La Autoridad Portuaria de Gijón ha defendido la legalidad, transparencia y rigor técnico de sus procedimientos de contratación ante las manifestaciones realizadas por Izquierda Unida en referencia al procedimiento de contratación del mantenimiento del sistema de vigilancia. La Autoridad Portuaria de Gijón ha querido dejar claro que: actúa siempre con pleno sometimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, a la normativa estatal y europea aplicable y a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación.
La Autoridad Portuaria quiere subrayar que todos los licitadores que participan en sus procedimientos deben cumplir los requisitos legales exigidos para contratar con el sector público. Si una empresa concurre válidamente a una licitación, no está incursa en prohibición de contratar y acredita la solvencia técnica, económica y profesional requerida, la Administración no puede excluirla arbitrariamente ni alterar el resultado de un procedimiento público por razones ajenas a los criterios establecidos en la licitación.
La Autoridad Portuaria comparte la sensibilidad social y humanitaria existente en torno al conflicto de Gaza y la necesidad de que toda actuación pública se desarrolle con respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y a las decisiones adoptadas por el Gobierno de España. Precisamente por ello, no se adoptará ninguna medida que no cuente con las garantías jurídicas necesarias. La seguridad del puerto de Gijón no puede ser utilizada como elemento de confrontación política. El Musel es una infraestructura estratégica para Asturias y para España y su protección requiere decisiones técnicas, responsables y jurídicamente sólidas.
