Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los astilleros, un punto que ayer avanzó NAUCHERglobal (ver noticia relacionada). Según diversas fuentes el comisario vasco, habría mantenido un disputa por este tema con el comisario de Industria y excomisario de Transportes, el italiano Antonio Tajani, más próximo a la petición del Estado español que pedía que la devolución de la tasa se aplicara a partir del año 2011.
Sin embargo, la Comisión Europea cree que el régimen de ayudas español, puesto en marcha en marcha en el año 2002 y no notificado al ejecutivo comunitario, vulnera las normas de la Unión sobre ayudas públicas a entidades privadas, ya que representa una ventaja selectiva para los beneficiarios de éstas respecto a los rivales empresariales en otros países.
En cualquier caso, las entidades inversoras «no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros -como los astilleros- incluso mediante la aplicación de contratos existentes», ya que prima el derecho comunitario sobre los contratos entre particulares, un asunto avanzo también desde NAUCHERglobal (ver noticia adjunta).
Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó ayer una iniciativa de todos los grupos parlamentarios en defensa del sector naval aduciendo que alrededor de 90.000 empleos y 19 astilleros privados, además de navieros nacionales e internacionales y una «voluminosa» industria auxiliar corren el riesgo de desaparecer.
Para los diputados españoles, que harán llegar a Bruselas sus conclusiones, la actividad del sector de construcción naval español se ha visto diezmada por la ausencia de un mecanismo de financiación, otorgando ventaja a otros países europeos. Los parlamentarios también creen que la decisión adoptada por Bruselas puede llevar a la deslocalización de la construcción de buques hacia la región de Asia.
No obstante, según Almunia, «las agrupaciones de interés económico y sus inversores se han beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales que ahora deben restituir al Estado español. De cara al futuro, existe un régimen fiscal no selectivo aprobado por la Comisión en noviembre de 2012 que puede utilizarse, entre otros fines, para financiar al sector naval. Este régimen es plenamente compatible con las normas europeas y ofrece, por tanto, toda la seguridad jurídica necesaria a los inversores. Espero que todas las partes puedan utilizarlo cuanto antes», señaló el comisario.
Almunia también ha insistido en que Bruselas no puede determinar la cantidad que se deberá devolver, ya que la decisión corresponde a la Hacienda española. En este sentido, será el ejecutivo central el que deberá determinar cuáles son los inversores que se beneficiaron indebidamente de la tax lease.
Para el vicepresidente de la CE, «España debe recuperar las ayudas estatales de las que se han beneficiado estas empresas, con la excepción de aquellas consideradas compatibles con el mercado interior». La Comisión cree que son compatibles «las transferencias a las compañías navieras consistentes en una rebaja», es decir, la parte de las bonificaciones fiscales que hayan repercutido directamente en empresas del sector naval, excluyendo, de este modo, las AIE.
Así, el comisario de Competencia ha intentado suavizar su intervención explicando que «el sector naval español ha demostrado competitividad, capacidad de innovación y empresarial. Creo que hay demanda entre las empresas navieras y los armadores, que conocen bien la capacidad del sistema español y ahora lo que hay que hacer es buscar y convencer a los españoles, y estoy seguro de que así se va a hacer». Según Almunia «Bruselas garantiza que, sobre la base del respeto a las normas, el control que se lleve a cabo no será un obstáculo para el futuro que deseamos brillante del sector naval español».
