El eco mediático de la situación de los tripulantes del buque CELANOVA, un gasero de bandera española abandonado en la bahía de Manila por sus armadores, españoles honorables y dignísimos, ha conseguido mejorar en parte las duras condiciones a bordo y abrir perspectivas de solución. Sólo perspectivas, por ahora.
Siguen los problemas de suministro a bordo, aunque ahora el buque está fondeado a una milla del puerto. La pandemia del Covid-19 agrava la situación de abastecimiento, pues muchas empresas alegan que no disponen de medios, o que simplemente no pueden, abastecer al buque. La propia ITF contempla enormes problemas para seguir atendiendo a los tripulantes. Se ha restablecido la energía a bordo, que permite poner en marcha el aire acondicionado, una mejora esencial dadas las altas temperaturas y la humedad del lugar; y los tripulantes disponen de agua y provisiones de boca, aunque han de seguir soportando las bolsas de basura acumuladas, pues el remolcador que finalmente había de recogerlas alega que todavía le falta un permiso, uno más de la interminable cadena burocrática que interponen las Administraciones públicas cuando el asunto es desagradable y carece del favor político.
Todavía las basuras a bordo
La deuda hipotecaria que pesa sobre el CELANOVA, en manos de Abanca Corporación Bancaria, SA, una sociedad con sede en Betanzos (La Coruña), ha impedido hasta ahora ultimar la venta del buque, extremo éste que compromete seriamente el pago de los salarios adeudados a los trabajadores y que puede acabar con el buque achatarrado. Aunque es bien sabido que la banca tiene el alma en forma de caja de caudales blindada, no se puede descartar que Abanca se acuerde de su responsabilidad social corporativa, observe el buen resultado del primer trimestre de 2020, con 127 millones de beneficio, y decida acometer un pequeño sacrificio en forma de pérdida, atribuible por otra parte a la decisión que en su día tomaron de financiar a los muy honorables armadores del gasero, empresarios con una acrisolada e impoluta trayectoria, bien conocida en el mundo marítimo.
Por su parte, el club de P&I, American Club, entidad aseguradora con sede en Nueva York, sigue sin rematar su buena predisposición a cumplir con sus obligaciones y todavía no ha librado el dinero para pagar los cuatro meses de salario, máxima que establece el MLC (convenio de la OIT para el trabajo marítimo), y la repatriación de los marinos, a lo que se comprometieron por escrito el pasado 5 de junio. A los trabajadores se les deben ya ocho meses de salario (a algunos más), por lo que el retraso en pagar lo exigible legalmente perjudica seriamente a los tripulantes.
A todo esto, el empresario modélico, Globalgas, sigue sin decir palabra, escondidos entre el centeno. Tal vez persiguen mantener inmaculado el galáctico prestigio de sus nombres: Rodolfo Burgos Marín y Rodolfo Burgos Escudero.
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