Hace muchos años, no recuerdo la fecha exacta, pero debió ser a mediados o finales de los años ochenta del pasado siglo, presencié la vista oral de un pleito sobre un accidente marítimo en el que el abogado de una de las partes litigantes presentó una reconstrucción virtual del suceso. Me quedé impresionado. Era la primera vez que veía en pantalla dos buques en movimiento que finalmente, si mal no recuerdo, acabaron colisionando. El abogado autor de aquella innovación era un joven bien plantado que hablaba con soltura y con solvencia. Se llamaba Eduardo Albors.
Ha llovido mucho desde entonces y he tenido la fortuna de encontrar al abogado Eduardo Albors en numerosas ocasiones, jornadas técnicas, congresos, reuniones o festejos marítimos de variado tipo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, especialidad en Derecho marítimo por la Universidad Complutense de Madrid (1980), y diplomado en Derecho comunitario por el Centro de Estudios Constitucionales, realizó el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerce como profesor de Derecho marítimo en el Instituto Marítimo Español y es autor de numerosos artículos relacionados con el Derecho marítimo y más en concreto con el seguro y el reaseguro. Presidió la Asociación Española de Derecho Marítimo hasta diciembre del pasado año, tras seis años en el cargo; miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo; titular del Comité Marítimo Internacional; integrante del Comité Ejecutivo del Clúster Marítimo Español, del Club Español del Arbitraje, de la International Bar Association (IBA) y de la Real Liga Naval Española. Y amigo del Museo Naval.
Eduardo Albors pertenece a esa clase de juristas amables, tolerantes y cultos, que han aprendido los límites del Derecho, la grandeza del Derecho y las servidumbres del ejercicio profesional.
Pregunta. Se habla mucho, desde hace años, de la reforma del registro canario, el REBECA. ¿Cree que habría que habría que cambiar algún aspecto del actual segundo registro español para atraer más armadores?
Respuesta. Creo que la necesidad de la reforma no se cuestiona a nivel general. Lamentablemente las condiciones de la bandera española, incluyendo el registro canario, no son competitivas. Es por ello que tenemos mucha flota controlada por armadores españoles en otros registros, incluyendo segundos registros comunitarios. La reforma proyectada, que parece no será aprobada en el curso de esta legislatura, pretendía una mayor flexibilidad para el acceso al Registro de Buques de Canarias con el fin de ganar competitividad y retener y/o propiciar el retorno de buques al registro español.
P. ¿Considera que el Comité Marítimo Internacional sigue siendo un instrumento útil para el sector marítimo?
R. Sin duda alguna. El CMI es hoy el más importante think tank no gubernamental que se dedica a auspiciar y promover la uniformidad del Derecho marítimo. Es cierto que perdió el carácter de promotor directo cuando Naciones Unidas, a través de OMI, UNCTAD y UNCITRAL, asumió este papel, a mediados del siglo XX, pero no lo es menos que no se ha promulgado convenio internacional marítimo alguno en el que el CMI no haya participado directamente en su producción. La aportación más reciente es el convenio sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado año, pendiente de firma, y que obedece al impulso de un proyecto inicial del CMI.
P. ¿Hacia dónde va el Derecho marítimo en la perspectiva de los buques autónomos?
R. La tecnología siempre va por delante del Derecho. Los buques autónomos, con distintos tipos de autonomía, acabarán imponiéndose en determinados tráficos si el mercado lo permite en función de parámetros como eficiencia, reducción de costes, seguridad, etc. Esto obligará a modificar prácticas y normas legales para adaptarlas a las nuevas circunstancias. No creo que la implantación de los buques autónomos dependa en gran medida del posicionamiento de los aseguradores, como opinan sectores autorizados. En mi opinión los aseguradores serán flexibles y prestarán las coberturas que correspondan llegado el momento.
P. ¿Qué perspectivas tiene la Asociación Española de Derecho Marítimo?
R. La AEDM está atravesando buenos tiempos. Cuenta con una membresía muy involucrada, exigente y muy bien preparada, y con una gobernanza muy comprometida. Hay muchos proyectos sobre la mesa, aparte de los congresos anuales, de las jornadas que se organizan habitualmente y de las publicaciones. Se ha restablecido la colaboración de la AEDM con el CMI y ahora tenemos un relevante número de asociados acudiendo a sus eventos, y formando parte de los grupos de trabajo, respondiendo a sus cuestionarios y colaborando en las diferentes materias en curso. La nueva presidencia tiene trazada una ambiciosa hoja de ruta, así que no albergo muchas dudas de que esta etapa será un éxito.
«Es urgente y necesario resolver los problemas de la justicia»
P. La Dirección General de Marina Mercante está estudiando cambios en la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante y en la Ley general de navegación. ¿Cuáles serían a su juicio los cambios más urgentes y necesarios?
R. Lamentablemente parece que la reforma proyectada y auspiciada por la DGMM no verá la luz en el curso de esta legislatura. Y es una verdadera pena porque incluye novedades relevantes tanto en lo relativo a la Ley de Puertos como en lo relativo a la Ley de Navegación Marítima que sería necesario implementar. El registro de buques de Canarias, la creación de un registro en Melilla para los buques y embarcaciones de recreo; una más ambiciosa y flexible regulación de la náutica de recreo, la creación de determinados privilegios marítimos sobre el buque, la adaptación del régimen del abordaje en relación con los daños a terceros, la nueva formulación de la fianza para la obtención del embargo de un buque, la extinción del arrendamiento del buque en caso de venta forzosa, y muchos otros son temas que la reforma ha puesto sobre la mesa. Pero mucho me temo que habrá que esperar a una próxima legislatura. Desde la AEDM, por el momento, nos conformaríamos con que el Gobierno fuese capaz, si no de resolver totalmente, de reducir al máximo los problemas que viene desde tiempo afrontando nuestra Justicia. Este es un tema extremadamente urgente y necesario.
P. El último congreso marítimo, celebrado recientemente en Madrid, reivindicó de nuevo un cambio administrativo para reunir las competencias marítimas en un único organismo. ¿Cuál es su opinión?
R. En España la mar genera poco interés político, lo cual es preocupante si tenemos en cuenta la importancia y el peso económico del sector marítimo en términos directos e indirectos, así como nuestro extenso litoral. Es difícil agrupar las competencias ya que el impacto de la mar está presente en distintos departamentos de la Administración central y autonómica. Pero sería muy conveniente dotar al Estado de una Administración marítima mucho más potente que la actual, con mayor presupuesto y autonomía, capaz de interconectar a todo el sector marítimo, y sin tanta dependencia partidista. Desde distintos sectores esta es una reivindicación casi secular, pero que no acaba de penetrar en el mundo de lo políticamente conveniente. En todo caso, debemos felicitarnos por el éxito de la representación española en la OMI, que actualmente ostenta la presidencia de su Consejo.
NOTA DEL EDITOR. La foto de portada muestra a Eduardo Albors en una sala de la Liga Naval el 24 de mayo de 2019
