La abogada María José Rodríguez Docampo defiende los intereses de la sociedad propietaria del PRESTIGE, Mare Shipping, la armadora domiciliada en Liberia, una empresa que ha revoloteado a lo largo y ancho del juicio como un espectro innombrable. El capitán Mangouras cargaba con todo, pues así lo decidieron los cerebros del gobierno –uno de ellos un cerebro espectacular, camello puro, el de Fernández Mesa, ex delegado de la cosa en Galicia-, cuando decidieron hundir el petrolero y colgar al capitán el cartel de cabeza de turco de sus desmanes.
La abogada ha sostenido esa representación legal con discreción y acierto, sin gestos innecesarios ni grandes palabras. Y con una sabiduría jurídica sobresaliente.
El alegato final de Rodríguez Docampo fue un ejercicio quirúrgico de precisión. Un discurso creciente, con continuas referencias a las declaraciones de imputados, peritos y testigos, y con citas documentales que demostraban con definitiva sencillez que la Administración marítima española y en concreto su director general, José Luis López Sors, incumplió las normas vigentes en la catastrófica gestión del accidente. No sólo se equivocó arrojando el buque hacia el temporal que se aproximaba, extremo éste que nadie pone en duda; lo peor, desde el punto de visto jurídico penal, fue que ignoró de forma reiterada lo previsto en el Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental, una norma específica cuyo objetivo era precisamente “establecer las líneas básicas de actuación que han de observarse en aquellos supuestos en los que sobrevenga un accidente marítimo con resultado de contaminación”. O sea, el siniestro del PRESTIGE. La grotesca historia del llamado «organismo rector», un foro que nada decidía, según confesó su presidente, y donde entraban y salían todo tipo de inexpertos para oir los comentarios de López Sors y Fernández Mesa, algo parecido al camarote de los Marx, pero sin gracia, constituye un buen ejemplo del guirigay que presidió la gestión del siniestro.
No quiso la abogada recrearse en el encanallamiento del gobierno, hundido ya el PRESTIGE, para sacudirse de encima la responsabilidad. Las mentiras, los engaños, el falseamiento contumaz de la realidad, la desalmada utilización de los funcionarios más débiles y la manipulación de la prensa con argumentos tan despreciables como el patriotismo económico o la bondad de lo público frente a la malicia de lo privado. Podía la letrada haber hurgado en cualquiera de esos forúnculos, avergonzando a quienes siguen, raca raca, con el mantra del mal estado del buque, la desobediencia de Mangouras y la incompetencia de ABS. Pero no lo hizo. Con admirable finura se limitó a desgranar las pruebas de la grave imprudencia de López Sors, tal vez siguiendo instrucciones superiores, con el resultado de un buque naufragado y un daño ecológico considerable.
En un juicio donde los acusadores de los tripulantes del PRESTIGE han de acudir a los tópicos que anidan en los conceptos sonajero –lo público, el interés general, la codicia empresarial, piratas…-, abdicando de su obligación profesional, deberían saber que el derecho exige y obliga, reconforta oír a la defensora de Mare Shipping, María José Rodríguez Docampo, alegando hechos, pruebas y leyes para concluir que al PRESTIGE lo hundió la bulliciosa administración marítima española. Y que merece ser justamente condenada por ello.
