CCOO y UGT han mostrado su rechazo frontal a cualquier intento de permitir la entrada de empresas extranjeras en los servicios portuarios españoles si ello implica cuestionar la actual reserva de pabellón nacional para los buques de remolque y amarre. Los sindicatos han trasladado esta posición a la directora general de Marina Mercante, Ana Núñez, durante una reunión celebrada esta semana. En el encuentro, han advertido de que convocarán movilizaciones en aquellos puertos donde se pretenda autorizar la prestación de estos servicios con embarcaciones abanderadas en otros países.
La polémica surge después de que la Comisión Europea solicitara el pasado mes de enero al Gobierno español que presentara, en un plazo de dos meses, sus alegaciones sobre la exigencia de bandera española a los remolcadores que operan en los puertos del país. España comunicó a Bruselas en febrero de 2019, tras la entrada en vigor del Reglamento europeo de servicios portuarios, que mantendría la obligación de que estas embarcaciones estuvieran registradas bajo pabellón español. El objetivo, según defendió entonces el Ejecutivo, era garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales por parte de las empresas armadoras.
Según han explicado los sindicatos, la Comisión Europea ha actuado tras recibir la denuncia de una empresa alemana de remolcadores interesada en operar en un puerto español. La compañía sostiene que la normativa española vulnera el Derecho comunitario al imponer restricciones incompatibles con la libre prestación de servicios. Bruselas considera que el cumplimiento de la legislación laboral puede garantizarse mediante otros mecanismos previstos en el artículo 4.2.g del Reglamento de servicios portuarios, por lo que entiende que exigir bandera nacional resulta incompatible con la normativa europea.
Interpretación jurídica
Sin embargo, la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte (ETF), de la que forman parte CCOO y UGT, discrepa de esta interpretación. Las organizaciones sindicales consideran que eliminar la reserva de pabellón supondría “un ataque directo” a la seguridad marítima y a las condiciones laborales de los trabajadores del remolque y amarre portuario. “Cualquier intento de introducir banderas de otros Estados en nuestros puertos conllevará movilizaciones”, han advertido ambos sindicatos al término de la reunión.
Además de esta cuestión, CCOO y UGT han trasladado a la directora general otros problemas que afectan al sector marítimo. Entre ellos, las dificultades de los estudiantes de Marina Civil para realizar prácticas a bordo de buques de la marina mercante, pese al convenio existente entre la Dirección General de Marina Mercante y la Asociación de Navieros Españoles. Los sindicatos han reclamado una mayor transparencia y participación en ese acuerdo, así como su ampliación a navieras no integradas en Anave. También han pedido soluciones para facilitar a estos estudiantes la realización de las pruebas de idoneidad necesarias para obtener las tarjetas profesionales que les permiten ejercer la profesión.
