Entre los puntos de fricción, los sindicatos firmantes manifiesta que «El presente Convenio carece de subidas sustanciales en las remuneraciones de los trabajadores/as, no reflejando ni la realidad económica del sistema portuario estatal, ni lo más importante, reconociendo el enorme esfuerzo económico realizado durante estos años por los trabajadores de Puertos del Estado y autoridades portuarias con la detracción del 5% de todos los conceptos de su salario». Además, reprenden que la pérdida estimada de poder adquisitivo de los trabajadores supera el 15% en los últimos años.
Se quejan, además, que el convenio formado confiere potestad a las autoridades portuarias para privatizar servicios sin ser necesario un informa previo al acto.
En a misiva a la presidenta del OPPE, también dejan claro que, con el objetivo de no abrir una brecha salarial por el mismo puesto, poponen el establecimiento de la clasificación profesional por grupos y no por categorías.
Otro de los puntos clave habla de un “atentado contra la libertad sindical”, por cuanto permite «únicamente formar parte de las comisiones locales a los sindicatos firmantes, independientemente de los resultados electorales».
Finalmente, los diez firmantes opinan que «la duración del convenio entendemos también que es excesivamente larga, ya que el beneficio para los trabajadores es mínimo».
En este contexto, reclaman una reunión urgente con Chacón, para abordar sus propuestas, avisando de la «inoportunidad de aprobar definitivamente este convenio, reservándonos en el caso de su aprobación la posibilidad de emprender las medidas legales oportunas, así como adoptar movilizaciones para demostrar nuestra desaprobación».
