Aunque esta actualización no está únicamente ligada a la situación actual de crisis financiera, el pliego de prescripciones destaca que «la variación en el marco económico general que ha experimentado España desde la redacción de la metodología de 2004, al que el sistema portuario, naturalmente, no ha sido ajeno, ha supuesto una variación significativa en algunas de las premisas que sirvieron de base a la redacción del método hace nueve años, que se han visto superadas y por tanto resulta necesario actualizar».
De este modo, la nueva metodología deberá garantizar «un esfuerzo inversor sostenible en el tiempo y compatible con los criterios de rentabilidad que la legislación vigente marca para el conjunto del sistema portuario, aspectos ambos que están directamente relacionados con la posibilidad de establecer políticas comerciales y de bonificación a determinados tráficos».
Asimismo, «es razonable pensar que, a la hora de realizar estudios de rentabilidad económico-financiera de inversiones, se puedan establecer escenarios de aplicación de bonificaciones a determinados tipos de tráficos que se puedan ver afectados en función de sus características y de su aportación a la rentabilidad del proyecto, o del puerto en su conjunto».
