El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Martín, ha presentado esta semana, junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al consejero de Industria, Javier López Marcano, y a numerosos representantes de los operadores y terminalistas afectados por la intrusión, los nuevos medios contratados para aumentar el control en sus instalaciones.
Entre ellos, los servicios de la empresa Integral de Vigilancia y Control para dar soporte a la policía portuaria en las labores de vigilancia o, como parte de la colaboración público-privada, el servicio de una unidad canina de detección de personas de la firma ICTS contratado por la compañía CLdN para proteger su concesión.
Martín ha destacado “el importante esfuerzo económico” que está haciendo la institución que dirige para mejorar la seguridad en la infraestructura portuaria, señalando que “son ya 3 los millones de euros invertidos en los dos últimos años para evitar la intrusión”.
Entre las medidas adoptadas se ha referido también al incremento de la altura de las vallas, la instalación de sensores y cámaras infrarrojas o los nuevos drones que sobrevuelan las instalaciones. Sin embargo, ha lamentado, “nada consigue disuadir a los intrusos” y el problema “se está disparando”, con más de 2.400 intentos registrados en 2019. Por este motivo, ha reclamado un “refuerzo” de los medios policiales que evite que el puerto de Santander “esté adquiriendo el marchamo de puerto fácil para ser sobrepasado”.
Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le solicita una mayor dotación de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia del puerto de Santander y una normativa que penalice el problema “endémico” y “muy preocupante” de la intrusión.
Según ha dicho, es necesario cubrir el vacío legal que actualmente existe en relación a las personas que “día tras día” intentan dar el salto para tratar de viajar al Reino Unido como polizones y que, con la actual legislación, únicamente pueden ser expulsados del puerto.
Para Revilla, este “fallo” del sistema pone en peligro la seguridad del puerto, daña su imagen, genera importantes perjuicios económicos a las empresas operadoras y, además, provoca “desmoralización” entre los cuerpos policiales. Concretamente, el presidente vería con buenos ojos un amparo legal que castigue esta “vulneración de las fronteras de España” con la pérdida del visado de turistas con el que entran en el país.
En la misiva dirigida a Grande-Marlaska, el jefe del Ejecutivo expone, además, el “enorme potencial” del puerto de Santander, que “está llamado a ser uno de los grandes puertos del Norte” cuando estén operativos los dos “complementos” en los que trabaja el Gobierno de Cantabria: el centro logístico de La Pasiega, que estará listo “en año y medio”, y el tren de altas prestaciones con Madrid, que llegará “con mayor prontitud”.
En este sentido, “no podemos cargarnos el potencial de este puerto, que tiene unas previsiones muy halagüeñas. Todas esas cosas de futuro pueden no servir para nada si no le quitamos la etiqueta de puerto inseguro”, ha dicho Revilla, quien, por el contrario, sí ha valorado el esfuerzo de la autoridad portuaria para atajar este problema con medios propios y una inversión de más de 3 millones de euros en los dos últimos años.
Medidas contra las intrusiones
El puerto de Santander sufre un problema de intrusión que pone en riesgo la integridad de los vehículos con destino al Reino Unido e Irlanda y de la mercancía que transportan. Tan solo en el periodo entre 2020 y 2021 se incoaron más de 1.050 expedientes sancionadores y se publicaron 687 propuestas de resolución.
La autoridad portuaria viene adoptando en los últimos años medidas para prevenir la presencia de intrusos, con inversiones dirigidas a mejorar los cerramientos, el sistema de videovigilancia y la vigilancia privada.
Concretamente, esta misma semana ha adjudicado un contrato de soporte a la vigilancia del puerto, por un importe de 288.640 euros, lo que permitirá reforzar la vigilancia nocturna con siete nuevos efectivos. También se ha aumentado el sistema de alumbrado, se han instalado inhibidores de frecuencia y se han incorporado drones a las labores de control.
Por otro lado, se han convocado 13 plazas para reforzar la plantilla de la Policía Portuaria, que se compone de 45 agentes, y se celebran reuniones periódicas con las Fuerzas de Seguridad del Estado, consignatarios, transportistas y navieras para colaborar en la solución del problema.
En total, la inversión realizada desde 2018 para garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias y evitar el intrusismo asciende a 3 millones de euros.
