Tan solo nueve de las 28 autoridades portuarias que forman parte del sistema del Organismo Público de Puertos del Estado (OPPE) supera el índice de rentabilidad del 2,5%, establecido por ley para considerar que las cuentas de un puerto resultan viables. De hecho, los datos extraídos de Puertos del Estado, que hacen referencia al año 2019, concluyen que la media de las 28 autoridades portuarias españolas se sitúa en el 2,38%, por debajo de este valor.
Los puertos que cumplen con este requisito (ver cuadro adjunto) son: Cartagena (8,37%), Baleares (6,93%), Las Palmas (6,61%), Castellón (4,84%), Algeciras (3,36%), Avilés (3,08%), Barcelona (2,95%), Huelva (2,78%) y Valencia (2,53). El resto se sitúa por debajo de este valor e incluso hay tres (Vilagarcía, Ceuta y Melilla), que presentan una rentabilidad negativa.
La rentabilidad es uno de los factores que fija Puertos del Estado para facilitar la reducción de las tasas portuarias, una de las demandas de las autoridades portuarias para hacer frente a la caída de la actividad por la crisis de la Covid-19. Junto a la rentabilidad, el organismo público determina otros elementos, como el impacto sobre la actividad o los tipos de concesión o autorización.
En 2019, los puertos españoles ingresaron 286 millones por las tasas de ocupación, lo que supone una cuarta parte de su recaudación.
Mecanismo para medir la rentabilidad
Durante el periodo anterior a la crisis económica que se inició en 2008, la rentabilidad sobre fondos propios de los puertos españoles llegó a alcanzar el 5%. En el documento del Marco Estratégico de Puertos del Estado, aprobado a finales de julio en un encuentro en Santander, se asegura que “las Autoridades Portuarias perciben unos ingresos por aplicación de tasas cuyos importes, junto con los posibles recursos adicionales, les han de permitir cumplir con el principio
de autosuficiencia económica de cada una, así como lograr un objetivo de rentabilidad anual que, para el conjunto del sistema, se fija en el 2,5%”.
Entren los objetivos de futuro de Puertos del Estado, se encuentra la implantación de un mecanismo de evaluación de la rentabilidad o análisis para las 28 autoridades portuarias en el horizonte de 2025.
Freno a las inversiones
En una intervención anterior a la aprobación del documento, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, lamentó que el exceso de burocracia frene las inversiones previstas por las Autoridades Portuarias. En este sentido, recordó que en 2019 solo ejecutó un 40% de las partidas presupuestadas por las trabas administrativas. En la misma línea, alertó que los puertos en régimen de concesión solo han podido ejecutar un 45% de sus inversiones previstas.