Con pocas semanas de diferencia, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acometido una renovación en la presidencia de los cuatro puertos de interés general gallegos, los que dependen directamente de Puertos del Estado. Así, ha relevado a los presidentes de las autoridades portuarias de Vigo, A Coruña, Vilagarcía de Arousa y el de Ferrol-San Cibrao. Los nombramientos, marcados por un claro carácter político, se producen en un contexto de disputas entre el Ministerio de Transportes, dirigido por el PSOE con el ministro José Luís Ábalos, y la Xunta de Galicia del popular Núnez Feijóo, a cuenta de temas como los trámites para acelerar la conexión ferroviaria del puerto coruñés de a Langosteira o el crecimiento de las dársenas.
En el puerto de Vigo, el más importante de Galicia, el relevo de Enrique López Veiga en la presidencia lo ha cogido Jesús Vázquez Almuíña, hasta este año consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia. Licenciado en Medicina, entre 2004 y 2015 fue alcalde por el PP por Baiona, cargo que dejó para ser el responsable sanitario de la Xunta.
Ya desde el primer momento, se han dejado ver las divergencias entre el nuevo presidente del puerto de Vigo y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. El primer edil de Vigo, que ya no asistió a la toma de posesión de Vázquez Almuíña, reconoce “no estar entusiasmado” con el nombramiento y lamenta que “no llegue con los mejores avales tras su paso por Sanidad”. Caballero pone como ejemplo la gestión de la pandemia de la Covid-19 en Galicia y la sentencia del Tribunal de Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que condena al Servicio Galego de Saúde a pagar seis millones de euros por errores contables en la declaración del IVA del Hospital Álvaro Cunqueiro de la ciudad olívica. Caballero acusa a Feijóo de “premiar con cargos los disparates de gestión política”.
El líder del PP de A Coruña preside el puerto
En el caso de A Coruña, Martín Fernández Prado, doctor en Urbanismo y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, sustituye a Enrique Losada al frente del puerto coruñés. Fernández Prado fue director general de Urbanismo de la Xunta entre 2003 y 2005, diputado en el parlamento gallego entre 2016 y 2020 y actualmente es concejal en el ayuntamiento en la ciudad herculina y presidente del PP provincial desde el año 2019.
Tras asumir el cargo, Fernández Prado reclamó la llegada del ferrocarril a Langosteira y planteó la necesidad de que los coruñeses se sientan orgullosos de su puerto. En este caso, el conflicto entre el puerto de a Coruña y Puertos del Estado se encuentra en la gestión de la obra de Punta Langosteira, un megaproyecto portuario que no se ha llegado a utilizar y por la que el puerto coruñés pidió la condonación de un crédito de 200 millones de euros a Puertos del Estado, que este rechazó.
El exdelegado de la Xunta en Pontevedra, en el puerto de Vilagarcía
En Vilagarcía de Arousa, el recambio de Sagrario Franco ha sido José Manuel Cores Tourís, alcalde del municipio pontevedrés de Cambados entre 1998 y 2007. Además, ha sido senador por Pontevedra entre 2000 y 2009 y delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra. Entre los objetivos que se marca Cores Tourís, se encuentran el aumento del calado del canal portuario, la entrada a las dársenas y la reordenación interior de los espacios portuarios para ganar almacenamiento y establecer la diferenciación entre puerto comercial, industrial y ciudadano.
En la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao, el nuevo presidente es Indalecio Seijo, que sustituye a José Manuel Vilariño. Oficial de la Armada desde 1982, Seijo es ingeniero naval vinculado a la Universidad de A Coruña. En su toma de posesión, garantizó la finalización de la conexión ferroviaria de Caneliñas y potenciar la terminal de contenedores.
El conflicto entre nombramientos y gestión
Los nombramientos de la Xunta de Galicia vuelven a poner sobre la mesa la difícil convivencia entre el organismo estatal Puertos del Estado y las Comunidades Autónomas gestionadas por partidos políticos de un signo diferente a los del del gobierno central, encargadas de designar a los presidentes de los puertos. Mientras Puertos del Estado supervisa las finanzas y las líneas de actuación de las dársenas de interés general, en muchas ocasiones, las nominaciones en las presidencias y en el consejo de administración de las autoridades portuarias, realizadas por los gobiernos autonómicos, ejercen de contrapoder político. En ese contexto, las inversiones portuarias o la conexión de los accesos ferroviarios se convierten en constantes batallas políticas, alejadas de los análisis y necesidades técnicas.
