“¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Suceden más a menudo de lo queremos creer y no nos enteraríamos de no ser porque algunos portuarios y los representantes de ITF nos hacen llegar la información de estos dramas.
El Coast Guard lo sabe, pero no dice ni hace nada. Las empresas que fletan el buque lo saben, los consignatarios lo saben, pero como si no. Los agentes federales sólo detienen el buque cuando hay alguna reclamación económica por medio y una vez satisfecha ésta, dejan libre el buque sin que les importe lo que pasa con la tripulación.
Se hace difícil creer que a finales de 2012, en los Estados Unidos, todavía permitimos a determinados armadores entrar en nuestras aguas y transportar cargas para nuestras empresas en auténticos barcos negreros. No hay excusa posible si tenemos en cuenta los requisitos que les pedimos para entrar en nuestros puertos por razones de seguridad y protección. No hay excusa, salvo que demos por bueno que el Coast Guard no ve un peligro real para nuestra seguridad en el hecho de que estemos usando esclavos para reemplazar a los marinos americanos.
Nos llenamos la boca de retórica sobre la libertad y la justicia, pero no movemos un dedo para detener la esclavitud en nuestros puertos. Lo único que hacemos es el trabajo sucio de arrestar el buque en beneficio de los banqueros.
Desde el momento en que el Coast Guard sube a bordo de estos buques, y comprueba que la situación a bordo, la manutención, la higiene y los camarotes están muy lejos de los mínimos reglamentarios en los Estados Unidos, y que a los tripulantes se les pagan sus salarios cuando al armador le viene bien, deberíamos detener el buque y no permitir su salida hasta resolver la situación en las próximas 48 horas. Si no cumple, la tripulación debe ser repatriada a costa del armador, del cargador o de los consignatarios. Si éstos no se encuentran o no se hacen cargo, se subasta el buque para cubrir gastros y deudas. El buque unicamente podrá ser adquirido por una empresa americana para su desguace o para navegar con la bandera de los Estados Unidos, con las condiciones laborales que rigen en nuestro país, de modod que no supusiera una competencia desleal a los armadores que cumplen con la ley”.
