Las propuestas, elevadas en forma de conclusiones tras la reunión que Miguel Marín mantuvo este lunes, 14 de enero, con los representantes de la comunidad portuaria de Melilla, se concretan en cinco puntos, entre los que destaca el apoyo “unánime” del empresariado al proyecto de ampliación del Puerto comercial de dicha ciudad. Los empresarios asumen que dicho proyecto –actualmente en stand by tras no incluirse en la nueva previsión de Presupuestos Generales del Estado- merece la calificación de crucial “para el futuro de la actividad portuaria y para el desarrollo del conjunto de Melilla”, según expresó Miguel Marín en rueda de prensa ante los medios locales.
Como se sabe, la ampliación del puerto, dotada de una primera partida en los PGE 2018 que no ha logrado ejecutarse aún –así como de una previsión plurianual hasta cubrir los 295 millones de euros de su coste- no tiene nueva previsión presupuestaria en el actual proyecto de PGE 2019 presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Junto al punto anterior, cuatro conclusiones más conforman el total de acuerdos que hoy mismo serán remitidos, mediante escrito, a la Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, por el Presidente de la Autoridad Portuaria (AP), y de los que se irá haciendo un seguimiento en el nuevo órgano de diálogo que la AP ha previsto crear en su Plan de Empresa 2019. Un órgano que, entre tanto se trámite oficialmente, se empezará a reunir con carácter mensual, con la participación de todos los operadores del Puerto, a fin de ir analizando la evolución de la actividad portuaria y de hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados en la fructífera reunión que, en palabras de Miguel Marín, se celebró este lunes, con el objetivo principal de revertir la caída que se está registrando en el tráfico de mercancías con notorio perjuicio tanto para los empresarios como a la propia Autoridad Portuaria. En tal sentido, el Presidente de la AP quiso agradecer a los empresarios sus propuestas y su positiva actitud en la reunión de este pasado lunes.
Resto de acuerdos
En concreto, el resto de acuerdos, más allá del apoyo unánime a la ampliación del Puerto, se resumen en cuatro puntos. Así, el segundo de ellos versa sobre la necesidad de instar al Gobierno central para que “lleve a cabo una actuación más intensa” que haga posible la reapertura de la Aduana comercial entre Melilla y Marruecos, cerrada en julio pasado por decisión unilateral del vecino país, tras 60 años de vigencia y operatividad.
En tal sentido, Miguel Marín lamentó que varios meses después de dicho cierre “nadie sea capaz de decir si dicha aduana va a reabrirse”, por lo que pidió al Gobierno central que “intensifique las conversaciones con Marruecos para que se reabra lo antes posible”.
Como tercer punto, los empresarios operadores del puerto demandan a la Delegada de Gobierno que amplíe el horario operativo de tránsito de mercancías por la frontera de Barrio Chino y que favorezca la nueva zona de intercambio comercial prevista para la misma frontera mediante proyecto que ya fue redactado por la Ciudad Autónoma. En dicho contexto, agradeció la participación en la misma reunión del Consejero de Coordinación y Medio Ambiente de la CAM, Manuel Ángel Quevedo, y del Consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, y recordó que, junto a la predisposición de la Ciudad Autónoma para hacerlo posible, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy ya hizo público su compromiso de llevarlo a cabo pero “el actual –lamentó- aún no ha dicho nada” al respecto.
En cuarto lugar, los empresarios solicitan de la Delegada del Gobierno que se den instrucciones claras a Policía y Guardia Civil frente al comercio fronterizo peatonal, con el objetivo de evitar dudas y disfunciones y para que “los funcionarios de Policía y Guardia Civil sepan cómo actuar con plenas garantías”.
Finalmente, los operadores portuarios también demandan que el actual Gobierno cumpla sus compromisos de ampliar las plantillas y el número de Policías y Guardias Civiles asignados a Melilla, puesto que la falta de personal de estos cuerpos de seguridad “es una evidencia para todos”, y tanto el PSOE como la actual Delegada del Gobierno, cuando estaban en la oposición, reclamaban, “incluso en manifestaciones”, 300 policías y 300 guardias civiles más para nuestra ciudad. “Meses después –apostilló Miguel Marín- parece que se les ha olvidado”.
