La tramitación parlamentaria de la nueva ley que actualiza el marco de control pesquero de España de acuerdo con la normativa de la Unión Europea ya se ha iniciado. El texto refuerza la inspección, la rendición de cuentas y la imposición de sanciones frente a la pesca ilegal, independientemente de dónde se produzca. Sin embargo, las organizaciones ecologistas advierten de que la ley no será suficiente si no aborda uno de los principales puntos ciegos del sector: la publicación de información sobre quiénes son las personas y empresas que realmente se benefician de las actividades pesqueras.
La opacidad en la propiedad de embarcaciones permite que las sanciones por pesca ilegal y otros delitos graves, como el trabajo forzoso, la trata de personas, el contrabando de drogas o el tráfico de especies protegidas, se queden en esos intermediarios y no repercutan sobre los verdaderos beneficiarios. Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, explica en nombre de las ONG: “España es un líder en la gobernanza del océano y el control pesquero, y la aprobación de esta nueva Ley de Control es una prueba de ese compromiso”, ha manifestado.
Clara Burillo, responsable de políticas oceánicas de Envieronmental Justice Foundation añade en nombre de las ONG: “La mayoría de los pescadores españoles operan de forma responsable, y una mayor transparencia protegerá su reputación y competitividad. Exigir información sobre la titularidad real es una práctica habitual en otros sectores económicos y permitirá que la pesca española se alinee con las mejores prácticas”, ha añadido Clara Burillo.
