El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado el dictamen presentado por Javier Garat, secretario general de Cepesca, en el que se insta a las instituciones comunitarias a asegurar una dotación mínima y obligatoria de 6.100 millones de euros, frente a los 2.000 millones propuestos por la Comisión Europea, para la aplicación de la Política Pesquera Común durante el periodo 2028-2034. Un cifra que resulta esencial para preservar una de las pocas competencias exclusivas de la Unión Europea (UE) y evitar que el sector pesquero compita financieramente con otros intereses dentro del nuevo Fondo de Colaboración Nacional y Regional.
El dictamen subraya que la pesca debe abordarse en un capítulo específico, independiente del de agricultura, que proporcione estabilidad y certidumbre a los operadores. También señala que el apoyo público es clave para que los pescadores puedan invertir en nuevas tecnologías, mejorar la seguridad a bordo, atraer a las nuevas generaciones, avanzar en la descarbonización y mantener la competitividad frente a terceros países. El dictamen la valora la intención de la Comunidad Europea de diseñar una arquitectura financiera más sencilla y flexible, pero pide a los Estados miembros que mantengan procedimientos ágiles para las ayudas de pequeña cuantía y que garanticen la igualdad de condiciones entre regiones y segmentos de flota.
Por último se solicita también criterios homogéneos para aplicar el principio de no causar un perjuicio significativo, de modo que no se convierta en un obstáculo para la modernización. Con estas recomendaciones, el CESE pretende que el próximo marco financiero reconozca el valor estratégico de la pesca europea para la soberanía alimentaria, la cohesión de las comunidades costeras y la transición hacia un modelo productivo sostenible.
