De su juventud tenemos noticia en NAUCHERglobal por los comentarios que hemos podido obtener de algunos funcionarios de la DGMM. De su desconocida biografía da prueba suficiente el hecho de que google, del marino Víctor Jiménez Fernández, sólo es capaz de ofrecer la resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en los puertos de Vigo y su ría y Málaga, resolución en la que aparece el ahora subdirector general como secretario del tribunal suplente que había de examinar a los aspirantes a práctico del puerto de Málaga. Nada más. Muy poco, poquísimo si tenemos en cuenta que su nuevo cargo contiene las competencias más conspicuas de Marina Mercante: la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar; el salvamento marítimo y la prevención de la contaminación; registro, abanderamiento y despacho de buques civiles; la inspección y reconocimiento de buques, incluidas la realizadas al amparo del control por el Estado del puerto; y la titulación de los profesionales de la mar.
Hay que suponer que esas competencias, por otra parte desmesuradas para una única subdirección general, exigen un responsable armado de amplia experiencia, extensos conocimientos profesionales más allá de la titulación oficial y una personalidad madura y probada. Mal negocio habría hecho el gobierno español incurriendo de nuevo en el error de seleccionar a un cargo clave en la administración marítima por afinidades personales, supersticiones compartidas, o incompetencia solapada, de modo que no pudiera hacer sombra al director general y se limitara a reírle las gracias y jalear sus ocurrencias.
Tiempo al tiempo. Entretanto sería de agradecer, por imperativo democrático, que la DGMM cumpliera con su deber de informar de las razones del nombramiento y de los mimbres del señor Jiménez Fernández para acceder al cargo. Que la DGMM no es un negocio personal de sus inquilinos, ni del señor Catalá, ni de la señora ministra de Fomento. Y ya está bien de aguantar que la maloliente “confianza política” impregne de sebo resbaloso el nombramiento de cargos técnicos que habrían de basarse exclusivamente en los méritos profesionales, culturales y personales. Al menos eso prescriben la Constitución y las leyes.
