Las actividades de transporte y portuarias del otro lado del Atlántico, están apostando por políticas de modernización institucional y descentralización; y también la incorporación de capital y gestión por parte de empresas privadas en la explotación y mantenimiento de puertos y terminales.
Afirmar si estas medidas son correctas es arriesgado. No obstante, lo que sí se puede considerar razonable es que es que estas políticas deben asegurar un proceso de modernización continuo y permanente a largo plazo, en aspectos tales como la mejora de infraestructuras, terminales, sistemas de acceso a los buques, vehículos y carga portuaria, de igual manera a la mejora y extensión de las redes de transporte interior: uno de los principales fallos que presentan los países de la región y que actualmente están mejorando.
No hay que olvidar –y es imprescindible instar a ello- que los puertos se adapten con rapidez a los entornos locales (urbanos, ambiental, y social), otro de los puntos débiles: copiar el modelo europeo, particularmente el español donde los puertos están integrados en el entorno urbano beneficiando de manera sostenible a la ciudad y sus habitantes, como ejemplo el puerto de Barcelona o el de Valencia.
El verdadero reto es materializar todos estos objetivos y mejoras planteadas que particularmente deben ir acompañados de la modificación y cambios en la legislación, contratos, estatutos y reglamentos acercando posturas más de carácter regional, aprovechando la experiencia internacional de la Unión Europea y de España que están respondiendo a los retos impulsados por la demanda de transporte internacional, con la aplicación de la actual política de transporte marítimo y de puertos que busca la reducción del transporte terrestre.
