El comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Barcelona prevé un calendario de movilizaciones con paros y huelgas. La convocatoria surge de la decisión tomada en una asamblea general de trabajadores, en la que se abordó la situación derivada de las medidas correctoras que la Autoridad Portuaria prevé presentar en relación con la masa salarial. La asamblea, celebrada el 14 de julio, reunió a más de 350 trabajadores, participación que, según el comité, representa prácticamente la totalidad de la plantilla afectada. Durante el encuentro, se informó de las consecuencias que pueden derivarse de las actuaciones impulsadas por la Autoridad Portuaria después de las observaciones incluidas en un informe de la Intervención General de Cataluña sobre la masa salarial correspondiente al ejercicio 2023.
Según el comité, el informe de la Intervención establece un plazo de un año para resolver posibles desviaciones detectadas. Sin embargo, denuncian que la Autoridad Portuaria fijó el pasado 10 de julio como fecha límite para presentar medidas correctoras, aunque todavía no se conoce la respuesta de las diferentes administraciones competentes en materia de masa salarial y de financiación del III Convenio Colectivo, entre ellas el Ministerio de Hacienda.
La representación de los trabajadores asegura que las medidas planteadas responden al cuestionamiento de un complemento retributivo que la plantilla percibe desde antes de 1998 y que consideran plenamente consolidado. Asimismo, advierte que estas propuestas podrían someterse a la aprobación del Consejo de Administración el próximo 22 de julio.
Afectación a casi 400 trabajadores
El sindicato afirma que no existe precedente alguno en el sistema portuario español de una reducción directa de las nóminas a consecuencia de un plan de acción derivado de un informe de auditoría. La aplicación de estas medidas supondría un recorte salarial que afectaría a cerca de 400 trabajadores. Ante esta situación, la asamblea acordó por unanimidad un calendario de paros y huelgas. Como primera acción, se celebrará una concentración el próximo 22 de julio, coincidiendo con la reunión del Consejo de Administración, cuando se entregará un manifiesto suscrito por la plantilla afectada.
CCOO reclama que se suspenda cualquier decisión que implique una reducción de las retribuciones hasta que todas las administraciones implicadas se pronuncien sobre el asunto. Además, sostiene que existen alternativas para corregir, en caso necesario, las posibles desviaciones de la masa salarial sin recurrir a medidas que supongan un perjuicio económico para los trabajadores.
Regularización normativa
Tras conocer la decisión, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) ha explicado que ha recibido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en el que se identifica una diferencia entre la masa salarial autorizada y la masa salarial efectivamente abonada en determinados conceptos retributivos. En este sentido, afirma que se trata de un desajuste técnico acumulado a lo largo del tiempo, vinculado a conceptos salariales pactados históricamente en el marco de las relaciones laborales de la organización, algunos de los cuales tienen su origen hace décadas. En ningún caso, insiste la APB, responde a una mala praxis por parte de la Autoridad Portuaria, sino a una situación que ahora los órganos de control requieren regularizar de acuerdo con la normativa vigente.
La APB recuerda que, una vez recibido el informe, está obligada a cumplir las indicaciones establecidas para corregir la desviación detectada. Asimismo, detalla que la dirección ha informado a la plantilla de manera transparente sobre la propuesta que será trasladada a los organismos competentes para que sea valorada. La propuesta plantea que, en lugar de aplicar íntegramente los futuros incrementos salariales que pueda aprobar el sector público, una parte de dichos incrementos se destine temporalmente a corregir la desviación detectada. Esto permitiría que los salarios siguieran aumentando, aunque a un ritmo inferior, evitando una reducción de las retribuciones actuales.
La APB precisa que mantiene abiertas todas las vías de diálogo con la representación de las personas trabajadoras y continuará trabajando para encontrar la mejor solución posible dentro del marco legal vigente.
