Podríamos preguntamos por qué un gran número de mercancías embarcadas en Asia, en tráfico por el Canal de Suez y con destino Europa, pasan de largo de nuestros puertos y continúan su singladura hacia puertos del norte de nuestro continente. Uno de los motivos es una competencia desleal de estos puertos facilitada y hasta promovida, en cierta medida, por nuestro sistema aduanero al margen de las ineficiencias creadas por la falta de accesos viarios y ferroviarios competitivos. Pero estamos a las puertas de cambios muy importantes, me refiero a que en pocas semanas culminará uno de los procesos legislativos más relevantes de los últimos años en la UE: la reforma aduanera de la Unión, que comprende un nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU) y la modificación de la Directiva de IVA, que tendrán una amplia repercusión en el comercio internacional.
El proceso se inició en el año 2020, con la publicación de un informe elaborado por un grupo de expertos liderado por la exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. El informe es, sin duda, una reflexión interesante, novedosa e incluso rupturista, planteando un futuro en el comercio muy diferente a lo que vivimos en la actualidad. Permítanme añadir, sin embargo, que el mismo tenía una gran carencia y es que obviaba la enorme complejidad que entraña la operativa aduanera. Todo lo relativo a la aduana es una de las cuestiones más importantes, si no la más, en el comercio internacional (bien podemos verlo ahora con los 19 paquetes de sanciones de la UE a Rusia o la guerra arancelaria). Por ello, algunas de las propuestas son poco más que un brindis al sol, nuevos intentos de incrementar la recaudación del monstruo (es decir, de Hacienda).
Sobre la base de este informe, la Comisión Europea empezó a elaborar la nueva versión de los textos legislativos (me centraré, especialmente, en el CAU, que es el que contiene medidas de mayor calado) y, de hecho, se publicó una nota de prensa en la que se anunciaba -cito textualmente- “la reforma más ambiciosa y exhaustiva de la Unión Aduanera de la UE desde su creación en 1968”, todo ello con el objetivo de logar una aduana más sencilla, inteligente, segura y unificada.
Sin consulta pública previa
¡Pero, error!, la norma se tramitó por un procedimiento de urgencia en el que se careció de la consulta pública previa. Uno se pregunta el motivo de tanta prisa, cuando aún a día de hoy estamos implementando los sistemas informáticos del código aduanero vigente, que data del año 2013. Siendo mal pensado, podría pensar que se trata de poner en marcha, cuanto antes las nuevas fórmulas recaudación de tributos (eliminando la franquicia de los productos de bajo valor e imponiendo nuevas tasas). Pero si esta es la intención, los legisladores cometen un doble error: no solo se trata de que las prisas son malas consejeras, sino que también el hecho de cargar de impuestos y burocracia a los operadores europeos (como el EUDR, ETS, CBAM y una larga lista) solo causará un desvío de tráficos a puertos competidores de fuera de la UE.
Una vez que salió a la luz esta primera versión del CAU, tuvimos que dedicar un gran esfuerzo a pelear cuestiones que parecían superadas y que suponían un enorme obstáculo a la operativa diaria de transitarios y representantes aduaneros. Por poner un ejemplo, la reducción el plazo en el que la mercancía puede estar en un Almacén de Depósito Temporal de 90 a tres días, teniendo en cuenta que, en una enorme cantidad de casos, los trámites aduaneros se extienden mucho más allá de esos tres días).
Uno de los ámbitos en los que se plantean más cambios es el del e-commerce, pues se establece un nuevo régimen basado en la entrada de un nuevo actor: la plataforma de venta, con el fin de hacer la vida más fácil a los consumidores. Tiene todo el sentido.
El Operador Económico Autorizado
No pretendo en este texto realizar un examen exhaustivo, pero sí creo conveniente plasmar algunas reflexiones. Existe, desde hace poco tiempo, en el mundo aduanero la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), que es, básicamente, un operador de confianza de la Administración, sometido a menos controles precisamente por esa confianza certificada de la que goza. Lógicamente, para gozar de esa confianza, las empresas transitarias hemos tenido que implementar unas medidas muy estrictas y costosas, que hemos de auditar periódicamente. Pues bien, recientemente, el Tribunal de Cuentas de la UE, y como habíamos advertido desde Feteia, ha denunciado con toda la razón que no se le ha sacado todo el partido a esta figura, pues los contras (costes económicos) superan en mucho a las ventajas reales, aparte de que cada Estado miembro gestiona esta figura de manera diferente, reforzando una nueva competencia desleal entre las aduanas. La sensación dentro del sector logístico-aduanero es de oportunidad perdida. Si las aduanas europeas no funcionarán con un sistema único volveremos a una gestión aduanera ineficaz, descoordinada e ineficiente.
En un alarde de desconocimiento de la realidad, se ha propuesto la creación de, otra vez, una nueva figura llamada ‘Trust & Check’, que sería un operador de ‘superconfianza’ de la Administración. La gran ventaja es que este operador no realizaría una declaración aduanera como tal, sino apuntes que iría comunicando a la aduana, por lo que el paso de la mercancía por la aduana sería mucho más rápido. Fantástico… pero lo que no se ha tenido en cuenta es que, aparte de la aduana, en una importación intervienen muchas otras autoridades (Comercio, Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica…). Estas autoridades, lógicamente, realizarán los controles que estimen pertinentes, por lo que en buena medida esta facilitación podría quedarse en nada. Los costes, como podrán imaginar, son mucho más elevados que en el caso del OEA, lo cual, en un mercado en el que predominan las pymes no parece la mejor idea. Por no decir que parece que la Comisión Europea ha olvidado que la práctica totalidad de declaraciones aduaneras son realizadas por nosotros, los representantes aduaneros y transitarios asociados a Feteia y se nos quiere obligar a seguir siendo responsables de las deudas de nuestros clientes. Permítanme la ironía, una magnífica idea que ahogará aún más a nuestras pymes.
Es como si a un abogado se le impusiera pagar los impuestos y multas de sus clientes si estos no cumplen con sus obligaciones. El legislador trata al representante aduanero como un representante fiscal (el banco garante de su cliente) en lugar de usar la representación voluntaria, en la que actuaría como asesor y experto independiente, pero sin tener que pagar las deudas de su cliente.
Centro de Datos de la Unión
Una medida que podría ayudar en la realización de controles eficientes es la creación del Centro de Datos de la Unión, un sistema informático único para las autoridades y Estados, de modo que la información fluirá y se compartirá mucho mejor. El problema es que, hasta ahora, estos proyectos de sistemas transnacionales están dando muchos problemas, con caídas periódicas, que bloquean los trámites aduaneros. Si esto ocurre aquí, estaríamos bloqueando el comercio internacional de la Unión y el statu quo de los puertos del norte y el sur de Europa se mantendría, dejando a los primeros como lideres del comercio internacional.
Apostamos firmemente por la creación de una única Autoridad Aduanera de la Unión. Pensamos que para conseguir un mercado único necesitamos reglas iguales para todos los operadores, por lo que siempre hemos creído que debe existir un órgano coordinador que establezca un criterio único para toda la Unión. Pero en los documentos que estamos viendo, no se prevé el establecimiento de un régimen sancionador común. Cualquier empresa, cualquier operador, puede plantearse el traslado a otra jurisdicción en función de las sanciones a las que estaría sometido. Hemos pasado, por tanto, de un arbitraje en función de cómo se aplica la norma a otro en función de cómo nos sancionarán.
Parece, en definitiva, que se pretenden crear dos divisiones, una con importantes ventajas aparentes (tiempo habrá para ver si son o no reales) y otra en la que se darán pasos atrás, eliminando simplificaciones. En esta segunda se situarán, como mínimo, un 80% de los importadores y exportadores, pymes que configuran una red de servicios y que crean decenas de miles de puestos de trabajo.
Lamentablemente, esta situación no es una sorpresa, dado que en los últimos años estamos viendo una vez tras otras normas que generan una enorme cantidad de problemas y burocracia, siendo de difícil o imposible cumplimiento (de hecho, la propia UE está publicando, continuamente, enmiendas para ‘aligerar’ las obligaciones impuestas). Nuestra opinión sobre esta propuesta de reforma aduanera no es positiva. Creemos que se está perdiendo una oportunidad histórica para, de verdad, simplificar y mejorar las aduanas de la Unión y establecer un sistema armónico que facilite la competencia entre puertos y plataformas basadas un mejor servicio a nuestros clientes y a los que consumidores en general .
Sólo la fuerza de las organizaciones patronales, como Feteia, nos asegura que en un tema tan nuclear como este, lleguemos a buen puerto.
Enric Ticó
Presidente de Feteia-Oltra
