Finalmente, el Gobierno español ha aprobado el anteproyecto de ley para crear un organismo de investigación de accidentes de transportes que reunirá a las tres comisiones que hoy existen: la Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil (Ciaiac); la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos (Ciaim); y la Comisión de investigación de accidentes ferroviarios (Ciaf). El nuevo organismo, de acuerdo con el texto aprobado por el Gobierno se llamará Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los modos de transporte, o sea la AAIITA.
Los diferentes organismos de investigación de accidentes marítimos existentes en el mundo pueden clasificarse en dos tipos: los que investigan sólo los accidentes ocurridos en la mar y en los barcos; y aquellos que tienen atribuida la competencia investigadora en todos los modos de transporte, aéreo, marítimo y terrestre. Ejemplos, entre otros, del primer modelo son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Grecia. Ejemplos del segundo modelo son Canadá, Holanda, Suecia y Nueva Zelanda. El caso de los Estados Unidos de América resulta especial pues tanto el Coast Guard (USCG) como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB por las siglas en inglés), tienen competencias en la investigación de siniestros marítimos, situación que han resuelto a medias con la firma entre ambos de un Memorandum of Understanding que impida al menos investigaciones paralelas o recurrentes. En España, como saben los lectores, habíamos optado por el modelo de una agencia para cada modo de transporte.
¿Por qué este Gobierno ha puesto en marcha el cambio de modelo? Sabemos que, salvo excepciones, los implicados no abrigan muchas ilusiones sobre la nueva Autoridad Administrativa. La exposición de motivos del anteproyecto de ley invoca “el objetivo de reforzar la independencia de la estructura administrativa dedicada a la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transporte, sumando a la independencia funcional ya establecida en la normativa precedente, la orgánica frente a la Administración General del Estado”, una justificación insustancial si tenemos en cuenta la invasión permanente del Gobierno en la Administración, poniendo ésta en las manos de amigos y consocios, y su colusión con el poder legislativo.
El nuevo organismo de investigación de accidentes diseñado en el anteproyecto prevé la creación de una comisión directiva formada por siete personas: el presidente de la Autoridad y seis consejeros, dos por cada modo de transporte. Estas siete personas, elegidas por el Gobierno a propuesta del ministro o ministra encargada de los transportes y refrendadas por la comisión “competente” del Congreso de los Diputados, tendrán la consideración de altos cargos, dedicación exclusiva, y “el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades”. Este consejo de administración gobernará un organismo con tres directores generales, uno para cada modo de transporte, y con el personal investigador pertinente, y con la ayuda de un secretario general responsable, entre otros, de los asuntos jurídicos. Serán liberados a tiempo completo y surgen dudas sobre en qué emplearán su tiempo, si bien, un suponer, tendrán trabajo orgánico en el partido del cual dependan.
Como ocurría hasta ahora en la Ciaim, el Consejo de los siete tendrá como función indelegable revisar a conveniencia los informes que redacten los investigadores de campo.
Habrá que confiar (con pocas esperanzas, ciertamente), que los nombramientos huyan del sectarismo que tanto gusta a los partidos políticos y que apliquen el mandato constitucional sobre la capacidad y el mérito de quienes hayan de dirigir el nuevo organismo. Pero, en verdad, hay poco espacio para creer pues entre las obligaciones de la paridad de géneros (dos ahora, pero es previsible que la señora Montero, de Igualdad, logre imponer al menos cuatro o cinco géneros), y el deber de recompensar a la “fiel infantería” que bate las palmas y se afana por estar a lo que ordenen los líderes, queda poco espacio para premiar el talento y apostar por el rigor y la eficacia.
En definitiva, el anteproyecto viene a cambiar el modelo de la investigación de siniestros. Que vaya a mejorar la situación actual es dudoso pues el anteproyecto tiene el aire de esas normas que crean chiringuitos para colocar a los fieles (¿y fielas?), sumisos y despreocupados, personas en fase de retirada o desgüace a la que les aseguran un buen sueldo con poco, muy poco esfuerzo. Y naturalmente en Madrid, que como se sabe es el mejor puerto de España.
