Dijo el magistrado Pía que en el proceso no están todos los que son, faltan “responsables políticos y no políticos”, precisó, pero que los que están, son. Afirmó que el juicio civil paralelo que accionó el reino de España en Nueva York “perjudicó enormemente” el proceso en España. Y anticipó que emitirán una sentencia “comprensible”, asumiendo que será seguramente recurrida.
Vayamos por partes. ¿Cree de verdad el magistrado Pía que el jefe de máquinas del PRESTIGE cometió algún delito en relación con el siniestro del petrolero? La única acusación contra Argyropoulos oída en el juicio procedió del delirio del testigo Díaz Regueiro, un personaje con la vanidad hipertrofiada, la mente llena de telarañas y la autoestima viciada de origen, un ejemplo de soberbia y mediocridad, capaz de declarar que los tripulantes del buque, no sólo el jefe de máquinas, “boicotearon su misión”, y que él, un héroe, fue capaz de poner en marcha la máquina del PRESTIGE. Contra ese delirio, la verdad desnuda: el jefe y el personal de máquinas pusieron en marcha el propulsor de modo que el buque se alejó por sus propios medios.
¿Cree de verdad, señor Pía, que el capitán Mangouras tuvo alguna responsabilidad en el siniestro y en la posterior contaminación? ¿Acometió alguna maniobra imprudente, erró en alguna de sus decisiones, no procedió, acaso, como debía? Lo único oído en juicio contra el capitán del PRESTIGE fue una vaporosa cuestión sobre la maniobra de lastrado de tanques para adrizar la nave, maniobra unánimemente alabada por los profesionales que han actuado de peritos, y una más que confusa acusación de desobediencia. He escrito más de una vez que el gobierno debería explicarnos qué ha pasado con el expediente informativo que el Ministerio de Fomento abrió contra Remolcanosa por la actuación mendaz del RIA DE VIGO durante la tarde noche del día 13 de noviembre de 2002, según explicó el ministro Álvarez Cascos en el Congreso de los Diputados el día 10 de diciembre de ese mismo año. Javier Gárate, director de Sasemar en aquellos días, confesó ante el tribunal de La Coruña, que en la tarde del 13 de noviembre estuvo a punto de denunciar el contrato que Sasemar mantenía con Remolcanosa, a cuenta de la doblez del RIA DE VIGO. La inventada desobediencia del Capitán Mangouras (que en todo caso, apenas hubiera tenido consecuencias negativas en relación con el vertido), fue la forma de esconder el escándalo de corrupción de Remolcanosa. No es la primera vez.
Para desmentir el conocimiento que el capitán tenía del supuesto mal estado del buque, baste constatar que pudo abandonar tranquilamente la nave, pero decidió permanecer a bordo para salvar el buque y con él se quedaron los dos técnicos más importantes en jerarquía y conocimientos: el jefe de máquinas y el primer oficial, ambos imputados. Si el cocinero también hubiera decidido permanecer a bordo, probablemente también se hallaría en el banquillo de los acusados.
En la precipitada y absurda orden de alejar el PRESTIGE, en vez de buscarle un lugar de aguas tranquilas donde alijar su cargamento, reside el 95 por ciento de la responsabilidad de la catástrofe. El tribunal deberá, supongo, contestar a la pregunta de quién fue el responsable de esa orden. Recordará el presidente y los magistrados que le acompañan en el tribunal que tanto el acusado López Sors, como los directivos de Sasemar (Gárate, Sánchez, Uribe, Pose, Rey), el capitán marítimo de La Coruña y el mismísimo subdirector general encargado de la seguridad marítima, señor Nogueira, entre otros, declararon que la orden vino del “organismo rector”. Dejemos de lado ahora la validez legal de ese organismo ad hoc y centrémonos en una paradoja, que si nos paramos a pensar, produce escalofríos, pesadumbre e indignación. El presidente de ese “organismo rector” (lo pongo entre comillas para que el lector no lo confunda con el organismo rector previsto en los puntos 1.1.12 y 2.4.2 del Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental), el señor Fernández Mesa, a la sazón delegado del gobierno en Galicia, declaró ante el tribunal que él de barcos, navegación y accidentes marítimos no sabe ni entiende nada, y que, por tanto, el “organismo rector” que él presidía no decidió nada. Los numerosos invitados a ese “organismo”, según el testigo Fernández Mesa, iban a las reuniones con las decisiones tomadas y una vez allí se limitaban a escuchar lo que decían unos y otros, y particularmente el señor López Sors y él mismo. Por si no había quedado claro, Fernández Mesa remachaba el clavo acudiendo a la metáfora del anfitrión que acoge en su casa una tertulia de lugareños para hablar de las ferias del pueblo o del partido de fútbol del domingo, una cosa trivial. De modo que el tan cacareado “organismo rector”, fuente de las decisiones clave del siniestro según numerosos testigos principales, no era, afirma su presidente, más que una tertulia informativa que nada, absolutamente nada decidía.
Semejante declaración, que consagra la graciosísima impunidad de los políticos, permite pensar que los técnicos que intervinieron en la gestión del siniestro fueron engañados y, todavía peor, siguen en la inopia diez años después. Tampoco cabe desconocer que la ruin declaración de Fernández Mesa descarga toda la responsabilidad en el director general de Marina Mercante. Otro chivo expiatorio, éste voluntario, pues bien cierto es, como alegó su abogada, que la decisión de alejar el buque y rezar para que se hunda, ha de considerarse una decisión orgánica, del gobierno podría haber concretado, y no de una sola persona.
Faltan imputados, en efecto, magistrado. El señor Álvarez Cascos, ministro responsable de la marina mercante en noviembre de 2002, se presentó ante el tribunal para hilvanar una sandez tras otra, pura vaciedad que debería habernos ahorrado por una simple cuestión de vergüenza y educación. Dijo el ex ministro que los funcionarios eran estupendos, el director general un patriota y un ingeniero insuperable y que, en contraposición, el capitán, el naviero, el armador, la clasificadora, el seguro, el consignatario, el club de protección e indemnización, en fin, el entorno entero del buque estaba formado por codiciosos, avaros, gente desalmada, piratas y griegos, mafiosos todos. Ante ese panorama, ¿qué podía hacer él, pobre ministro? Y se quedó tan pancho. Todavía es posible encontrar en la sala donde se celebró el juicio trazas del profundo estupor que se extendió, como la peste, por todos los rincones.
Deberíamos haber escuchado a otros responsables políticos. Al delincuente Jaume Matas (condenado en firme), por ejemplo, ministro de medio ambiente, que contempló la contaminación del mar gallego como cuentan que Nerón contempló el incendio de Roma, tocando la lira y tocándose los caireles.
Voy acabando, señor Juan Luis Pía. Dijo usted a la prensa que la sentencia será aceptable y comprensible. Bien medidas sus palabras, sí señor. Precisas y meditadas. Pero, además de aceptable y comprensible, ¿será justa? ¿Respetará la verdad de los hechos probados y documentados, orillando las fantasías y delirios presentados por la fiscalía y los defensores del gobierno? ¿Tendrá el coraje de darle al actual director general de la Guardia Civil, Fernández Mesa, el trato judicial que se merece? ¿Reconocerá la inocencia del capitán Mangouras, el único actor de este drama que tuvo un comportamiento profesional intachable? ¿Desoirá el tribunal el canto de sirena de un reparto de culpas más o menos simétrico, algo parecido a lo que sentenció el tribunal que juzgó al capitán del AEGEAN SEA y al práctico de La Coruña que esperaba al buque dentro de puerto, vulnerando sus obligaciones reglamentarias?
Una confesión final, señor Pía. Creo que sí. Tampoco yo he podido sortear esa bonhomía que emite usted con sus gestos, sus palabras pausadas, su sonrisa de domador triunfante, sus intrépidas pajaritas y en general la valerosa personalidad que denota su forma de vestir la presidencia del tribunal que ha juzgado ante los ojos del mundo el naufragio del PRESTIGE.
