Un punto final a un proceso demasiado largo y gestionado de la forma más bochornosa posible, puesto en marcha en 2014 por el ministro del Partido Popular (PP), Íñigo de la Serna, hace ya ocho años”. Con estas declaraciones, ha definido el coordinador general de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, los efectos que tendrá la firma del V Acuerdo Marco entre la patronal Anesco y la propia Coordinadora, sindicato mayoritario en el sector de la estiba, previsto para mañana. En el marco de la Asamblea Confederal de la entidad, celebrada ayer y hoy en Las Palmas ante más de 200 delegados procedentes de toda España, Goya ha reconocido que el acuerdo no cuenta de momento con el aval de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). A pesar de eso, augura que “el V Acuerdo Marco supondrá un antes y un después en la estiba” tras tres reformas legales, diversas consultas a Competencia y a la Comisión Europea (CE), estudios y reuniones con diferentes ministerios. Aún así, Goya ha admitido que “sabemos que no se van a acabar los problemas y no vamos a tener la paz absoluta” en referencia a algunas entidades empresariales que ya anunciaron que iban a emprender una batalla judicial frente al acuerdo.
Goya ha precisado que el objetivo hasta finales de año es adaptar la totalidad de los convenios colectivos a los requerimientos del V Acuerdo Marco. Pese a la aceptación de que “el acuerdo garantiza estabilidad a un sector estratégico para la economía, también estamos convencidos que hay una parte que no lo acepta y va a intentar cuestionarlo de cualquier manera. Es la misma patronal que ha practicado un ejercicio de irresponsabilidad durante los últimos años”.
Para el coordinador general de Coordinadora, la firma del V Acuerdo Marco supone un convenio “sólido, trabajado y que ha atendido a todos los requerimientos e informes de Competencia”. En este sentido, Goya ha insistido en que “somos el sector más sometido al nivel de vigilancia más alto de un convenio colectivo”. Ahora, cuando previsiblemente se firme el acuerdo mañana, la pelota estará en el tejado del Ministerio de Trabajo, que decidirá si valida el convenio y accede a publicarlo y sancionarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Impacto en los CPE
Pese a las amenazas de algunas empresas, tal cómo recogió NAUCHERglobal, que han amagado con llevar al ámbito judicial el ‘proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica’, que recoge, en una disposición final, la reforma legislativa de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), e instar a las compañías a que los abandonen, Coordinadora confía en que “el acuerdo ofrezca estabilidad y garantías laborales”.
De hecho, el texto del V Acuerdo Marco, presentado durante la asamblea, ha contado con el apoyo unánime de los 29 delegados de los puertos representados en Las Palmas. El encuentro, que se ha celebrado bajo el lema ‘Somos puertos. Nuevos Tiempos’, ha estado marcado por la inminencia de la firma del convenio colectivo del sector de la estiba. Al respecto, Antolín Goya, ha vaticinado que el colectivo espera cerrar un «ciclo de conflictividad» y que empiece un “nuevo tiempo”. Goya ha destacado que esta asamblea es muy importante principalmente, “porque estamos en un momento de cambio, de iniciar una nueva etapa, como dice nuestro eslogan Nuevos Tiempos”. A ello, ha indicado que la firma del V Acuerdo marco de la estiba significa que “estamos ante un nuevo modelo normativo que nos obliga a adaptar los convenios colectivos en cada puerto y nos toca trabajar, se nos exige una mayor responsabilidad”.
Por su parte, el coordinador de la Zona Canaria y responsable de la estiba en el puerto de La Luz, Maximiliano Díaz, ha considerado que el nuevo acuerdo supone la «culminación de un proceso largo y desafiante que comenzó el 11 de diciembre de 2014 con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Un conflicto de ocho años con debates y negociaciones
El régimen de estiba quedó regulado en España a partir de 2017, cuando se intentó dar cumplimiento a la sentencia de 2014, con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenaba al Reino de España a modificar el régimen de la estiba al encontrarlo contrario al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea respecto a la movilidad de los trabajadores y a la competencia empresarial.
La sentencia del TJUE condenaba al Estado por considerar que el régimen legal en que se había gestionado durante años la estiba en los puertos españoles contravenía el artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El fallo del tribunal europeo obligaba a España a realizar una adaptación legislativa, que tuvo que ser discutida y debatida en el Congreso durante varios meses. Los estibadores se rigen en la actualidad por el IV Acuerdo Marco, suscrito el 29 de julio de 2013 por parte de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), como entidad patronal; y por las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CCOO y CIG; y, el 17 de enero de 214, era aprobado por la Dirección General de Empleo.
El IV Acuerdo Marco tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 y era prorrogable año a año si no existía denuncia. En este sentido, en este tiempo ha surgido una segunda patronal, Asoport, formada por empresas portuarias fundamentalmente que no son de la subcategoría de la descarga de contenedores ni grandes grupos multinacionales, que ha planteado denuncia a la negociación del V Acuerdo Marco ante Competencia.
Los CPE, como base mutualista
El pasado mes de noviembre, el PSOE y Unidas Podemos presentaron una enmienda conjunta al ‘Proyecto de Ley de Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica’, que aprovecharon para ‘colar’ una disposición sobre la estiba y la función de los Centros Portuarios de Empleo (CPE). Al respecto, la enmienda detalla que éstos “se han constituido voluntariamente y con respeto a la competencia efectiva entre las empresas”.
Dada esta situación, el presidente de la entidad empresarial Asoport, Joaquim Coello, reveló que las empresas que forman parte de Asoport informaron a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que proseguirán con la batalla jurídica contra la normativa. “Creemos que la enmienda choca de manera frontal contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del año 2014 sobre los principios de competencia comunitarios”.
Como Asoport considera que “no se puede obligar a establecer una organización determinada del trabajo y la pertenencia casi obligatoria a los CPE”, algunas empresas han decidido abandonar los Centros Portuarios de Empleo. En este sentido, la organización estudiará los mecanismos y los procedimientos para hacerlo posible. Los asociados han optado por esta vía al constatar que “la permanencia en los CPE no les favorece”. De hecho, Coello lamenta que como la enmienda continúa con su trámite parlamentario, “el proceso no se puede parar”.
