El convenio, que entró en vigor en abril de este año, sienta la base jurídica para que los Estados remuevan, o hagan remover, los restos de naufragio que puedan afectar adversamente a la seguridad de la vida humana, las mercancías y los bienes en el mar, así como al medio marino.
Los 24 Estados contratantes representan el 58,08% del tonelaje de la marina mercante mundial.
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