El 24 de septiembre del 2014 entro en vigor en España la Ley 14/2014, de 14 de julio, de Navegación Marítima (LNM). Aparte de modernizar el derecho marítimo español, por si había alguna duda, la Ley expresamente incluye a las embarcaciones de recreo dentro de este ámbito especial del derecho.
Hasta la fecha, la normativa sobre derecho marítimo en España era dispersa y el principal bloque se encontraba en el Código de Comercio de 1881. Ubicándose esta regulación el Código de Comercio, en muchas ocasiones, los jueces no la aplicaban en conflictos relacionados con embarcaciones privadas de recreo e incluso comerciales. La Ley despeja la duda que se podría suscitar respecto de la aplicación a embarcaciones menores de la institución, dentro de la cuales se incluyen la gran mayoría de las embarcaciones de recreo. Siendo la aguas españolas un importante destino para la navegación de recreo, puerto base de numerosas embarcaciones nacionales y extranjeras, así como lugar normal de contratación de bienes y servicios para estas embarcaciones, resulta de especial relevancia el tema, ya que el arresto de buques es, sin lugar a duda, una importante medida de presión para hacer efectivas deudas relacionadas con la navegación y tenencia de yates de recreo.
Reglas básicas del embargo
Establece la LNM que el embargo preventivo de buques surtos en puertos españoles se regulará por al Convenio Internacional sobre Embargo de Buques, hecho en Ginebra en 1999, lo dispuesto en la propia LNM y lo ordenado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). La competencia para obtener la medida la tienen los tribunales españolas competentes para conocen el asunto principal o aquellos con competencia territorial donde se encuentra el yate amarrado o puerto en que se espera que recale. Imaginemos por ejemplo que se trata de la reclamación de una deuda derivada de una explotación de un yate de chárter cuyo contrato está sujeto a arbitraje en Londres. El arresto se podría solicitar y obtener en España, sin perjuicio que el litigio sobre la existencia o cuantía de la deuda se ventile en Londres.
Para obtener el embargo, se debe presentar ante el juzgado competente escrito firmado por abogado, y si bien es suficiente simplemente la alegación de un crédito marítimo, es recomendable acompañar el escrito de un principio de prueba de la deuda, que puede ser una factura o albarán. La especialidad del embargo preventivo de buques es que, en contra de lo que sucede cuando se pide una medida cautelar por el trámite normal de la LEC, no es necesario acreditar la existencia apariencia de buen derecho (lo que se traduce en que no es necesario convencer a priori al juez de la probabilidad de la deuda) y el peligro por mora (no es necesario probar que si no se retiene el barco no se cobrará).
Eso sí, para adoptar la medida es necesario que el demandante deposite en el tribunal una caución que fija la Ley en un 15% de la cantidad reclamada para cubrir posibles daños y perjuicios. Adoptada la medida, que incluye necesariamente la inmovilización del yate, el deudor podrá liberar el yate depositando la cantidad reclamada, con lo que quedaría asegurado el cobro de la deuda en el caso de que el yate y la empresa propietaria desparezcan. En el ámbito de las grandes esloras, en que la propiedad de los yates es normalmente de empresas offshore, sin obtener este tipo de garantía, podemos decir que es prácticamente imposible la ejecución de una sentencia. Imagínense ejecutar una sentencia contra la empresa domiciliada en las Islas Marshall.
Créditos que permiten el embargo
El embargo preventivo procede por cualquier crédito marítimo de la larga lista del Convenio de Ginebra de 1999. En el ámbito de la navegación de recreo los créditos marítimos que más comúnmente se reclaman son aquello derivados de servicios de reparación o mantenimiento, avituallamiento de equipos y provisiones, servicios de gestión, comisiones por intermediación y deudas por amarre.
Una de la especialidades de la LNM es que prevé que cuando se trate de buques abanderados en España, que se encuentran en la jurisdicción española y que el acreedor sea español, tenga su establecimiento principal en España o sea cesionario del crédito, procederá el embargo por créditos marítimos o por cualquier otro tipo de crédito contra el deudor propietario de los buques. Sin duda se trata de algo realmente novedoso ya que una embarcación de recreo podrá ser inmovilizada alagando que el propietario es deudor de una factura por la reparación de un coche o un préstamo bancario. Por otra parte, cuando la deuda sea con relación a un barco abanderado en un Estado no miembro del Convenio sobre Embargo de buques, la ley permite en embargo del yate por cualquier tipo de crédito, marítimo o no.
Para que proceda el embargo es también necesario que el deudor sea el propietario o que ostente la posesión del yate en el momento del embargo. Es decir, si el barco se ha transmitido o el arrendatario ya hizo entrega del mismo al propietario no es posible arrestarlo. Debido a ello es que es muy importante actuar con mucha celeridad cuando se presumen dificultades para cobrar una deuda.
Procede el embargo aún en el caso de cambio de propietario del buque o entrega del mismo por el arrendatario cuando se trata de créditos marítimos privilegiados. Los créditos marítimos privilegiados vienen establecidos en el Convenio sobre Privilegios Marítimos e Hipoteca Naval, hecho en Ginebra en 1993 y entre ellos se encuentran los salarios y seguridad social debida a la tripulación y los por amarre del yate.
Hasta la entrada en vigor de la LNM, en el Código de Comercio se establecían otros créditos marítimos privilegiados hoy derogados. Es importante también destacar que incluso en caso de concurso de acreedores, los créditos derivados de créditos marítimos privilegiados pueden ser cobrados mediante la ejecución singular del yate. Es decir, no es necesario esperar toda la tramitación del procedimiento concursal.
Si finalmente se llega a la venta judicial o subasta del yate, los créditos se irán haciendo efectivos por el orden en que se han ido decretando los embargos. Es decir, cuanto antes se embargue las posibilidades se tiene de cobrar son mucho mayores. La excepción son los créditos marítimos privilegiados que se cobran siempre antes que el resto, cualquiera sea el ejecutante.
Ordenado el arresto del yate el titular o arrendatario del mismo puede oponerse a la media si considera que el crédito alegado no es un crédito marítimo o el deudor ya no es propietario o arrendatario en el momento del arresto.
Plazos del procedimiento
Presentada la oportuna petición de embargo ante el Juzgado competente, la orden de arresto se suele cursa rápidamente, al día siguiente en la mayoría de los juzgados. El embargo implica la inmovilización del barco, a no ser que el deudor deposite la cantidad reclamada. Puede el deudor también oponerse al embargo preventivo si este ha sido incorrectamente planteado. Practicado el embargo preventivo el reclamante debe presentar la demanda principal ante el Juzgado que se pidió el embargo a no ser que carezca de jurisdicción debido a que las partes hayan pactado expresamente un foro distinto.
Normalmente, aunque no esté de acuerdo con la deuda, el demandado suele depositar la cantidad reclamada en el Juzgado para poder mover el barco, con lo cual el demandante tiene la seguridad que va a cobrar aunque el deudor sea una empresa de un país remoto. Si no se deposita, siempre se tendrá la posibilidad de vender el barco en subasta.
Resolución sobre el fondo del asunto
Adoptada la medida cautelar de arresto o embargo preventivo del yate, el acreedor debe presentar la demanda en reclamación de la deuda que generó el embargo. Este es un procedimiento contradictorio y el deudor podrá discutir la existencia de la deuda o su cantidad. La ventaja que ofrece el embargo preventivo es que, si al final el deudor es sentenciado a pagar, el acreedor tiene un bien que podrá vender en pública subasta para cobrar su crédito. Puede que ser que llegar a la subasta del barco sea un proceso largo y tedioso pero al final es la única manera de cobrar la deuda cuando se trata de un deudor de posa solvencia.
* Este próximo día 23 de marzo, a las 18:30 horas y en la Facultad de Náutica de Barcelona (UPC), tiene lugar la jornada «Garantías e inspección técnica en la compra venta y reparación de embarcaciones y yates de recreo. Casos prácticos». Se ajunta programa.
Organiza la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (Delegación de Catalunya).
