El año 2022 se cerró con un nuevo descenso de la cifra del registro de buques de la flota española. Así, el ejercicio finalizó con 47.787 barcos inscritos, lo que supone una caída del 11,27% respecto a los 53.857 que se contabilizaron en 2021. Los datos, extraídos de la memoria de actividades del año 2022 de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), se conocen en un momento en que se multiplican las voces que reclaman una reforma del Registro Especial de Buques de Canarias (REC) con el propósito de mejorar la competitividad de la flota. Pese a que en los últimos tiempos la propia DGMM ha actualizado la normativa del registro, las navieras, representadas por Anave, consideran que el esfuerzo no ha sido suficiente para impulsar un cambio de tendencia.
Durante la asamblea general de Anave, celebrada el pasado mes de junio, el presidente de la asociación Vicente Boluda, recordó que durante el primer semestre de 2023, siete buques, que suman 100.000 GT (toneladas de arqueo bruto) cambiaron su pabellón, radicado en España, por el de otros países de la Unión Europea (UE). Además, este año no se ha incorporado ningún barco de nueva construcción al REC. Por este motivo, Boluda instó a “llevar a cabo una reforma estructural completa del REC, que involucre a todos los ministerios de los que depende la operación de los buques con pabellón español”.
El REC, con sede en las Islas Canarias, tiene por objeto posibilitar la competitividad de las navieras españolas a través de una serie de medidas homologables a las existentes en registros similares de países miembros de la Unión Europea. La inscripción de buques en este registro precisa de una serie de requisitos, como que el barco tenga un tamaño mínimo de 100 GT, que el capitán y el primer oficial del barco tengan la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. El resto de la dotación deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo al menos en un 50%.
Cinco buques en el Registro Español
La memoria de la DGMM recoge que en 2022 se resolvieron un total de 3.759 expedientes relacionados con los procesos de abanderamiento, nuevas construcciones, inscripciones definitivas o bajas de buques y embarcaciones. Así se tramitaron y resolvieron 81 expedientes de abanderamientos de buques mercantes procedentes del extranjero y 5 en el Registro Español. En lo relativo a buques y embarcaciones de recreo se resolvieron 1.463 expedientes de abanderamiento y matriculación. Además, se inscribieron un total de 3.225 de embarcaciones de recreo de menores de 12 metros de eslora por el régimen especial establecido en artículo 8 del Real Decreto 1435/2010. En este período se abrieron 221 expedientes por inicio de construcción y otros 804 por proceso de construcción de buques.
En el ámbito de las inspecciones a buques y embarcaciones de pabellón español, las Capitanías Marítmas gestionaron en 2022 un total de 29.089 trámites en los certificados de los buques de pabellón español, un 15% más que en 2021.
Respecto a la actividad sancionadora, la Administración ha incrementado su presencia, especialmente en los casos de investigación y vigilancia de la contaminación. Durante el año pasado, inició 1.965 expedientes administrativos sancionadores (1.754 por infracciones graves y 211 por infracciones leves), lo que supone un incremento del 11% respecto a 2021, y se han resuelto 1.787, incluidos procedimientos iniciados en el 2022 y años anteriores. Asimismo, se han tramitado 94 recursos de alzada y 25 recursos contenciosoadministrativos.
Más de 6 millones en sanciones
En relación con la contaminación del medio marino producida desde buques o plataformas fijas u otras instalaciones que se encuentren en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, en el año 2022 la Dirección General de la Marina Mercante resolvió 40 procedimientos administrativos sancionadores. Se impusieron multas que oscilaron entre 2.000 y 550.000 euros. Las más comunes que se han sancionado siguen siendo: descargas ilegales de hidrocarburos procedentes de buques atracados en puerto y consumo de combustible con alto contenido en azufre por parte de los buques atracados o fondeados en puertos nacionales.
En el capítulo de las sanciones por infracciones graves, las Capitanías Marítimas han doblado su recaudación, que ha alcanzado los 6 millones de euros en 2022 frente a los 3,4 del año anterior. De estas, un 55% corresponde a la náutica de recreo.
Descenso de la plantilla
El año 2022 también se cerró con un recorte del 3% de la plantilla, que ha descendido de las 805 a las 776 personas. En la DGMM, un 90% del personal es funcionario , con una elevada cualificación profesional. De hecho, es la Dirección General del Ministerio de Transportes con más funcionarios del subgrupo Al, sobre todo procedentes del Cuerpo de Ingenieros Navales y del Cuerpo Especial Facultativo de la Marina Civil.
En los servicios centrales la plantilla asciende a 134 empleados públicos, 117 de ellos funcionarios y el resto personal laboral. En los servicios periféricos hay 642 trabajadores, 600 funcionarios y 42 personal laboral. El total de la plantilla asciende a 776 trabajadores, lo que significa que se ha producido un descenso notable de efectivos con respecto a 2021.
