentira. Me interrogó sobre si conocía los trabajos de Martín Rodrigo Alharilla y de Gustau Nerín. Contesté que sí; que el primero no aportaba pruebas concluyentes de que Antonio López fue negrero, y que el segundo, todavía menos, porque no recurrió a fuentes primarias para acusarle. Viendo su ademán de que no había nada más qué hablar ni esperar, le pedí la documentación que tuviera sobre la decisión de retirar la estatua de Antonio López y me contestó displicente que el Ayuntamiento no generaba documentación.
La mentira era tan evidente que lo dejé estar, como quien se da contra un muro. Si alguien genera sobrada documentación son las instituciones públicas; además existía el fragmento del acta número 49 de la reunión del Consejo Asesor de Arte Público, fechada el 05.05.2016. Sí que había papeles, al menos uno; y el Ayuntamiento de BComún había creado 40 días antes el Consejo Asesor por la Transparencia. ¡Para que veas el oscurantismo alternativo de BComún!
Salí de la reunión con las manos vacías y con la bofetada de un ente oficial que pregona transparencia y actúa con opacidad. En 18 meses de requerimientos solo había recibido la morterada de un listado bibliográfico con 50 obras, acorde al “toma, lee y calla”. Por fortuna, entre el escaso papeleo que me ha llegado está, para mí, la trascendente Acta Número 49. Vendría a ser el plan programático del Ayuntamiento para intervenir con su memoria ética los monumentos en la vía pública, pues marca objetivos, prioridades, procedimientos. Merece la pena destripar el Acta 49 para delatar los resortes que acabaron con la estatua del marqués de Comillas y, por ende, los programas de la memoria que van imponiendo un ideario. No se anda con rodeos:
2. Criterios y protocolos que han de orientar las intervenciones artísticas de carácter permanente en el espacio urbano y la actuación del Consejo Asesor de Arte Público.
7. Monumento, memoria histórica y nuevas intervenciones.
El cancerbero de la verdad
El Consejo Asesor de Arte Público (CAAP) es uno de los innumerables entes que componen la galaxia administrativa del Ayuntamiento de Barcelona. Pende del área de Urbanismo, tiene su sede en el Museo Marés y lo compone un equipo rector (presidente… y vocales) y un listado de especialistas en diversas áreas del conocimiento (miembros externos). Sería uno de tantos organismos si no sirviese de estratégico nexo entre cultura y política dado que su rol de asesor, aunque formalmente es consultivo, marca las líneas maestras de cómo ideologizar el espacio urbano con el nomenclátor. De quienes participaron en la reunión del 5 de mayo de 2016, solo aparecen cuatro intervinientes, a modo de petit comitè:
-El historiador Ricard Vinyes, vocal del CAAP como Comisionado de Programas de las Memorias del Ayuntamiento.
-El historiador de Arte Josep Maria Trullen, director del Museo Marés y como tal miembro externo del CAAP.
-El historiador Daniel Giralt-Miracle, desde hace décadas a cargo de entes de Cultura, del Consejo de Cultura del Ayuntamiento. Miembro externo del CAAP
-El arquitecto Gustavo Gili Galfetti, miembro externo del CAAP.
Los tres historiadores y el arquitecto aportan ideas, pero no debaten, aunque la intervención de la memoria histórica en los monumentos del espacio público es lo suficientemente controvertido en Barcelona como para que hubiese discrepancias entre ellos. Pero, no. El Acta trasluce una coincidencia de fondo muy propia de quienes se comportan como intelectuales orgánicos. Incluso cuando aceptan como referente la radicalidad de la artista Daniela Ortiz, que ya es decir.
El primer párrafo del Acta no tiene desperdicio, por cuanto lo empachan cuatro preguntas banales y encadenadas. Anticipan un “sí” afirmativo a todas ellas, ni que fuese un trámite dando su validez por segura. El enunciado de la primera interrogación ya se contesta por sí mismo: cuál será el principio rector que tendrá la memoria histórica en el espacio público de la ciudad.
¿Y qué hacer cuando personas o hechos han estado conmemorados en el pasado por su ejemplaridad a través del monumento han dejado de serlo de acuerdo con la conciencia ética y democrática del presente?
No se puede decir más disparates con tan pocas palabras. Esta pregunta, en vez de expresar una opinión, se erige en premisa mayor para que el Ayuntamiento vista el santo de la legitimidad enmascarando que sólo son decisiones políticas. En el improbable caso de que exista una precisa “conciencia ética y democrática del presente”, ¿por qué ésta no debería regirse por el principio general de seguridad jurídica por el cual la ley no es retroactiva y, por tanto, no debe regular los hechos sucedidos con antelación? Más si cabe cuando la conciencia ética es tan subjetiva que tanto sirve para erigir en Madrid una placa conmemorativa a Largo Caballero, en 1981, como para retirarla hoy a martillazos por orden del mismo Ayuntamiento, aunque de signo contrario. No es serio que en democracia haya conciencias éticas de quita y pon, unas que ponen estatuas y otras que a esas mismas las quitan. Prueba de lo manipulables que pueden ser las conciencias éticas cuando las aplica el poder político de turno sin consensos amplios ni fijos ni siquiera a corto plazo.
También tiene trampa que los monumentos conmemoren la “ejemplaridad.” No es cierto. Vale para los santos y para todos aquellos reconocidos públicamente por su conducta moral íntegra. La gran mayoría de las estatuas y conjuntos escultóricos son de agradecimiento, admiración, reconocimiento y conmemoración. No digamos nada si celebran victorias militares, donde la ejemplaridad cae víctima de las barbaridades cometidas para derrotar al enemigo por medios indecibles. Es el caso en Barcelona del general Juan Prim (Guerra de África, 1859-60) y el Arco de Triunfo, como todos, un tributo al vencedor, nunca a quien hizo una guerra éticamente ejemplar, si es que fuera posible tal cosa.
En todo caso, pasar por el cedazo de la ejemplaridad y la conciencia ética el catálogo de quién y qué merece un monumento es un grave error conceptual que deslegitima la premisa mayor del Acta 49. El espacio público no es un santoral, ni que sea laico, para personajes y hechos históricos moralmente intachables. Más bien, es un lugar adecuado para ensalzar los méritos excepcionales de gente y sucesos concretos, no la ejemplaridad. Llevar los monumentos y el nomenclátor al terreno acotado para quienes llevaron durante toda su vida una conducta irreprochable es un fraude, aparte de un error tan básico como es imponer una ética colectiva en vez de lograr una identidad colectiva para Barcelona.
Se levantan estatuas a quienes hicieron méritos con sus aportaciones a la ciencia, las artes, la política… con independencia de si su vida fue o no un dechado de virtudes. Algunos incluso fueron impresentables en alguna época. John Newton fue de joven lo peor de lo peor como capitán de barcos negreros, pero es recordado con talla, placa y cristalera conmemorativas porque de adulto, siendo clérigo y poeta, compuso la letra del célebre himno “Amazing Greace”, si bien muy a última hora y presionado confesó su nefando pasado y acabó apoyando a los abolicionistas.
Mérito y ejemplaridad no siempre van de la mano, algo que obvia el Acta 49 porque ni reseña el vocablo “mérito”, menos aún se lo adjudicarían a Antonio López como valor empresarial. Llevar los monumentos y nomenclátor al terreno de la ejemplaridad ética, y no al de los merecimientos y logros aportados a la colectividad, es un ardid para quien cree ostentar superioridad moral e intenta explotar esta presunta ventaja. Han visto el potencial político de la memoria histórica cuando resulta tan fácil apropiarse de ella como patrimonio de quien manda. Este es el quid de la cuestión del Acta 49.
El intervencionismo supremacista
La tercera pregunta retórica anticipa que no basta con retirar las estatuas, además hay que agredir a quienes representan. Consiste en “intervenirlas artísticamente”, en román paladino, en ponerle un sambenito por sus presuntos delitos de lesa majestad. En el caso del marqués de Comillas, el proyecto ya publicado es volverla a colocar donde estaba, pero metida en un cubículo de agua sucia bombeada desde el Port Vell. Sería un castigo ejemplar para quien, según el Ayuntamiento, no llevó una vida ejemplar. Aunque de manera oficial y artística supondría vandalizarla bastante peor que quienes la grafitearon tiempo atrás. Remito al filósofo Javier Gomá cuando advierte que aplicar la ejemplaridad pública no debe ser un pretexto para el linchamiento, sino para realzar la dignidad de la vida humana (“Ejemplaridad pública”, 2009).
El primer párrafo del texto termina con el objetivo de esa reunión: intervenir la estatua de Antonio López porque, aunque también nombran de pasada a Colón, Prim y Cambó, el protagonista del Acta 49 es el marqués de Comillas, que aparece tres veces y en tres de los cuatro párrafos. Él fue el primero al que BComún puso en la picota cuando se hizo con la alcaldía en mayo de 2015. Al nuevo Ayuntamiento le faltó tiempo para crear un ente específico para aplicar la memoria histórica, dizque democrática, y su primer responsable, Xavier Domènech, ya apuntó en julio que retirarían la estatua de Antonio López antes de acabar 2015. No fue tan fácil, pero el 8 de marzo de 2016 (Ruta de la Esclavitud) se dio el pistoletazo de salida para acabar con la imagen del naviero cántabro. El Acta 49 vendría a plantear una decisión que estaba sentenciada de antemano.
El Acta 49 revela el empeño de denigrar la imagen de Antonio López mucho más allá de la campaña contra él y la retirada de su estatua. Para ello toman de referente las propuestas de la artista Daniela Ortiz, una activista virulenta en temas de colonialismo, esclavismo, racismo, feminismo, migraciones, sociolaborales. Llama la atención que los cuatro intervinientes en el Acta 49, intelectuales orgánicos/integrados, tomen de referente a la espumosa Ortiz. Se entiende que sólo para echar abajo al marqués de Comillas de la peor manera posible, porque lo que también propone ella para Cristóbal Colón y el general Juan Prim, ¡ah!, eso no; ni tocarlos. Prueba de que “la conciencia ética y democrática del presente” Ayuntamiento es parcial, discriminatoria incluso con los propios referentes que aprueba.
Gustau Gili Galfetti saca a colación la contribución de Daniela Ortiz en la exposición colectiva “Nonumento” (MACBA, 2014-15). En el Acta 49 se califica con comillas: “la obra” y “el dispositivo artístico”, el trabajo de Ortiz porque no es arte al uso. Si se remira bien, son performances para vehicular una crítica ácida contra los monumentos dedicados a personajes vinculados con la esclavitud y el colonialismo. Es el caso de la creativa composición de imágenes y textos en torno a un grabado de Antonio López, de quien también hace referencia con la plaza homónima en el recuadro “Edicto”.
La propuesta “Nonumento” se explica cuando sabemos que para Daniela Ortiz “el sistema colonial sigue funcionando” al ser deportados o morir en el intento los migrantes que desean entrar en Europa. Según ella, “guardar la estatua [de Antonio López] en un museo no sirve para acabar con el simbolismo”, por eso apuesta por “tumbarla, vandalizarla y marcar un hito de que esto se ha acabado”, también con la de Colón de Barcelona. Su denuncia del colonialismo español es una constante en sus obras: “Español, este es el oro que comes” (serie de platos provocadores/insultantes). Y no se retiene al afirmar que “España es un país racista”.
Para Ortiz hay que descolonizar Occidente expulsando de su espacio público, de los museos, de los libros… todo aquello que conmemore a los descubridores, conquistadores, colonizadores, santos misioneros, glorias imperiales y a quienes se enriquecieron con ello y con la esclavitud. Su propuesta puede resultar válida para debates, pero es falsa para llevarla a cabo por cuanto solo enfoca la parte controvertida de lo sucedido.
Sus críticas extremadas, propias de una activista radical y ajenas al canon del Arte, han encontrado un contexto favorable en Barcelona solo para denigrar a Antonio López. No afectan a la imagen del general Prim ni han dado pie a sustituir el monumento a Colón por seis “Nonumentos” anticolonialistas. Se comprobó el pasado verano. Las estatuas del Descubridor fueron derribadas por doquier, mientras la más emblemática de ellas, la de Barcelona, salió ilesa y hasta la defendió la alcaldesa Ada Colau con el argumento bobo de que para la ciudad “es un ícono para bien y para mal”. La amnistió con una interesada amnesia respecto a los Programas de Memoria que dicta su Ayuntamiento. La alcaldesa confirmó que su “conciencia ética y democrática del presente” tiene su casuística y se aplica según a quién y dónde y cuándo y por qué… Para el naviero López, acerada; para el marino Colón, de plastilina.
El marqués de Comillas lo tenía perdido en Barcelona. Como lo tendría Daniela Ortiz si se presentara en Guetaria para intervenir artísticamente la estatua de Juan Sebastián Elcano echándole pintura roja y poniéndola cabeza abajo por haberse entrometido en Filipinas a arcabuzazo limpio, abriendo la colonización del archipiélago, en vez de desembarcar allí sólo para hacer amigos, servir raciones de marmitako y degustar tortas de chanchigorri.
Que Daniela Ortiz aparezca en el Acta 49 como único referente da una idea del sesgo fanático que campea entre los respetables intelectuales orgánicos que dictan el destino de los monumentos históricos de la ciudad. La pena de todo ello es que Daniela Ortiz tuvo que regresar el pasado agosto a su país nativo, Perú (Cuzco, 1985), tras recibir amenazas en España. Es una injusticia y una desgracia para ella; y también para los demás porque, por muy radical que sea, hay que respetar su libertad de expresión. Entre otros motivos, porque también favorece a quienes no pensamos igual que ella y valoramos que tense los debates hasta poner a pruebas nuestras convicciones.
Los dos últimos párrafos del Acta 49 tratan de los procedimientos, fases y considerandos con que debe llevarse a cabo la intervención de la memoria ética en los monumentos afectados:
No tiene sentido la retirada de monumentos si no hay un espacio para la participación y la pedagogía. (Ricard Vinyes).
Este tema da para largo y tendido, porque “la participación y la pedagogía” se reconvirtieron en agitación y propaganda para la campaña pública y mediática contra el marqués de Comillas.
Vaya por delante que se comete un fraude cuando el promotor público de la iniciativa de retirar la estatua no solo toma partido a favor de su decisión, sino que además se implica al máximo en apoyar a quienes están a favor, mientras obvia al resto negándole incluso la información que tiene el Ayuntamiento sobre Antonio López. Este proceder supone que la participación popular tiene las cartas marcadas para que gane la propuesta oficial. Franco superaba así los referendos. Otro tanto pasa con “la pedagogía” del Acta 49. Cualquier prontuario de política, por flojo que sea, llama propaganda a la pedagogía de índole ideológica impartida por los centros de poder.
El mal proceder del Acta 49 se desvela en la mala conciencia, en la argucia argumental y en la astucia que denota el historiador Ricard Vinyes:
Se ha de explicar que lo que se hace no es ningún acto de revancha sino un acto ético, en la medida que aquello o a quien el monumento conmemoraba la sociedad ya no los considera ejemplares. [La retirada del monumento] hay que llevarla a cabo con mucha cautela y explicando los respectivos contextos. No se puede hacer una política de tierra quemada.
Francisco Bru Lassús al supurar odio contra su cuñado Antonio López advierte nada más empezar que su panfleto “La verdadera vida de Antonio López y López” no es una venganza. Se cura en salud temiendo que el lector lo tomara por lo que es: una venganza. Pasa igual con Ricard Vinyes cuando le preocupa que la decisión de retirar la estatua sea considerada una revancha y no un acto ético. Si tan ético fuese, él no tendría por qué temer lo que pensasen los ciudadanos. Está claro que recela de que haya gente convencida de que todo eso es un ajuste de cuentas por parte del Ayuntamiento contra Antonio López porque representa valores ajenos a la actual mayoría electoral. Lo de negrero es la coartada.
Y a qué viene tanta “cautela” y “explicar”, si no es para esconder los verdaderos motivos y cargarse de razones con propaganda taimada, no sea que con una política de “tierra quemada” caigan también controvertidos símbolos y estatuas del agrado de quienes echaron abajo la imagen del marqués de Comillas. Se evitaría así que los “tiquismiquis” de la ejemplaridad y la conciencia ética eliminen las imágenes del propio bando. ¿Qué hace en la Rambla del Poble Nou la placa de bronce que desde 1999 homenajea a Juan García Oliver? Su largo historial cuenta con acciones virulentas que incluso malograron la República desde el primer momento, aunque con orgullo ha sido calificado de “terrorista anarquista” por Anna Gabriel (CUP).
La argucia del Acta 49 consiste en tergiversar lo que conmemoran los monumentos y para ello se despoja a los personajes o hechos ensalzados de todos los atributos, salvo los negativos por los que se merecerían echarlos abajo. Barcelona erigió un monumento a Antonio López por su poderosa contribución a la prosperidad de la ciudad gracias a que fue un empresario especialmente brillante. Fue considerado así en 1883 y hoy, salvo excepciones, esta perspectiva del naviero no ha cambiado. Martín Rodrigo Alharilla va a publicar un libro al respecto: “Un hombre, mil negocios”. Confío que rectifique la visión que ha dado de él desde el año 2000, pues hasta ahora explica en buena parte su éxito empresarial en las malas artes de ser trepa/oportunista, dopado de monopolios y tráfico de influencias, negrero… y en el mantra de que Antonio López se atuvo a la máxima exigencia con el Estado y a la mínima autoexigencia al cumplir los contratos.
Si el monumento de Antonio López se levantó por unos motivos, no es razonable echarlo abajo por otros distintos a resultas de una coyuntura ajena a su tiempo y de un contexto político pasajero. Lo democrático habría sido respetarlo, entre otras razones, para no vulnerar los derechos de Fomento del Trabajo y de sus conmilitones del Grupo Comillas que decidieron y pagaron el notorio homenaje a Antonio López contando con todos los permisos y parabienes del Ayuntamiento presidido por Rius i Taulet.
Lo democrático es respetar, salvo excepciones, el sentido que se dio y debe darse a los monumentos. Winston Churchill no es ensalzado por tener ideas racistas, sino por su actitud firme contra el nacismo; Dickens, Einstein y Picasso, por ser genios, no porque maltrataban en exceso a sus esposas; Elcano, por dar la primera vuelta al mundo, no por matar filipinos… Y así todo. El Acta 49 parte de otras premisas respecto a los personajes históricos, a modo del Artículo 58 del Código Penal soviético por el que todo ciudadano era susceptible de ser culpable y acabar en el Gulag. Este paralelismo por forzado que sea puede ser válido.
La palabrería del Acta 49 para juzgar a los personajes históricos resulta tan imprecisa que el dictamen sobre éstos queda al capricho del poder político sin restricciones: Ejemplaridad, conciencia ética, intervención artística, trasgresora, polémico, participación, pedagogía, acto ético… Todos ellos permiten amplio margen de revancha y parcialidad, máxime cuando en el Acta 49 no constan contrafuertes que avalen las decisiones. Faltan lo que deberían ser los preceptivos informes de expertos y las pruebas concluyentes para, caso de Antonio López, poder retirar tal o cual estatua. Se considera suficiente la iniciativa de los comités de barrio para el nomenclátor, la asesoría del CAAP, del dictamen del Comisionado de Programas de Memoria, los seminarios amañados, las consultas a las sedes de Distrito y a veces a los vecinos de la calle afectada…, antes de que el Consistorio tome la decisión final. Entre ellos se lo guisan…, para los demás el trágala.
Visto así, con el Acta 49 ningún símbolo está a salvo. Dependen de que las nuevas y sucesivas memorias éticas le permitan seguir libres en el espacio público, caso contrario las llevarán al Gulag de la Zona Franca si su ejemplaridad ética ha sido cuestionada por un chivatazo, una sospecha, una investigación del comité del nomenclátor del barrio… un trámite del Consejo Asesor de Arte Público del Ayuntamiento.
La imagen del marqués de Comillas atrapado por correas camino hacia el almacén del Muhba de la Zona Franca simuló la de un detenido en la vía pública. Sucedía igual con los magnates conducidos al Gulag. Si hoy no se puede ajustar cuentas a los ricos y poderosos al menos se les lleva simbólicamente con estatuas representativas de otra época, a la cual también se la condena en el mismo pack de disidentes. Pueden con los muertos, con las piedras talladas y, supongo, con los muñecos de trapo a modo de represión simbólica. Los trabajos forzados corresponderían a quienes se empeñen en investigar y escribir en defensa de los ahora disidentes sobrevenidos.
Estatuas, nombres de plazas y calles, placas conmemorativas… han sido represaliados a modo de enemigos del pueblo, de contrarrevolucionarios de quien ostenta la memoria histórica, es decir, la memoria democrática, es decir, la memoria verdadera según la memoria de los perdedores hoy en el poder…, en último término, la memoria programada por el Ayuntamiento de Barcelona después de revisar el pasado con el pretexto de cambiar el presente y proyectar un futuro más digno.
Las nuevas memorias, aunque estén “llenas de costurones”, se vuelven orwellianas para reinscribir los pasados presentes de Barcelona conforme el manual de “1984”. De modo que pueden ser disidentes hasta una estatua, una placa del nomenclátor. Incluso el nombre de una sala, caso de la Sala Marqués de Comillas en el Museo Marítimo, hoy renombrada Sala Grande. La paranoia.
No es una cuestión simbólica, de símbolos baladís que se quitan sin apenas consecuencias. Consiste en politizar la revancha para retirar una estatua, sea de Antonio López, porque es un disidente de “pasados presentes” que no debe estar ocupando el lugar en que está, ni que lleve allí 134 años. Supone despertar el odio para hacer política con imposiciones torticeras que socaven las bases ideológicas de la oposición hasta hacerla negligible, inoperante. Y de retranca, apocar o desanimar al disconforme, quien pasa a ser un adversario a batir echándole en cara su presunta inferioridad moral.
Con la falsa excusa de que Antonio López fue negrero se llevaron al Gulag los valores que representa ser un gran empresario, su españolidad, una época catalana no nacionalista. Con el Virrey Amat, desaparecerá una figura del imperio español, la participación catalana en los proyectos comunes de España. Con Juan Carlos I y la calle Príncipe de Asturias, la merecida presencia de los Borbones en una ciudad gobernada hoy por republicanos, pero favorecida y construida en su mayor parte gracias a la Casa Real. Todo sin motivo incontestable para hacerlo, con razones soterradas para llevarlo a cabo.
Con el Acta 49, Barcelona ajusta cuentas a quienes debería estar agradecida, pues esta ciudad despegó en todos los órdenes gracias a las reformas borbónicas de 1778 que le abrieron los mercados del Imperio Español; y a los muchos indianos que la enriquecieron sobremanera con el capital humano, empresarial y dineral aportado. El Ayuntamiento se queda con aquellos réditos y eliminan del espacio público a sus principales promotores aduciendo que chocan con la conciencia ética y la ejemplaridad.
