Estuvo claro desde el primer día que la calidad del servicio de traducción dejaba mucho que desear. Hubo incluso diversas protestas de los abogados al tribunal e incluso la propuesta de cambiar el sistema de traducción habida cuenta que los errores perjudicaban seriamente el desarrollo de los interrogatorios, dando lugar a malentendidos y notorios errores. Además del conocimiento profundo de los idiomas respectivos, los traductores tenían que conocer el vocabulario náutico de forma que supieran, por ejemplo que el pilot inglés corresponde al práctico en español. El tribunal no aceptó las quejas y mantuvo el sistema hasta el final.
Ahora nos ha llegado a la redacción de NAUCHERglobal información de primera mano que explica los problemas de traducción del juicio. La Xunta de Galicia sacó a concurso el servicio por un precio sensiblemente inferior a las tarifas que suelen percibir los profesionales, organizados mayoritariamente en la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC), con sede en Ginebra y más de 3000 miembros en un centenar de paises, que hace la vez de colegio profesional y negocia Convenios con la ONU y las instituciones europeas. El concurso lo ganó una pequeña agencia de traducciones de Sevilla, Morote Traducciones, SL que no pudo conseguir el personal necesario por los ridículos honorarios que ofrecía, y que se vió obligada a renunciar al contrato. A título de referencia, la Unión Europea tiene una tarifa bruta de 550€ por día e intérprete, más dietas y gastos de viaje, en tanto Morote sólo podía ofrecer algo más de 200 Euros, incluidos en esa tarifa los gastos de viaje, dietas y manutención.
La Xunta de Galicia acudió entonces al segundo mejor postor, SEPROTEC, empresa adjudicataria de varios contratos de la administración española para intérpretes de enlace o intérpretes en los tribunales, pero sin experiencia en intérpretes de conferencias con traducción simultánea. SEPROTEC, además, goza de muy mala fama como empleador, como puede verse en los foros especializados de internet, llenos de denuncias y quejas relacionadas con su notoria incompetencia.
Las advertencias de la AIIC a la Xunta de Galicia, de poner en peligro la seguridad jurídica del juicio (ver documento adjunto en formato pdf), fueron desoidas.
