Cuatro son los buques involucrados en las infracciones probadas. Tres petroleros (KING EMERALD, NORDIC PASSAT y CAPE TAFT), y un portacontenedores, CAPE MAAS. De todos ellos, el Coast Guard norteamericano (USCG) disponía de pruebas fotográficas de las diferentes infracciones: descargas ilegales de mezclas oleosas de las sentinas; puenteo de los separadores de hidrocarburos mediante la utilización de “magic pipes”; y falsificación de los Libros de Registro de Hidrocarburos. A ello debe añadirse el delito de mentir a los inspectores del USCG y firmar declaraciones falsas sobre descargas de mezclas oleosas en estaciones receptoras debidamente homologadas.
Ante las abrumadoras pruebas en poder de las autoridades norteamericanas, las compañías navieras decidieron aceptar la comisión de los delitos y pactar una millonaria multa, seguramente menor de la que hubieran tenido que pagar de no haberse plegado a la justicia de los estados de New Jersey, Delaware y Northern California, sin contar las minutas millonarias de los abogados. Un cálculo aproximado revela que cada tonelada de mezcla oleosa vertida al mar le ha costado a las compañías, de capital germano, algo más de cinco mil dólares.
Las pruebas fotográficas y los videos en poder del USCG y de las autoridades judiciales estadounidenses les fueron entregadas por distintos tripulantes de los buques citados, que habían grabado las pruebas de los delitos mediante teléfonos móviles, a cambio de una recompensa de 25.000 dólares para cada uno de ellos. Naturalmente, los nombres de los delatores (whistleblowers), permanecen en secreto.
