La ministra de Fomento, como la mayor parte de sus antecesores en el cargo, no ha sabido transmitir a la Unión Europea las necesidades fundamentales del país y esto significará, a corto plazo, problemas, no sólo en España, sino en el conjunto de los puertos europeos. La próxima sentencia del sector de la estiba (que hasta el propio presidente de Puertos del Estado, José Llorca, cree que será contraria al modelo español) implicará paralización de las instalaciones y, desde los sindicatos internacionales, sobre todo desde IDC, ya se están preparando para el fallo de Luxemburgo.
Ana Pastor hubiera deseado que el nuevo Reglamento de Servicios Portuarios (que pretende armonizar las condiciones sobre el acceso a los servicios portuarios en todos los puertos de Europa) incluyera las operaciones de estiba. Sin embargo, no ha sido capaz de convencer a sus colegas europeos sobre esta necesidad y, sin ella, ha logrado llegar a un consenso en la primera lectura del citado Reglamento.
Según la ministra, “España apoya el establecimiento de un marco jurídico europeo que garantice la prestación de servicios de calidad y más eficientes, una vez que en nuestro país ya existe”. Servicios de calidad como los que ofrece la estiba, sin ir más lejos, cuyo sistema garantiza agilidad y premura en las operativas. Es decir, calidad y eficiencia. Es por esa razón que el Gobierno dio su beneplácito al acuerdo marco rubricado entre la patronal Anesco y los trabajadores.
Gran parte de las comunidades portuarias de España se preguntan por qué razón un sistema aprobado por el propio Gobierno no está bien visto en Europa. La rumorología apunta a que desde hace bastantes meses el Ministerio conocía que la Comisión Europea iba a impugnar el sistema español de estiba y que dieron el consentimiento al acuerdo entre patronal y sindicatos a sabiendas de que sería Bruselas –Luxemburgo en este caso- la que acabaría paralizándolo. Es una fórmula que los textos bíblicos dicen que utilizó el quinto prefecto de la provincia romana de Judea, Poncio Pilatos. De esta manera desde Nuevos Ministerios se lavarían las manos al dejar que sea la UE la que tome una decisión complicada… quieren quedar bien con los sindicatos, fundamentalmente con Coordinadora.
En palabras de la ministra, «nos hubiera gustado que [la Reglamentación] fuera algo más ambiciosa, como la que ya rige en España». La liberalización afectará a aquellos puertos de interés general que registren un tráfico de, al menos, 24 millones de toneladas anuales. Con datos del año pasado, sólo siete instalaciones españolas cumplen con este requisito: Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Tarragona y Valencia.
Estos siete enclaves serían los que, siguiendo la nueva Reglamentación, tengan que liberalizar ciertos servicios, pero el ministro francés, apoyado por sus colegas de Alemania, Holanda y el Reino Unido excluyó a la estiba de la negociación, ante la impunidad de España. En el resto de puertos del sistema, será el Gobierno de cada Estado el que tome la decisión de liberalizar o no los servicios, una dura papeleta para José Llorca.
Dentro de estos servicios sí que entrarán, por ejemplo, el remolque, el bunkering o el tratamiento de residuos y de aguas de lastre. Algo que, sin embargo en España lleva años solucionado, al menos en las mayores instalaciones del sistema portuario.
La pasividad del Ejecutivo central en esta materia deja en manos de Bruselas una decisión que, si no se remedia, acabará a corto plazo con una previsible paralización de los puertos españoles, y de muchos otros puertos europeos, cuyos trabajadores darán su apoyo a los estibadores españoles. Con la economía repuntando merced a los buenos datos de comercio exterior paralizar las instalaciones no debe ser una decisión fácil para los trabajadores ni para la patronal… pero cada cual tiene el Gobierno que desea la mayoría.
