La máxima prioridad del presidente de OPPE es llevar el texto al ministerio de Fomento, en pocos días, y dar conocimiento de los acuerdos que se alcancen en este petit comitè a la Comisión Europea, con el objetivo de exonerarse ante una posible huelga de los estibadores, justificando la acción en el conocimiento de las medidas que se tomen desde Bruselas. Después lo hablarían con patronal y trabajadores, en todo caso…
El requerimiento primordial pasa por cumplir con la sentencia impuesta por el Tribunal, que probablemente pueda conllevar cambios y modificaciones que no gustarán a los trabajadores. Coordinadora, principal sindicato del sector, está interesada en el diálogo con la Administración. Pero -como ya publicó NAUCHERglobal (ver información relacionada)- no están dispuestos a que hayan medidas transitorias ni mucho menos indemnizaciones.
Sobre este último punto, desde este grupo de expertos de Puertos del Estado se habría barajado una cifra de indemnización próxima a los 200 millones de euros. Una cantidad, en todo caso, difícilmente asumible para las maltrechas arcas del país.
La última idea pasaría por demorar el asunto en el tiempo, quizá hasta junio, con el objetivo de no interferir en las próximas elecciones autonómicas y locales (en mayo) y que una convocatoria de huelga del sector de la estiba no tuviese que lidiar con la época de campañas y precampañas electorales.
