Hace poco más de dos meses que Salvador Illa accedía al cargo de presidente de la Generalitat de Catalunya. Entre las carpetas que se le acumulan en su extensa cartera de competencias, se encuentra la designación, a través de su consellera de Territorio, Sílvia Paneque, de los presidentes de los puertos de interés general, que dependen del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE). En el caso catalán, los puertos de Barcelona y Tarragona. Ambos serán nombrados después de la celebración de la 37ª edición de la Copa América de Vela, aunque en el de Tarragona, ya se ha avanzado que será Santiago Castellà, subdelegado del Gobierno en la provincia desde enero de 2023.
En un momento como el actual, resurge el debate, casi tautológico, sobre la idoneidad de que las autoridades portuarias estén presididas por perfiles técnicos e independientes. Un informe de 2021 de la organización Civio constataba que solo tres de las 28 autoridades portuarias estaban presididas por este tipo de profesionales. El resto pertenecían o estaban muy vinculados a una formación política determinada. Normalmente, a la encargada de su nombramiento. El panorama parece que no ha cambiado demasiado en los últimos tres años.
La presidencia de una Autoridad Portuaria (AP), organismo que administra, gestiona y explota puertos de competencia estatal, supone un buen cargo público con un sueldo superior en la mayoría de los casos al del presidente del Gobierno. Suelen ser las comunidades autónomas las que los designan, ateniendo la mayoría de veces al carnet del partido. El único requisito legal para los nominados es que sean “personas de reconocida competencia profesional e idoneidad”. Un concepto con una interpretación difusa y, en todo caso, esta corresponde al encargado de la designación. El nombramiento finalmente suele responder a criterios subjetivos, primando la lealtad política sin necesidad de tener en cuenta la profesionalidad o la experiencia en la gestión de infraestructuras y el principio de interés general.
Volviendo al caso catalán, fuentes cercanas al puerto de Barcelona, en plena espiral de especulaciones sobre el nuevo presidente o presidenta de la entidad, rogaban para que la Administración nombrara a alguien “con cara y ojos”. A esta afirmación, solo me queda añadir que, ya que nos vemos obligados a tener que aceptar que el cargo esté sujeto a una filiación política determinada, concretamente del partido que gobierna la institución que lo designa, al menos que tenga conocimientos técnicos, capacidad estratégica, pasión por el sector marítimo y una mínima experiencia en la gestión, más allá de la política.
Después de que el actual presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, anunciara hace pocos días en una entrevista radiofónica que abandonaría el cargo tras finalizar la Copa América de Vela, es una buena ocasión para recordar que la comunidad portuaria de la entidad que preside, además de ser la empresa pública más importante de Catalunya, con más de 40.000 trabajadores en más de 500 empresas, aporta un 5% del PIB y casi un 6% de la ocupación total. Son solo algunos datos para entender la importancia económica, laboral y social del puerto.
El puerto de Barcelona es una de aquellas infraestructuras básicas para el territorio que se podría considerar como un pilar, o en términos políticos, una estructura de Estado. Retomando el mensaje de Salvador Illa en su discurso de investidura, en el que apostaba por reforzar los servicios públicos y la transformación verde, en estos propósitos, el puerto de Barcelona tiene mucho que decir y decidir.
Echando todavía más la vista atrás, como sucedía en la antigua Grecia, el sistema político contemplaba que las polis estaban integradas por la ciudad amurallada, los campos de cultivo y el pastoreo. Mientras, los puertos la comunicaban con el exterior. Una función que deben seguir cumpliendo estas infraestructuras, a ser posible, pilotadas por un capitán habituado y experimentado a los entresijos de la gestión marítima.
