Hace pocos días, las empresas estibadoras y los sindicatos del puerto de Almería firmaron la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE), por lo que la entidad desaparecerá, recuperando el debate sobre la función de estas sociedades, creadas con el propósito de facilitar la cesión temporal de trabajadores a las firmas dedicadas a la manipulación de mercancías. Pese a que la ley 4/2022, de carácter estatal, permite la libertad a las empresas de abandonar los CPE, en los último tres años solo se han producido dos casos: el reciente de Almería y el del puerto de Vigo.
Aunque la decisión de Almería puede representar que otros puertos hagan el mismo movimiento, abriendo la puerta a la disolución de otros CPE, conllevando una nueva vuelta de tuerca en las relaciones laborales de la estiba en España, existe una cierta división en función de las dársenas. Mientras algunas, como Castellón, Huelva, Melilla, Avilés o Sagunto, estarían dispuestas a prescindir de estas sociedades, os grandes puertos como Algeciras, Valencia o Barcelona, Las Palmas o Tenerife no parecen dispuestos a tomar esta decisión.
Los CPE se crearon el año 2017 como respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que desestimaba las antiguas Sociedades para la Gestión del Personal Portuario (Sagep). El organismo comunitario consideró en 2014 que el sistema de estiba en España vulneraba el derecho fundamental a la libre circulación de empresas y trabajadores, por lo que no se podía obligar a las empresas a formar parte de una Sagep.
Dificultades para salir
Pese a la libertad de las empresas, avalada por la ley, para abandonar los CPE, Joaquim Coello, presidente de la asociación de empresas estibadoras, Asoport, argumenta que “estas no se han ido se sienten amenazadas y coaccionadas para salir de los Centros Portuarios de Empleo”. Desde Asoport, Coello cree que la actual regulación no facilita la libre competencia y además afecta a las operaciones de las firmas estibadoras, “obligadas a mantenerse en estructuras con las que no comulgan, pero a las que se ven interpeladas a escoger entre lo malo y lo peor”.
Desde NAUCHERglobal se ha solicitado la valoración del sindicato de la estiba Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar (CETM) y de la patronal Anesco. Ambos han declinado realizar declaraciones ni valorar las posibles consecuencias e impactos derivados del acuerdo formalizado en el puerto de Almería.
Mientras, Coello espera que el Tribunal Supremo ratifique una sentencia previa de la Audiencia Nacional de 2021, que calificaba de “sistema monopolístico de la mano de obra” las formas de contratación de la estiba en el contexto del IV Acuerdo Marco. En 2022, momento que se aprobó el V Acuerdo Marco, Asoport volvió a ofrecer batalla jurídica, arguyendo que el texto resuelva algunas cuestiones vinculadas a la organización del trabajo, la formación, la subrogación, el salario o la reglamentación. Así, Asoport recuerda que las alegaciones que efectuaron para el IV Acuerdo Marco se pueden trasponer al actual, mientras las conclusiones son diferentes. Coello matiza que la única modificación legislativa al respecto ha sido la mutualización de los CPE, derivada del V Acuerdo Marco.
