La multinacional Mediterranean Shipping Company (MSC) “no renunciará”, pese al retraso de más de un lustro y la falta de autorización del Consejo de Ministros, a la terminal norte de contenedores del puerto de València, pero abandona sus inversiones en la ZAL. El enésimo recurso administrativo contra la urbanización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del recinto del Grao, un espacio colindante al emplazamiento marítimo construido hace algo más de dos décadas aunque pendiente todavía de entregar las parcelas adjudicadas para que las empresas construyan sus nuevas instalaciones, ha forzado a la renuncia, según ha avanzado el periódico local ‘Levante-EMV’. Con el paso atrás, MSC abandona su propósito de ejecutar en la zona sus dos proyectos de naves para almacenamiento de mercancías en contenedor en frío para congelados y productos refrigerados, así como para productos secos.
Las dos naves, de 20.000 y 39.000 metros cuadrados de superficie, respectivamente, suponían una inversión global de unos 85 millones de euros y la generación de un centenar de empleos directos. El presidente de MSC España, Francisco Lorente, asegura que la compañía, que moviliza el 55% de los contenedores que entran o salen del puerto de València (unos cinco millones de unidades cada año), está “harta de la trabas administrativas, judiciales y burocráticas contra una empresa privada que lo único que pretende es generar riqueza y empleo a la sociedad”.
Lorente, quien ha trasladado la decisión a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, se expresa así pocas semanas después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de València anuncie que estudiara la demanda del colectivo ciudadano Per l’Horta que solicita la declaración de nulidad de la reurbanización de la ZAL autorizada por el ayuntamiento de València y la recepción de las obras del sector. El suelo ocupado por la ZAL continúa siendo de especial protección agrícola, tal como han repetido en varias sentencias tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana como el Tribunal Supremo.
“Demoras eternas”
“Los grandes proyectos no se pueden demorar eternamente”, explica el máximo responsable de MSC España. La renuncia de MSC deja en el aire las inversiones previstas de otras dos empresas: las de las mercantiles Raminatrans y QA Pimba, que, no se han pronunciado al respecto. Lorente, quien no oculta el malestar de MSC por el retraso en la puesta en marcha de la zona logística, sostiene que los proyectos «no se pueden demorar eternamente». También destaca que desisten por «cansancio y agotamiento» y porque no pueden «seguir esperando». En esta línea, afirma que están trabajando «la zona del área metropolitana de València, cerca del bypass y con conexiones a la V-30», con el interés focalizado en Silla, Paterna, Manises o Riba-Roja, en una distancia de hasta 15 kilómetros del recinto del Grao. En Parc Sagunt, lo descarta.
La decisión adoptada por MSC no ha pasado desapercibida a la planta mayor de Valenciaport. Según la presidenta de Valenciaport, Mar Chao, se trata de “una decisión empresarial que esta Autoridad Portuaria respeta; y debería servir para que se tome buena nota de lo que pasa cuando se demoran los proyectos más de la cuenta”.
Disputa política entre administraciones
“Es una decisión fatídica porqué la inversión no puede estar parada y generar inseguridad jurídica”. Así se expresa el presidente de Ateia Valencia, Luis Rosa. Así, en declaraciones exclusivas a NAUCHERglobal, afirma que “esperaba más de los representantes políticos para garantizar una seguridad en la inversión, que os lo que ha alejado a MSC, que debe estar segura de cancelar el proyecto”.
Respecto a la posibilidad de frenar sus inversiones en relación a la Terminal Norte, Luis Rosa, representante de los transitarios valencianos, alerta de que “a MSC no le temblará el pulso para montar otra terminal en el Mediterráneo”. A pesar de que la naviera ha escogido Valencia por su posición estratégica y su capacidad de albergar grandes buques, Rosa considera que “la parte política no está convencida, parece que sí están de acuerdo, pero no hacen nada”. El presidente de Ateia Valencia alude a la lentitud en los trámites administrativos pese a los cambios en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat valenciana, ahora en manos del PP, en teoría más favorable a la ampliación de la Terminal Norte.
Rosa lamenta que “la paralización del Gobierno Central frene las inversiones y que la disputa política entre las administraciones frene el desarrollo económico”. El presidente de Ateia Valencia aboga por compatibilizar los intereses económicos y los usos naturales. “El dique de abrigo ya está hecho, igual que parte de la estructura de la terminal, por lo que solo queda rellenar la mitad de la infraestructura, lo que no perjudicará a las corrientes marinas”.
Judicialización del proyecto
El objetivo del desarrollo de la ZAL es potenciar la actividad del puerto de València mediante la instalación de gran número de proveedores de servicios y actividades logísticas en su entorno inmediato, fomentando así la actividad económica de la ciudad y, por su influencia, la de toda la Comunitat Valenciana. La Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos, Propeller Valencia, ha señalado que no puede ni quiere entrar a valorar la idoneidad de una decisión empresarial como la que ha llevado a la compañía MSC a buscar una alternativa para sus proyectos en la ZAL del puerto de València.
No obstante, han destacado que esta decisión «viene a confirmar los peores presagios que en los últimos meses» han estado «reiterando». «La judicialización de los proyectos y la tibieza del Gobierno en torno a las grandes infraestructuras productivas de la Comunitat Valenciana en general y del puerto de Valencia, en particular, pueden provocar el desvío de grandes inversiones y, por consiguiente, una pérdida notable de la competitividad de la economía y de nuestra capacidad para generar empleo y riqueza», ha resaltado.
En este sentido, insta al Gobierno a que «desbloquee urgentemente el proyecto de la Terminal Norte (pendiente únicamente del visto bueno del Consejo de Ministros) para no tener que lamentar la fuga de una de una inversión que supera los 1.200 millones de euros y que parece estar claramente en riesgo.
