El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica que recoge, en una disposición final, la reforma legislativa de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), un aspecto que en los últimos tiempos ha generado una disputa entre las empresas estibadoras y los representantes de los trabajadores para determinar el papel y la vinculación laboral entre unas y otros.
En la enmienda 45 del texto, concretamente en el artículo 18, firmado por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, se añade una disposición final, en la que en el artículo se precisa que “los centros portuarios de empleo son empresas de propiedad conjunta de base mutualista, constituidas voluntariamente, con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes y con respeto de la competencia efectiva entre las empresas, para satisfacer de forma óptima la necesidad común de los socios de disponer de trabajadoras y trabajadores portuarios especializados en número y capacitación suficiente para prestar de forma eficiente el servicio portuario de manipulación de mercancías.
El mismo articulado fija que “los centros portuarios de empleo también podrán contratar la puesta a disposición de su personal con terceras empresas no socias siempre que estas sean titulares de la licencia o de la autorización correspondiente y que los socios de un centro portuario de empleo podrán contratar la prestación de los servicios de estiba y de formación de las trabajadoras y trabajadores portuarios con otros operadores”. Asimismo, establece que “podrán ser socias de los centros portuarios de empleo las empresas titulares de la licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías.
Avanzar hacia el V Acuerdo Marco
Tras la aprobación de la reforma, el coordinador de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, calificaba, en una tribuna publicada ayer por NAUCHERglobal, como “un hito que nos permite dotarnos de la seguridad jurídica y la tan ansiada estabilidad en el sector de la estiba, un derecho por el que juntos hemos luchado durante años”. Goya apelaba a que la decisión es “un paso estratégico que ahora nos va a permitir, una vez que sea publicado en el BOE, avanzar en el trabajo hacia la firma definitiva y con todas las garantías del texto del V Acuerdo Marco de la estiba y seguir los pasos para la aprobación de los convenios en cada puerto”.
En un sentido opuesto, Joaquim Coello, presidente de Asoport, entidad que representa a una parte de las empresas estibadoras, ha indicado a este medios que “a partir de ahora, enseñaremos a las empresas la hoja de ruta para separarse de los CPE, ya que la ley lo permite en un plazo de dos meses”. Al respecto, Coello cree que la mayoría de compañías abandonarán los CPE como consecuencia de la aprobación de la reforma, “ya que no tienen ninguna obligación ni ninguna ventaja”.
“Un tiro al pie del Gobierno”
El presidente de Asoport comenta que “el Gobierno en su intento de favorecer a los CPE, los ha debilitado”, dándose un tiro en el pie”. Coello critica que la reforma del Congreso de los Diputados imponga el mutualismo como forma de asociación. “El Gobierno se ha hecho un lío”, esgrime.
A pesar de que NAUCHERglobal se ha puesto en contacto con Anesco, la principal patronal del sector de la estiba, desde la entidad se ha asegurado que los órganos directivos van a valorar el contenido de la nueva reforma normativa para determinar cuáles serán los siguientes pasos en relación al futuro V Acuerdo Marco. De momento, las valoraciones de Anesco se limitan a esta puntualización.
Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) del sindicato UGT, el responsable de la estiba, Israel Ruiz, hace una valoración positiva de la nueva ley, destacando que “la normativa clarifica algunas lagunas jurídicas que dejaban las reformas por decreto de 2017 y 2019 en el ámbito de la vinculación de los trabajadores de los CPE a las empresas estibadoras”. La reforma, según Ruíz, aclara esta duda jurídica, concluyendo que las empresas estibadoras son socias de los CPE en base a una relación mutualista.
Seguridad jurídica
Ruiz considera que la reforma genera seguridad jurídica a los empleados y “abre la puerta a facilitar para concluir las negociaciones del V Acuerdo Marco”. Esta tranquilidad que señala Ruíz se centra en aclarar cuestiones que ponían en duda requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) o la propia Asoport.
El responsable sindical recela de que finalmente sean muchas las empresas estibadoras que abandonen los CPE, tal como augura Asoport. “Creemos que son amenazas y si realmente lo quisieran hacer, lo hubieran hecho con el cambio de modelo desde las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) a los Centros Portuarios de Empleo (CPE)”.
Liquidación de las tasas portuarias
En un anexo del Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, se modifica el anexo XII de Bonificaciones Portuarias, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 con la finalidad de subsanar determinados errores de omisión en los cuadros de diferentes autoridades portuarias y sus correspondientes textos al pie, porque sin dichas modificaciones no sería posible una correcta liquidación de las tasas portuarias para el ejercicio 2021.
Se trata de una modificación urgente con el objetivo de que las bonificaciones que no están recogidas en el texto actual de dicha ley entren en vigor en menor plazo posible y puedan ser aplicadas de forma inmediata, coincidiendo con el ejercicio anual, y con ello sea posible una correcta liquidación de las tasas portuarias para este ejercicio 2021.
