El pasado 30 de abril, los sindicatos firmantes del III convenio colectivo de Puertos del Estado y autoridades portuarias (UGT, CCOO y CIG) “se vieron obligados” a concentrarse ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y presentaron por registro un escrito dirigido a su máximo responsable, el ministro José Luis Ábalos, donde se le solicitaba que “dejara de ponerse de perfil en este innecesario conflicto y asumiera la responsabilidad directa en el asunto, desbloqueando de una vez por todas una situación injustificada que se viene alargando en el tiempo, o no tendrían otro remedio que retomar las movilizaciones”.
Esta protesta llegaba después de que los tres sindicatos protagonizasen un encierro de 17 días en la sede del Organismo Público de Puertos del Estado (OPPE), por el “incumplimiento de los acuerdos alcanzados y ratificados formalmente, tanto el 11 de febrero como el 24 de marzo de este año, vulnerándose con ello un pilar básico en las relaciones laborales como es la negociación colectiva”.
Trascurridos más de 15 días desde la movilización del 30 de abril, “ante el silencio que hemos recibido como respuesta al escrito presentado y tras preavisar que se presentaba un escenario no deseado, las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CIG, hartas del pasotismo y la dejación de aquellos que tienen responsabilidad para resolverlo con carácter inmediato, han acordado y resuelto dar respuesta contundente a la inacción de un Gobierno, que se supone de izquierdas y que reiteradamente predica que tiene como bandera estar al lado de la clase trabajadora y de los más desfavorecidos”. Los hechos, “que en este caso afectan a todas las trabajadoras y trabajadores del sector público portuario, demuestran todo lo contrario”. Por ello, “hemos convocado movilizaciones que tendrán lugar durante el mes de junio frente al Congreso de los Diputados”.
A día de hoy continúan sin aplicarse los incrementos salariales pactados en el acuerdo Administración-sindicatos, reflejados en la normativa presupuestaria y que perciben la totalidad del resto de los empleados públicos desde hace más de un año, y mientras permanece sin aplicarse en materia retributiva el III convenio colectivo, los puertos de interés general del Estado siguen generando beneficios económicos anuales en torno a los 300 millones de euros, e incluso en el ejercicio 2020 se cifró en 123,7 millones de euros, a pesar de la crisis generada por la pandemia. Según los sindicatos, “la generosidad del Organismo Público de Puertos del Estado con terceros no tiene límites, la inversión de dinero público para el ejercicio en curso va a superar los 1.000 millones de euros, o se tiene previsto aprobar una bajada de tasas a las empresas portuarias de entre un 20% y 30%, lo que supone un menor ingreso en las arcas públicas, una generosidad que choca frontalmente con el trato que está dando a sus propios trabajadores y trabajadoras al incumplir lo pactado y firmado”, señalan.
Ante este “caótico” escenario en el ámbito de las relaciones laborales, con la inaplicación de los incrementos salariales del acuerdo administración-sindicatos. además de los que derivan del III convenio colectivo, “se da por agotado cualquier atisbo de solución en el ámbito de la negociación colectiva y se pasa a otro tipo de escenarios más circunscritos a altos niveles de intervención política, donde, desgraciadamente, a las organizaciones sindicales, UGT, CCOO y CIG, nos obligan a retomar de nuevo movilizaciones a través de concentraciones, encierros de carácter indefinido y manifestaciones a lo largo del mes de junio delante del Congreso de los Diputados, con el objeto de que tanto la ciudadanía como todos los grupos parlamentarios sepan qué tipo de responsables políticos están al frente de ciertos ministerios y se hagan eco del valor que dan a la negociación colectiva en el ámbito del sector público, exigencia de dimisiones inmediatas de aquellos incompetentes responsables públicos que incumplen reiteradamente los acuerdos ratificados formalmente, solicitud de comparecencias en el Congreso de los Diputados de los ministros de Hacienda y de Transportes para que den las explicaciones oportunas sobre qué ocurre en sus ministerios, convocatoria de paros parciales y huelgas”.
En consecuencia, “y ante la falta de confianza que han provocado los responsables políticos y los gestores de los organismos públicos portuarios”, las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CIG “van a retomar de inmediato las movilizaciones iniciadas a finales de 2020, pero con carácter indefinido, si en próximos días no se recibe respuesta satisfactoria a las legítimas demandas que por derecho corresponde al personal que compone los organismos públicos portuarios”.
