No obstante, en la huelga convocada este miércoles en los puertos españoles por CCOO, UGT y CIG tienen una cierta parte de razón, que no toda. La movilización de los trabajadores de las Autoridades Portuarias, en protesta por el incumplimiento de las condiciones del convenio laboral firmado con el Organismo Público Puertos del Estado y que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente del ministro de Hacienda, ha rechazado es una varapalo a las aspiraciones -fundamentalmente salariales- de los trabajadores de los puertos.
No entiendo por qué razón un convenio firmado por patronal y trabajadores a finales del pasado mes de junio, y avalado por la propia ministra de Fomento ha sido invalidado por el ministro Montoro. ¿Acaso no hay buena sintonía entre ambos ministros?
No entiendo por qué razón la citada Comisión Interministerial de Retribuciones ha tardado siete meses en emitir un informe negativo que invalida ese convenio firmado. En un comunicado conjunto, los sindicatos han asegurado que los puertos no están en déficit (según los datos que ofreció la semana pasada el presidente de los puertos, José Llorca, cerraron el año 2012 con 200 millones de euros de beneficios), y son autosuficientes a nivel económico. En este punto CCOO, UGT y CIG se cuestionan -literalmente- «¿qué hay detrás de todo esto, para que pretendan dejarnos sin convenio colectivo a los trabajadores y trabajadoras de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado?».
Ahora bien, tratándose de organismos públicos y teniendo en cuenta que Puertos del Estado arrastra una deuda cifrada en unos 2.600 millones de euros quizá también los trabajadores deberían de ser conscientes de que es época de apretarse el cinturón. Una empresa privada con este tipo de déficit habría convocado concurso de acreedores y probablemente habría desaparecido, llevándose consigo el empleo de todos sus trabajadores. Esa es la ventaja que, a mi humilde modo de ver, tienen los trabajadores de entidades públicas.
Pero todo se puede hablar y los convenios deberían ser respetados, por mucho que en el momento de su firma no se tuviera en cuenta la deuda. Ahora bien, lo que no comparto es que los propios trabajadores de una entidad pública bloqueen la actividad operativa, como ha pasado en el puerto de Valencia. Si bien es lícito reivindicar unas condiciones laborales, lo que no encuentro lógico ni admisible es que otros colectivos tengan que asumir -y sufrir- estas protestas. Pasa exactamente lo mismo cuando las huelgas son de estibadores o de transportistas y, entonces, los trabajadores públicos se han quejado con razón.
