La detención a finales del mes de enero del capitán del buque pesquero gallego LOITADOR ha puesto de nuevo sobre la mesa los casos de abusos y esclavitud laborales. El capitán del buque, propiedad de la empresa Profesionales Pesqueros, está acusado de trata de personas con fines de explotación laboral, a la espera de que se decida su extradición a Argentina, donde se tramita la causa. En declaraciones al diario La Voz de Galicia, el fiscal argentino Lucas Colla, encargado de la investigación asegura que “investigamos la esclavitud en el mar”.
La denuncia partió de la médica que atendió a un tripulante senegalés evacuado en el año 2017 con deshidratación e hipotermia, que la empresa achacó a debilidad por hacer el Ramadán. El caso se inicia con el desembarco de un marinero; la médica que lo atiende cursa una denuncia en función de los indicadores de vulnerabilidad que tenía esa persona, momento en el que interviene la fiscalía por si se deba una situación de trata de personas. La propia Fiscalía recoge en un comunicado que el caso se remonta a 2017, cuando un marinero del buque, un arrastrero congelador con puerto base en Vigo, fue evacuado en estado de coma por la Prefectura Naval a 135 millas marinas de puerto Deseado.
Desde NAUCHERglobal hemos consultado los detalles del caso con fuente de la International Transport Workers’ Federation (ITF), un sindicato de trabajadores del transporte. Según explican, “en junio de 2017, al enterarnos de que un tripulante había sido evacuado al hospital, intentamos averiguar lo sucedido. Hablaos con ARVI, la armadora, que alegó no saber nada del estado del tripulante ni informaron sobre las condiciones de su contratación) y con la Capitanía Marítima, a quien no le constaba que hubiera ningún tripulante senegalés a bordo de este buque de pabellón español.
Programa de protección para víctimas
Desde ITF, se solicitó información a varias autoridades, entre ellas la Guardia Costera (Prefectura Naval Argentina) y el Ministerio de Desarrollo Social. Después de una investigación, nos informaron que el tripulante había sido incluido en un programa de protección para víctimas. Además, le habían dado el alta médica y nos confirmaron que se encontraba bien y recibiendo la atención necesaria.
La ITF denuncia que, en múltiples ocasiones, este tipo de casos de esclavitud y abusos en la pesca no ocurren únicamente en Asia. El sindicato lamenta que los episodios relacionados con algunos armadores españoles no solo constituyen un delito de abuso y vulneración de derechos humanos básicos que es necesario perseguir, sino que también evidencian la falta de control por parte de las autoridades del estado del pabellón y la impunidad con la que operan ciertos armadores. Además, ITF cree que este tipo de situaciones generan un daño reputacional y crean una competencia desleal frente a aquellos que sí cumplen con las normativas.
Por esta razón, las mismas fuentes consideran que resulta crucial visibilizar estos casos y exigir que la justicia los siga hasta sus últimas consecuencias. “Debemos poner el foco en las conductas delictivas y garantizar que los verdaderos responsables sean identificados y condenados. No podemos permitir que, una vez más, se castigue únicamente al capitán mientras los armadores, que ahorran costes, eluden las leyes y tratan a los marinos como simples objetos, sigan actuando con total impunidad. Así, afirman que “no es aceptable que lamenten la falta de relevo generacional mientras perpetúan semejantes prácticas abusivas e ilegales”.
