Los planes de crecimiento del puerto de Tarragona, desde la óptica de su presidente, merecen el reconocimiento del esfuerzo y la ilusión incorporados en su elaboración y desarrollo. Fuera de toda duda la legitimidad de querer convertir el puerto de Tarragona en un puerto de cruceros y el propósito de desarrollar el tráfico de contenedores. Lógicas también las misiones comerciales a los centros económicos y navieros del planeta con el objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece el puerto. Y lógica, por supuesto, la ambición de crecer en aquellos tráficos tradicionales o modernos que pueden ser captados por Tarragona.
Lo mismo podríamos escribir respecto al puerto de Barcelona, al puerto de Palamós o al puerto de Vilanova, donde los respectivos gestores y equipos directivos consideran, como en Tarragona, que su obligación es ofrecer cada año mejores números, más carga movida, más pasajeros, más buques y mayor negocio.
Sería deseable, no obstante, que esos esfuerzos individuales de cada enclave portuario tuvieran un marco de referencia claro y explícito, en el ámbito de la comunidad autónoma, que evitara duplicidades, gastos repetidos y la competencia ciega entre instalaciones situadas tan cerca unas de otras que desde China, Estados Unidos, Turquía y el norte de Europa parecen el mismo puerto. Rótterdam, espejo de los puertos comerciales, posee instalaciones y terminales que distan entre sí más de cien kilómetros.
El Front Portuari Català (Frente Portuario Catalán, FPC), que en su día vino a reconocer el error de la política de competencia entre puertos defendida entonces desde la Generalitat, debería jugar un papel más activo en la coordinación deseable entre los puertos de Cataluña. La política portuaria no puede ser la suma sin más de los esfuerzos individuales de cada puerto, aún contando con que éstos sean acertados, ni parece adecuado dejar a la discreción de los directivos el alcance concreto de la cooperación.
El gobierno de Cataluña no tiene, cierto, plenas competencias en materia portuaria por lo que respecta a Barcelona y Tarragona, puertos que la ley califica de interés general, sujetos por tanto a las directrices del gobierno español a través del ente público Puertos del Estado. Pero la cesión de la gestión directiva que se consiguió en 1996, pacto del Majestic, para los dos grandes puertos del principado permite ahondar en la coordinación eficaz de ambos enclaves en materia de orientación del negocio, propuesta de inversiones y estrategias comerciales.
