De momento, Sacyr ha decidido suspender las obras, que deberían estar finalizadas en el año 2015 y que levan un retraso de aproximadamente nueve meses sobre la fecha acordada. El problema fundamental está en el coste del cemento, principal material para acometer las obras y que, el GUPC, cree que debe asumir la Autoridad Portuaria.
Sin embargo, el administrador de la entidad centroamericana, Jorge Quijano, ha rechazado cualquier asunción de sobrecostes en la radio panameña. Para Quijano “no importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”. En este sentido, la autoridad del Canal de Panamá «rechaza de manera categórica las presiones» del contratista que, según un comunicado tienen «el único propósito de forzar a la organización a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas».
Desde el GUPC, por su parte, han enviado a la Autoridad del Canal de Panamá la nota de preaviso de suspensión de los trabajos, para el próximo día 20 de enero, de acuerdo a la cláusula 16.1 de las condiciones del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas. Cabe recordar que estas esclusas, cuya construcción está al 65% aproximadamente, deben servir para unir los océanos Atlántico y Pacífico a través del canal, por donde pasan unos 17.000 buques al año, cerca del 5% del comercio mundial.
Según un comunicado del contratista a los medios internacionales, la Autoridad del Canal «ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato”. En este ámbito, cabe reseñar “la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto”. Pero, sobre todo, “ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra, algo que ocurre de manera habitual en proyectos de esta envergadura”, reza el comunicado.
El Grupo Unidos Por el Canal está conformado por Sacyr Vallehermoso, de España; Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica; y Constructora Urbana, SA (CUSA), de Panamá. El proyecto les fue adjudicado por delante de las ofertas presentadas por el consorcio español que encabezaban FCC y ACS y por el estadounidense Bechtel. Esta última empresa ya ha hecho correr en los medios de comunicación la presumible incapacidad del consorcio contratista y su oferta baja, de acuerdo con la Administración estadounidense que tenía preparados subcontratos en su propio país en caso de resultar adjudicataria.
Fuentes de la ACP han expresado, en todo casa, que confían en que el contratista «tenga la capacidad de cumplir los compromisos pactados» ya que, de no ser así, activará «los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra».
Si el conflicto continúa la última instancia a la que se debe elevar es a la de un arbitraje internacional. En cualquier caso, el retraso se debe a los controles que se hacen sobre el propio cemento por parte de los técnicos de la autoridad del Canal de Panamá.
